El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rendirá su quinto informe en el Congreso, donde detallará sobre el esfuerzo fiscal del Gobierno para combatir al COVID. El Ejecutivo invierte $ 144.000 millones en el fortalecimiento del sistema de salud para 2021. El funcionario confirmará que el paquete de medidas adicionales necesarias para reforzar la asistencia social y productiva en el actual contexto sanitario requiere una inversión de $ 480.000 millones.
Para la atención de la segunda ola del COVID, se estima una inversión de $ 144.000 millones que fortalecerán el Sistema de Salud. Así precisó Cafiero en su respuesta a las consultas de los senadores en el informe 129, que cuenta con 923 páginas y que ya fue elevado a la cámara alta.
Las erogaciones sanitarias incluyen la compra de vacunas por $ 72.000 millones. También abarca esto el bono por tres meses de $ 6.550 para 700.000 trabajadores de salud y $ 36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector.
En el marco de la segunda ola de Covid-19 y la necesaria re implantación de medidas restrictivas, “el Estado Nacional está tomando medidas adicionales necesarias para reforzar la asistencia social y productiva en el actual contexto sanitario, administrando así un nivel de inversión más elevado al de la Ley de Presupuesto”, explica el jefe de Gabinete.
Este paquete de medidas supone un gasto de $ 480.000 millones, por encima de lo establecido en el presupuesto 2021. Esto representa el 1,3% del PIB. Será financiado a través de los mayores ingresos provenientes del aporte extraordinario de las grandes fortunas que ya supera los $ 230.000 millones y a través de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad ya verificada. Estos ingresos no habían sido presupuestados originalmente, por lo que el Gobierno consideró “razonable y prudente mantener por el momento el resultado fiscal proyectado”.
El domingo, Claudio Scaletta publicó en El Destape que el gobierno evalúa un paquete extraordinario de gastos por alrededor de 1 punto del PIB, unos 450 mil millones de pesos, para salir del virtual estancamiento en que ingresó la economía y aliviar la situación de los sectores más afectados por la pandemia. “Sería una especie de IFE reforzado por 4 meses y estaría acompañado por un paquete crediticio”, adelantó.
En el contexto de la pandemia, el Ejecutivo impulsó diversas medidas de asistencia el año pasado. Los fondos girados a las provincias para hacer frente a la pandemia representaron una suma superior al 4% del PBI, equivalente al 48% de los ingresos que percibieron por coparticipación. Las distintas líneas de crédito subsidiadas y garantizadas por el Estado Nacional representaron el equivalente a un 3% del PIB, llevando el paquete COVID a un monto superior al 7% del PIB.
Entre las medidas de asistencia social y productiva, se subraya la extensión y ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a los sectores críticos y al sector salud, incorporando también a las y los monotributistas y autónomos del sector gastronómico. En abril, esta asistencia alcanzó a más de 13.000 empresas y 330.000 trabajadores y trabajadoras, con una inversión de más de $5.000 millones.
Por otro lado, en mayo se incrementó el monto del salario complementario para los sectores críticos y de salud (de $18.000 a $22.000 por trabajador/a) y se eximió del pago de contribuciones patronales a empresas de sectores críticos. También se amplió la definición de estos sectores para incorporar al comercio que fue afectado por las últimas restricciones de movilidad. A esto se suma la eximición del pago de Ganancias para quienes perciban hasta $150.000 de ingreso o reciban hasta 8 jubilaciones mínimas, medida que alcanza a 1.267.000 personas.
En simultáneo, se profundizaron y fortalecieron programas sociales ya existentes. En ese sentido, se extendió el alcance de Potenciar Trabajo y Progresar. En el último mes, se amplió un 60% el universo de la Tarjeta Alimentar, que pasó de 1,6 millones de niños y niñas, a cerca de 4,2 millones. Además, se otorgó un bono extraordinario a jubilados en abril y mayo y se extendió el Plan 1.000 días.
En esta línea, se diseñaron medidas focalizadas en aquellas zonas con mayor riesgo epidemiológico, entre ellas, el bono a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a y monotributistas de las categorías A y B que perciben asignaciones familiares, destinado a la población del AMBA.
El informe presentado es el más extenso realizado ante el Senado en la historia de la Jefatura de Gabinete, precisaron desde la oficina del coordinador de los ministros. La presentación iniciará a las 14, en el marco de una sesión informativa convocada por la presidenta de la cámara alta, Cristina Kirchner.
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