Alberto Fernández decidió que el Estado argentino rescate la estratégica firma alimenticia Vicentin, que se había declarado insolvente en diciembre, dejando deudas por casi 1500 millones de dólares con el Banco Nación y más de dos mil productores y quinientas PyMEs del sector. Mientras se investiga la responsabilidad de sus directivos y funcionarios del gobierno anterior en la quiebra, el Presidente decidió hacer valer las acreencias con la banca pública. La intervención estará encabezada por el exsecretario de Agricultura, Gabriel Delgado, y se dará a través de la empresa YPF-Agro, con el potencial de convertirla en la empresa número uno del sector.
Con esta decisión, el Estado quedará en condiciones de garantizar la continuidad de más de siete mil puestos de trabajo directos y veinte mil indirectos y de tomar control de posiciones clave en la cadena de la industria alimenticia, tanto en lo que respecta al abastecimiento del mercado interno como a la exportación de granos, dos ejes claves en la política económica para el gobierno. Vicentin es un conglomerado empresarial que controla puertos, fábricas de envases, acopiadoras y procesadoras de granos, frigoríficos, hilanderías, y una planta de biodiesel, entre otros emprendimientos vinculados al agro.
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Entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la firma escaló posiciones en los ránkings de las principales empresas del sector, pero en diciembre del año pasado declaró el default, en una maniobra que está siendo investigada en fuero penal. El Banco Nación le prestó 18 mil millones de pesos, eludiendo todas las regulaciones. De los 72 empréstitos, 28 se autorizaron en noviembre, después de la derrota de Cambiemos en las urnas. El extitular Javier González Fraga se encuentra imputado, junto a otros funcionarios. También se investiga si ese dinero se fugó del país triangulando operaciones simuladas en el extranjero.
La semana pasada, un grupo de dirigentes políticos que incluye funcionarios oficialistas publicó una carta titulada “Vicentin debe ser una empresa pública no estatal”, donde advierten sobre el riesgo de que el saldo del fraude cometido sea “una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”. La propuesta señala que “Argentina necesita hoy una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos” y sugiere que se den “los pasos necesarios para transformar a Vicentin en una empresa pública no estatal”.
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