Un juez penal de Santa Fe bloqueó la homologación del acuerdo de acreedores del gigante cerealero Vicentin porque está vigente una medida cautelar de 2020 que prohíbe cualquier modificación accionaria en las empresas que conforman el grupo. El magistrado Hernán Postma le notificó a su colega en lo Comercial Fabián Lorenzini –a cargo del proceso concursal- que la homologación del acuerdo de acreedores significaría "la violación de una orden judicial".
Postma instruye una causa penal en la que se investigan las eventuales responsabilidades de los directivos de Vicentin en la situación que llevó al grupo al cese de pagos a sus acreedores, entre ellos el Estado Nacional. En ese contexto, cauteló todos los bienes de las empresas y prohibió cualquier modificación accionaria hasta tanto se resuelvan las responsabilidades penales y patrimoniales de los imputados.
En paralelo, en la causa comercial, en abril pasado Vicentin obtuvo "las conformidades" de sus acreedores para cerrar un acuerdo que le permita superar su crítica situación económico- financiera, iniciada en 2019 a partir del cese de pagos a los productores y otros acreedores. El juzgado de Reconquista, a cargo de Lorenzini, aceptó –con el consentimiento de la mayoría requerida por ley de los acreedores- la propuesta formulada por Vicentin para superar esta instancia.
Ese paso es previo a la salida formal del Concurso Preventivo al que la empresa ingresó hace cuatro años. El fallo del juez Postma puso un freno a ese proceso: "debe abstenerse en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación", sostiene la notificación. "Atento que del contenido de la propuesta concursal de Vicentin se desprende la disposición de activos cautelados mediante orden judicial 11/12/2020, confirmada por la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal, hágase saber a todos los órganos y sujetos referidos que la medida se encuentra vigente en todos sus términos", advirtió Postma.
Postma envió directamente esta "exigencia" al juzgado perteneciente a Lorenzini, como así también realizó copias para la Corte Suprema de Santa Fe, a la presidenta de la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista, María Eugenia Chapero; a la Sindicatura del concurso de acreedores; a las consultoras "BA Financial Advisors" y "SMS Buenos Aires" que orientan la fiscalización del concurso; a los interventores actuales de Vicentin SAIC, Andrés Schocron y Guillermo Nudenberg; y al propio directorio de Vicentin SAIC quien hoy está a la espera del juicio penal.
Producto de las investigaciones penales en contra del directorio de Vicentin al momento del default por estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros delitos, el propio Postma decretó en 2021 todos los bienes de la empresa sean incautados y que el directorio no tenga acceso. La decisión luego fue aprobada en Cámara. La propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores está "atado" a los recursos que obtendría a partir de la venta de activos, de sus plantas y puertos en San Lorenzo y de su participación accionaria en la aceitera de Renova a Viterra, Bunge y ACA, el grupo inversor interesado en quedarse con la empresa.
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