Hace dos años, en pleno macrismo, un grupo de abogados llevó adelante acciones judiciales con las que demostraron que el Gobierno había salteado todas las obligaciones legales para firmar, apurado, el préstamo con el FMI. Con el discurso en la asamblea legislativa, el Presidente dejó en claro que buscará que los responsables del mayor empréstito del país sean investigados por la justicia tras el grave perjuicio que le generaron a toda la sociedad.
“Es hora que los funcionarios rindan cuentas”, apoyaron desde la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público. “Recibimos con profunda satisfacción la decisión del Gobierno Nacional de denunciar penalmente a los responsables de esta maniobra criminal”, expresaron. “Solo así lograremos que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, sentenciaron.
Como había revelado El Destape a principio de 2019, este grupo consiguió toda la documentación previa a que el Gobierno cierre el acuerdo con el Fondo. Fue así que descubrió que Cambiemos violó todas las normas nacionales que determinan cómo se tienen que deben tomar decisiones administrativas de estas características.
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A través de los patrocinios en las causas “Murúa” y “Coddiani”, lograron comprobar severas irregularidades en el mayor crédito en la historia argentina, por el que se llegaron a girar U$S 44.000 millones. Todo esto más allá de que el Ejecutivo de ese momento haya decidido no pasar por el Congreso Nacional, como entendía el kirchnerismo, y que cada uno de los dólares que entraron se destinaron a alimentar la fuga de capitales, estrictamente prohibido por la política interna del FMI.
En primer lugar, el expediente a través del cual se debió haber tramitado la decisión de contraer el crédito se inició el 21 de junio de 2018. Esto es, nueve días después de la carta de intención donde se acuerda la deuda.
En segundo término, el Gobierno no emitió dictamen jurídico previo a la firma de la carta con Christine Lagarde. Sin expediente ni dictamen jurídico no hay procedimiento administrativo válido, de acuerdo a la propia ley nacional de procedimiento administrativo (artículo 7, incisos b y d).
En términos económicos uno de los puntos más graves radica en que el Banco Central no cumplió con su obligación de emitir un dictamen técnico sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Sin este estudio del BCRA, toda deuda externa es nula, según la ley de administración financiera (artículos 61 y 66).
Tampoco se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, como un decreto presidencial o resoluciones de Hacienda o el BCRA. Por lo tanto, ni los ministros ni presidentes del Central contaban con competencia para firmar por su cuenta sin autorización de Mauricio Macri, de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 11).
En quinto lugar, los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la carta de intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula (artículos 7, inciso b, y 14 de la LNPA).
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También coincidió Claudio Lozano con el discurso de Alberto Fernández. "La decisión presidencial de impulsar una querella criminal sobre los responsables del endeudamiento macrista y puntualmente por el acuerdo con el FMI, constituye una definición histórica e importantísima en un doble sentido”, aseguró el director del Banco Nación.
En primer lugar, entendió que, de concretarse, implicaría fijarle un límite al “comportamiento impune que funcionarios han tenido endeudando al Estado argentino y destruyendo el funcionamiento de la economía”. En segundo lugar destacó que permite fortalecer la negociación con el FMI y busca que el resultado de la misma “no sea el de siempre”.
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