Un instrumento posible para paliar los efectos de la aceleración de la inflación sobre los ingresos de la gente sería una suba salarial por decreto para el sector privado, sostiene la Consultora Sarandí, que dirige el economista Sergio Chouza, en un informe que publicó hoy.
De esta forma, la propuesta es tomar una medida similar a la implementada por el Gobierno en enero de 2020, apenas asumió Alberto Fernández y antes de que llegase la pandemia, pero esta vez para aliviar la escalada de la suba de precios de los alimentos en el contexto de la guerra en Ucrania.
"Frenar el impacto inflacionario global es poco factible. Sin instrumentos y con alta nominalidad, es solo voluntarismo. La alternativa es ir por la vía de los ingresos. Apuntalar en el corto plazo los salarios y transferencias para minimizar el deterioro del poder adquisitivo", resumió Sarandí en el informe.
La consultora explicó que durante el último año los salarios reales tuvieron una "recuperación en el margen, muy reducida", pero que aun así esta se ve "interrumpida" por el actual conflicto bélico.
Un aumento salarial por decreto para ganarle a la inflación
Sin embargo, la mejora sostenida en la recaudación permite que haya "condiciones para acelerar una política contracíclica" de aumentos al sector privado "sin que se comprometa el programa con el FMI", sostuvo la entidad que dirige Chouza.
Las alternativas serían un "aumento de partidas que ya se dispuso" pero también "otros refuerzos focalizados en la política alimentaria, tanto como disponer un incremento unilateral de emergencia para los empleados del sector privado".
De implementarse esta última opción se reeditaría la medida tomada por el propio Gobierno en enero de 2020, cuando se dispuso una suba por decreto de $3000 ese mes más otro de $1000 pesos más en febrero siguiente, en ambos casos a cuenta de paritarias futuras.
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Sarandí ejemplificó que con un aumento de $10.000 para todos los trabajadores privados se "produciría una expansión superior a los $95.000 millones incluyendo a trabajadores del sector público" y representaría una suba del 8,7% sobre el salario medio y de hasta el 25% sobre el salario mínimo.
Esto, entiende la consultora, permitiría "sostener parcialmente el poder adquisitivo de los ingresos".
También consideró incluso que hay indicios de que el Gobierno parece compartir una "salida por los salarios" a los efectos negativos de la inflación, por ejemplo al anticipar la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, permitir aumentos más elevados en las paritarias u otorgar un bono a jubilados.
Aumentos de AUH y Tarjeta Alimentar, la otra propuesta
Por otro lado, la entidad que dirige Chouza propuso aumentar los recursos fiscales destinados a los sectores vulnerables, una política que el Gobierno ya anunció que implementará a través del bono a jubilados en abril.
Pero, además, Sarandí propone un aumento de emergencia por única vez del 50% para la AUH y otro de igual monto para la Tarjeta Alimentar.
"Aún así, quedaría un saldo remanente superior a 0,1% del PBI para cerrar la brecha fiscal, en el marco del compromiso del programa con el Fondo", explicó en el informe. Al mismo tiempo, entiende que medidas de este tipo implicarán "una mayor recaudación por impuesto inflacionario".
"Apuntalar los ingresos es la alternativa para evitar un recrudecimiento de los números de pobreza e indigencia, fenómeno que sería totalmente incompatible con una economía creciendo y con empleo recuperando", cerró la consultora.
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