El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró hace dos semanas atrás que el Gobierno daba inicio a su “Fase 2” del programa económico, con la continuidad del eje puesto en la reducción de la emisión y el déficit fiscal. El anuncio dejó sabor a poco al punto de que las presiones cambiarias se intensificaron en estos días, aumentando la brecha de los dólares financieros y llevando al oficialismo a asegurar, una vez más, que está negociando nuevo financiamiento del FMI, sumado a medidas de intervención cambiaria, mientras caen las reservas.
Así, el segundo semestre del año aparece marcado por crecientes turbulencias y sin rumbo claro para una gestión que sigue prometiendo el “fin del cepo” aunque todavía sabe que no tiene las divisas para hacerlo mientras vacila, a su vez, en cumplir con las exigencias del FMI que pide devaluación, más aumento de tarifas -lo que impactaría en la inflación- y el fin del impuesto que sostiene hoy la recaudación (Impuesto País).
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Si bien desde Estados Unidos, el presidente Milei afirmó que siente “cero pánico” por las presiones del mercado, las señales de reactivación económica siguen ausentes en el horizonte y el escenario se vuelve más incierto respecto del desempeño de la actividad para la segunda mitad del año, con una economía real que muestra caídas significativas, un consumo golpeado por el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de la población y la menor actividad de empresas nacionales y comercios, que ven caer sobre sus espaldas el peso de los “sacrificios” económicos.
En dicho panorama, hay consenso respecto de que el segundo semestre del gobierno libertario se verá atravesado por conflictos y tensiones, mientras se esfuerza por cumplir con las metas del acuerdo firmado por el macrismo en 2018, asegura a su vez que no negocia el equilibrio fiscal, y enfrenta las presiones de una brecha cambiaria que ya pega en los precios del mes de julio.
El segundo semestre financiero
En junio se cumplieron seis años del inicio de un nuevo ciclo de sobreendeudamiento en el país, vía el acuerdo de Stand-By por USD 50.000 millones firmado por el entonces gobierno de Mauricio Macri con el FMI. En relación, y tras el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por la gestión del Frente de Todos en 2021, en la actualidad el modelo del FMI sigue condicionando la marcha de la economía, aún en un gobierno que acepta con gusto los planes del organismo. “El gobierno se apura a conseguir fondos frescos, y negocia un nuevo préstamo con el FMI que le permita hacerse de divisas para encarar la salida del control de cambios, la llamada ´tercera etapa' del plan. El FMI, por su parte, quiere unificación cambiaria, eliminación del impuesto PAIS y levantar el control de cambios lo antes posible. La disyuntiva es sobre qué viene primero, si el huevo o la serpiente”, analizó al respecto un informe del centro OCIPEx.
El derrotero de lo que pueda suceder en este esquema no está ajeno de las evidentes dificultades del gobierno que mientras anticipa en los medios que “se está empezando hablar del nuevo acuerdo” desde el propio organismo aclaran en lo inmediato que “no hay un cronograma específico” sobre posibles nuevos fondos que el oficialismo espera -y promete- desde hace tiempo. Lo que sí es concreto son los vencimientos que el país deberá afrontar con el FMI hasta el año 2028: USD 2.306 millones en 2024, USD 3.282 millones en 2025, USD 4.381 millones en 2026, USD 7.396 millones en 2027, y USD 9.014 millones en 2028. A esto hay que sumar los vencimientos de bonos soberanos y Bopreal.
En la misma línea, el último informe técnico del FMI difundido tras la aprobación de la octava revisión si bien reconoció el cumplimiento de las metas cuantitativas advirtió respecto a la agudización de la recesión y sobre sus consecuencias sociales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del programa. “El FMI ha trazado una hoja de ruta que descarta la dolarización en favor de un régimen de libre competencia de monedas, y plantea la posibilidad de implementar programas de estabilización similares a los casos de Perú o Brasil en los ‘90”, evaluaron desde OCIPEx en base al pliego de condiciones que impone el organismo para el segundo semestre del año: eliminación del impuesto PAÍS, profundizar el ajuste sobre los subsidios a las tarifas energéticas, de transporte y agua, reforma tributaria, previsional y de coparticipación, políticas cambiarias que flexibilicen el control de cambios este mismo mes, eliminación del esquema de liquidación de divisas preferencial para exportadores (dólar blend a 80/20 cotización al oficial y CCL) y tasas de interés reales positivas.
“Pese a que esas medidas no sean de cumplimiento obligatorio (como las metas fiscales, monetarias y de reservas) su incumplimiento trae aparejado un foco de tensión entre el gobierno y el FMI. En junio el gobierno impulsó un nuevo tarifazo, y se pueden esperar nuevos aumentos a lo largo del segundo semestre. Si bien el FMI y el gobierno creen que son correctos, a este último le preocupa el impacto inflacionario de la suba de los precios de la energía”, expresó el autor del informe, Iñaki Fernández. De hecho, el gobierno decidió en estos días volver a postergar la continuidad de la suba tarifaria programada para julio por el evidente impacto en los precios, al mismo tiempo que se agravan las presiones cambiarias y crece la brecha cambiaria, llegando al 50% y 60%.
Sobre esto último, el gobierno vacila, aferrado al descenso de la inflación (que mostró una aceleración en junio respecto del mes previo) y preocupado por el mal desempeño de la acumulación de reservas de junio, afectado por la salida de divisas para importación de energía y por los bajos niveles de liquidación de dólares del agro. De acara al segundo semestre, el sector agroexportador espera un salto cambiario y esto se hace evidente en que las liquidaciones del complejo agroexportador han tenido un desempeño por debajo del esperado, inclusive “registrando un menor ingreso de divisas que en 2023, año de sequía histórica”.
