El gobierno del presidente, Javier Milei, desreguló el transporte de micros de media y larga distancia a inicios de mes, pero ahora, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), debió realizar una presentación judicial porque las mismas empresas no cumplen con el viaje gratis para el cupo de personas con discapacidad. El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) impulsa un pedido al Poder Ejecutivo Nacional para que garantice el cupo gratuito.
Lo que ocurre es que las mismas empresas entienden que el decreto 883/2024, que confirmó la desregulación, generó un vacío legal sobre el tema de los cupos para discapacitados, cuando el Gobierno entiende que no es así. En este marco, la presentación judicial fue complementada con las más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones que ya fueron dirigidas a las mismas empresas.
El recurso judicial, impulsado por instrucción de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, solicita que la justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) que revea su incumplimiento al sistema de protección integral de las personas con discapacidad.
El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia "sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor", agregó el comunicado de la secretaría que dirige Franco Mogetta. “Desde el Gobierno Nacional se seguirá velando por ese derecho y se controlará que se cumpla la obligación que tienen las empresas de ofrecer esos servicios”, señaló.
La desregulación del transporte de larga distancia por parte del gobierno de Milei
El gobierno de Javier Milei desreguló por decreto, a inicios de octubre, los servicios del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia. La medida determinó la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.
Impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la nueva norma reemplazó a la que existía previamente, que tenía más de 30 años de antigüedad. El objetivo de la desregulación es lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual, consideró el Gobierno.
En esta línea, se crea el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, sin costo y online, para una "mayor comodidad del transportista, el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia".
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Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de 5 días post inscripción, aplicando de esta forma la nueva metodología de “Silencio Positivo” ya implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
De este modo, llegado el momento de vencimiento del plazo administrativo de un trámite se concede y autoriza para agilizar el procedimiento y no perjudicar al usuario. En todos los trámites se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.
Reclamo al Ejecutivo
El diputado peronista Eduardo Valdés presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados, exhortando al Poder Ejecutivo Nacional a implementar las medidas necesarias para asegurar el acceso a pasajes gratuitos para personas con discapacidad en el transporte colectivo terrestre de mediana y larga distancia.
Valdés señaló que “las empresas de transporte deben cumplir con su obligación de entregar pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, conforme lo establece la Ley 22.431 y sus modificatorias". Además, el legislador destacó que los problemas comenzaron a surgir tras la desregulación del sector, cuando “las empresas dejaron de considerar el servicio de larga distancia como un servicio público a partir de la entrada en vigor del Decreto N° 830/24 que desregula el sector”.
El legislador subrayó la urgencia de que las autoridades intervengan: "Es el Estado quien debe tomar cartas en el asunto y arbitrar las medidas necesarias para que se respete la normativa, sin someter a las personas con discapacidad a trámites interminables para acceder a un beneficio que les corresponde por ley".
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