Desde que asumió, el Gobierno de Javier Milei envió a las provincias solo 200 millones de pesos en transferencias no automáticas, cifra que representó una caída del 99,5 por ciento en términos reales para todas las jurisdicciones. Y esta política se profundizó aún más este jueves cuando envió un comunicado anunciando que a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En un documento que sostiene que "se reduce el subsidio a las empresas para priorizar la asistencia a los usuarios", se comunicó que "la Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar. De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas".
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Transporte eliminó con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar. De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas. Lo que se suma al recorte de transferencias que venía implementando.
La asfixia como plan
En dos meses, trece de las provincias no recibieron ni un solo peso y las más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Córdoba, vinculadas con el peronismo. Pero la decisión de la Casa Rosada afectó también a provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.
"Conocida la noticia del corte de envío de fondos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió al cruce de Milei: "Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones, y lo vamos a actualizar, porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande”, sostuvo el mandatario santafesino.
Las transferencias no automáticas o discrecionales son giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos. Un informe del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea consideró que la escasez de recursos provenientes de la administración central obligaría a las provincias a subir tarifas o solventar subsidios con recursos propios. La entidad calculó que el ahorro que le generaría al Gobierno nacional esta decisión sería equivalente al 1,1 por ciento del PBI, unos 2 billones de pesos.
En plena tensión entre Nación y las provincias, el gobierno de Río Negro se sumó a la denuncia que había hecho el bonaerense Axel Kicillof e informó que el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), reglamentado por ley 25.053, dejó de ser transferido por el Estado Nacional a esa provincia patagónica y el gobernador Alberto Weretilneck dijo que "es una muestra más del desprecio del Gobierno Nacional a las provincias".
En un comunicado oficial, se informó que la provincia no recibió los fondos nacionales correspondientes a programas esenciales para garantizar el acceso a la educación que están establecidos en la Ley Nacional de Educación. Según la información, la falta de transferencia del Fonid compromete la liquidación de este concepto en los salarios docentes en Río Negro, afectando a más de 23.000 educadores.
Desde el Gobierno Nacional, en tanto, defendieron la decisión de cerrar aún más la canilla: "Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones", destacó el comunicado oficial. "En esta línea, la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan", agregó.
El ajuste no era a la casta, era a las provincias
Desde la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), también cuestionaron la eliminación de las compensaciones a la oferta del transporte automotor del AMBA y del Fondo Compensador del Interior. Las compensaciones distribuidas en todo el país en 2023 representaron la suma de 110.833.627.696 pesos
El gobierno de Milei se autoimpuso un ajuste del gasto de alrededor de 2,3 por ciento% del PBI en 2024 (neto del recorte de sus envíos a provincias), al consolidado de provincias le correspondería ajustar su gasto por otro 1,1 por ciento del PIB. Se tendrá que dar, en esta ocasión, una negociación diferente a la de años anteriores, en que las provincias no pugnen por sacarle más recursos a la Nación, si no que en todo caso el incentivo para provincias ahora debería residir en negociar con Nación el “menor ajuste posible”, pero que en el conjunto de provincias resulte igual al necesario para sanear las cuentas fiscales.
El principal impacto sobre provincias del recorte en el gasto nacional, provendría de una reducción equivalente a 0,5 por ciento del PBI en las Transferencias Corrientes, lo que equivaldría a una disminución del 67 por ciento en ese tipo de transferencias más discrecionales. Dado que la provincia de Buenos Aires es la más favorecida en el reparto de ese tipo de transferencias discrecionales, con el recorte podría resultar ahora una de las más afectadas. En enero, los gobernadores habían perdido $280.000 millones en transferencias automáticas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y la suba del piso mínimo de Ganancias.
El recorte a las provincias, especialmente a Buenos Aires, fue de un 56% en términos reales comparado con enero de 2023. Eliminaron las transferencias de recursos a cajas previsionales provinciales, infraestructura de hospitales, políticas educativas y penitenciarias, entre otros
Los ajustes más relevantes del gobierno nacional estuvieron en políticas ambientales -83 por ciento; política laboral -65 por ciento; provincias -56 por ciento; vivienda y agua potable -50 por ciento; salud, industria y seguridad social más del 30 por ciento de recorte. La inversión en salud cayó un 63 por ciento interanual y se eliminaron las transferencias a hospitales, medicamentos en respuesta a VIH, prevención y control de enfermedades transmisibles y medicamentos. A su vez, el PAMI sufrió un recorte del 34 por ciento del presupuesto girado respecto a enero de 2023.
El gasto en jubilaciones y pensiones cayó un 43 por ciento respecto a enero de 2023. Las mayores caídas se vieron en los más indefensos: prestaciones por moratoria (-53 por ciento), ex combatientes de Malvinas (-83 por ciento), pensiones no contributivas y madres de más de 7 hijos (-97 por ciento). Las empresas públicas también sufrieron recortes en general. Correo Argentino, Aguas Argentinas, Corredores Viales, Télam y Medios Públicos no recibieron transferencias y Fabricaciones Militares las vieron reducidas a más de la mitad.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la evolución real de transferencias por coparticipación (CFI), todas las provincias exhibieron descensos reales en enero. El promedio de todo el conjunto se situó en -9,9 por ciento:
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