Antes de la marcha federal universitaria, el Ministerio de Capital Humano difundió una serie de datos falsos y maliciosos para desprestigiar la movilización. Distintos profesionales de la educación superior dialogaron con El Destape y desmintieron cada ítem. Incluso con cargas xenófobas y en un nuevo desprecio al federalismo, el Gobierno emitió un comunicado con "siete puntos" para intentar manchar un reclamo que se estima será masivo en las calles.
Los 7 puntos de la operación del Gobierno contra universidades
Punto 1: "Rechazo del aumento salarial, lo que hubiera representado 56 mil millones en 2024. Prefieren ir al paro, ya que el conflicto parece tener fines políticos"
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La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Ileana Celotto, sostuvo: "Perdimos 55 puntos porcentuales del salario, por lo que el 6,8% está lejísimo de lo que planteamos. Más allá de la masa salarial que eso implique, habría que ver cuánto se ahorraron de masa salarial con los 55 puntos que perdimos". Y enfatizó: "Se rechazó el aumento salarial del 6,8% porque ese aumento representa una mísera recuperación salarial".
Actualmente, el 69% de los docentes universitarios tiene dedicación "simple", con salarios que se ubican entre los 145 y los 200 mil pesos mensuales. Los docentes con dedicación "exclusiva" representan el 10% del total.
Punto 2: "Las universidades recibieron más dinero del solicitado pero no saben administrarlo. Aumentaron los gastos en funcionamiento un 270%"
Sobre este punto, Celotto fundamentó que el aumento del 270% se aplicó solamente sobre el presupuesto para funcionamiento, que equivale entre el 8% y el 9% del presupuesto interno total. Además, la suba fue ejecutada sobre el presupuesto discutido en 2022 para 2023, mientras que entre 2023 y 2024, la inflación es ampliamente superior.
Punto 3: "El 89% de los fondos transferidos a la UBA entre 2015 y 2022 no se rindieron"
La AGN es la que audita a las universidades, por lo cual no es cierto que no hay auditorías. En abril, la UBA respondió al último informe realizado por la Auditoría General de la Nación en 2018 a la Facultad de Psicología para "aclarar ciertos temas que la sociedad tiene derecho a conocer".
En el primero de los puntos, la Universidad de Buenos Aires dejó en claro que la Facultad de Psicología "realizó y realiza sus contrataciones de bienes y servicios en el marco de la Resolución Nº 8240/13, emanada del Consejo Superior", aclara que dentro de ese tipo de contrataciones previstas "se encuentran las contrataciones directas para casos excepcionales" y que la universidad es un organismo autónomo.
"El Consejo Superior es quien establece la normativa universitaria, y es nuestro deber cumplir con lo normado por el mismo, y no por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional", remarca. En referencia a una observación que hizo la AGN "en expedientes de obras edilicias", explicó que "en realidad, lo que sucedió es que, en algunos expedientes, no quedaron documentadas las correcciones de trabajos realizados, como, por ejemplo, el arreglo de una filtración de agua a través de ventanas que habían sido recientemente colocadas en la sede Independencia, la cual se arregló en tiempo y forma".
"Otras observaciones hacen alusión a la demora no documentada dentro del expediente de ciertas obras, las cuales quedaron debidamente fundamentadas, y que tuvieron que ver, mayormente, con postergaciones de las mismas debido a inclemencias del tiempo o al inicio del periodo lectivo, entre otros motivos. No obstante ello, se tomó nota de las observaciones realizadas para implementarlas en los procesos internos", agregó en aquel momento.
Punto 4: "El 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros"
Rodrigo Quiroga es docente de bioinformática en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En un posteo en la red social X, detalló los resultados de un relevamiento que realizó sobre el ámbito universitario nacional y remarcó que "los estudiantes extranjeros son el 4% de la matrícula total". Es decir, el Gobierno concentró el foco en lo que sucede en el área de Medicina para intentar instalar un discurso de odio contra los extranjeros, quienes desde esta perspectiva serían financiados en masa por el resto de la sociedad argentina. Los datos muestran lo contrario.
"Punto 5: El 60% no son alumnos universitarios regulares"
El profesor de la UBA y de UNAHUR e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, recordó que "el artículo 50 de la ley de educación superior la regularidad la determina cada universidad", y cuestionó: "¿De donde sacan ese dato?".
Justamente, el artículo 50 de la Ley 24.521 dice: "Cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles". Si los parámetros son distintos, un relevamiento nacional es erróneo.
Punto 6: El 61% de los estudiantes de la UBA tiene padres con educación superior completa
Falso. Según reportes oficiales publicados en los Anuarios Universitarios, en la UBA la proporción mencionada es del 9,1%. A nivel general, los que que tienen padre o madre con universitario o posgrado completos son menos del 10% en general (y en particular en las del conurbano). Si se toman los datos de aquellos que tienen padre o madre con secundario completo pero que empezaron la universidad, el porcentaje va de entre un 75% y 80%.
Dos de cada tres estudiantes de las universidades públicas pertenecen a los deciles sociales 1-6, y dos de cada tres estudiantes de universidades privadas pertenecen a deciles 7-10.
Punto 7: Las transferencias para financiamiento se ejecutan en un promedio de 4,6 días, mientras antes eran 68 días.
Sobre este último punto, en la UBA no poseen estadísticas certeras sobre el promedio de ejecución, aunque sí reconocen un adelantamiento respecto a gestiones anteriores.
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