En esta coyuntura, el gobierno anunció que mantiene el dólar blend así como la devaluación mensual fija del 2% (crawling peg) y aseguró que la salida del control de cambios podría dar en una “tercera etapa” del programa económico. ¿Qué implica en lo concreto? Por lo pronto y aún sin ninguna lluvia de inversiones a la vista, el Gobierno se resiste a avanzar los pedidos más inmediatos del FMI, y hasta decide -contra toda teoría esgrimida y lo que el mismo Caputo había afirmado apenas dos semanas atrás- intervenir en el mercado cambiario a partir de que el BCRA va a vender una parte de los dólares que compre en el mercado oficial en el mercado de contado con liquidación (CCL), buscando impactar en la brecha, pero afectando los ya pocos dólares de las reservas.
Para la nueva etapa del programa del gobierno “está claro que necesita divisas para salir del cepo, pero también para sostener su programa, sin embargo no tiene posibilidad de obtener divisas en el mercado internacional, -el propio FMI cree que recién a finales de 2025 se podría solucionar- y la acumulación de reservas provenientes del comercio exterior está por debajo de lo esperado”, analizaron desde OCIPex y plantearon dos caminos posibles para la segunda parte del año: “por un lado atraer inversiones extranjeras, de ahí su apuro por aprobar el RIGI pero la propia experiencia de regímenes similares en el país ya ha demostrado sus limitaciones, y aún así, el ingreso de divisas se verá limitado mientras exista el control de cambios. El otro camino es el que el gobierno ha emprendido con mayor apremio en estas semanas: nuevos préstamos de organismos internacionales. Milei y su gabinete estiman que necesitarían entre 8.000 y 15.000 millones de dólares, por lo que ha iniciado negociaciones con otros organismos (Banco Mundial, CAF, BID), pero el grueso se espera que provenga del propio FMI y con este último, en el centro de la cuestión se encuentra, ante todo, la salida del régimen cambiario actual”.
Un punto en este sentido podría tener que ver con un cambio político en el directorio del FMI producto de una posible victoria de Trump en los Estados Unidos que le permita al gobierno argentino acceder a los tan esperados millones de dólares, similar a lo ya ocurrido en la gestión del macrismo, aunque la nueva gestión norteamericana comenzará recién en 2025.
Mientras tanto el Gobierno se aferra a recrudecer el ajuste del gasto público en un marco donde, a su vez, la recaudación se ve cada vez más afectada por la recesión de la actividad económica, aunque con el papel central de los ingresos obtenidos por el aumento del impuesto PAIS del que, según dijeron desde Economía, reducirían la alícuota en septiembre. Esto le permitió llegar a resultados fiscales positivos los primeros cinco meses del año, que suelen ser de mejor desempeño que la segunda mitad, en la que podría necesitar un nivel de ajuste que pondrá contra las cuerdas la tolerancia social.
Si bien el ajuste fue generalizado, se concentró sobre todo en jubilaciones (-16%) subsidios para el transporte (-42%) la energía de los hogares y empresas (-30%), universidades (-19%) y las transferencias a provincias para obras, educación y salud (-74%).
Una economía real acorralada
La política económica libertaria generó una crisis económica con impacto directo en el nivel de actividad y de empleo, sumado al sostenido deterioro salarial y el incremento de la desigualdad social. El último informe de distribución de los ingresos de INDEC mostró el incremento de la brecha entre el decil más alto de la sociedad (decil 10) que tiene ingresos 15 veces superiores a los del más bajo (decil 1), siendo para la mayoría de las familias argentinas prácticamente imposible llegar a cubrir el costo de vida básico, es decir que los ingresos sean suficientes para pagar alimentos, salud, vivienda y tarifas de servicios, por lo que terminan por recortar gastos que son esenciales. En este marco, el ciclo económico no parece mostrar todavía señales de reactivación.
“Desde 2016 a la fecha, la cantidad de trimestres con caída de actividad superan a los trimestres de crecimiento. Así y todo, el primer trimestre del gobierno de Milei se destaca del resto. Hay que remontarse al segundo trimestre de 2023, caracterizado por la peor sequía de la historia y por aquellos trimestres de 2020 donde la actividad acusó el impacto de la pandemia para observar caídas tan importantes. Sacando estos ejemplos, donde el resultado negativo se atribuye a factores exógenos, solo un período supera esta caída los dos últimos trimestres de 2018”, destacó el informe de coyuntura de OCIPEx. En igual sentido, continúa el desplome de la construcción (el último dato de mayo reflejó una baja interanual de -32,6%) y de la industria (-14,8% en mayo) así como de la inversión privada (la Formación Bruta de Capital Fijo cayó en el primer trimestre de 2024 un 23,4% respecto de 2023).
Lo anterior tuvo un impacto de magnitud en el nivel de empleo. En el primer trimestre de 2024 aumentó en dos puntos la desocupación, y según los últimos datos del SIPA, en abril se perdieron más de 148.000 puestos registrados desde noviembre último, en un escenario donde se agravó el deterioro de los salarios por la inflación.
Así las cosas, mientras el proceso inflacionario deterioró la capacidad de compra de los ingresos laborales y no laborales de los hogares, el consumo privado registró en los primeros tres meses del año una caída del 6,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, mostrando una crisis social que tiene su correlato en el incremento de las tasas de pobreza e indigencia que habrían pasado del 38,8% y 8,8% en el primer trimestre de 2023 a alrededor de 55% y 19% en 2024, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
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