"Ponemos un aviso y no viene nadie", afirma a este medio un empresario del rubro textil. Es una realidad que contrasta (o se explica) con otra, la de una economía que crece fuertemente y genera puestos de trabajo. En los hechos lo que se exhibe es una baja en la oferta de empleos registrados bien remunerados y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de alta informalidad laboral.
La primera reacción de un sector empresario es culpar a los planes sociales de esa baja oferta de mano de obra. Pero eso solo exhibe dos problemas, los bajos salarios que ofrecen actualmente, tanto en el caso de asalariados registrados como los empleos informales, y la escasa estabilidad que exhiben los puestos de trabajo. Cuatro de cada diez puestos que se rescinden son por despidos (sea con y sin causa) o finalización de obra o contrato.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el fin del contrato laboral se explica solo en 57,8 por ciento por renuncia. El resto se divide en un 5,4 por ciento por despido sin causa, 3,5 por ciento de despido con causa, 9 por ciento de finalización del periodo de prueba, 5,2 por ciento por fin de la obra (construcción), 13,1 por ciento al terminar el contrato y apenas el 2,2 por ciento llegó a jubilarse.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se avanza, junto con referentes empresarios, en la implementación de programas que buscan convertir los planes en empleo genuino, algo que permitiría atacar dos de los múltiples problemas que exhibe la economía: elevar el nivel de salarios de la economía e incrementar la demanda de puestos de trabajo. La propuesta del establishment económico es avanzar en una flexibilización laboral.
"Si no te viene nadie a laburar, para qué los vas a flexibilizar. No pasa por ahí", señala a El Destape el presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández. En un escenario de salarios bajos, la flexibilización laboral sólo empeora el problema.
El ingreso medio de un asalariado registrado es de 68.879 pesos, mientras que un empleo informal paga en promedio 28.592 pesos. Sin embargo, en este último caso puede suceder que el hogar recibe algún plan de asistencia para complementar los ingresos, como el Programa Potenciar Trabajo (16.500 pesos por cada padre) y la Tarjeta Alimentar (18.000 por tres o más menores en el hogar).
En este caso, con un nivel de estabilidad laboral bajo, quienes tengan que elegir optar por ser registrado en un empleo y dejar de cobrar el plan podrían no verse tentado por los salarios del mercado. La informalidad termina así siendo la norma entre las personas que viven en la pobreza, que representan 42 por ciento del total de la población, y especialmente entre los jóvenes (siete de cada diez menores de 30 años están precarizados).
Parte del sector privado insiste en que, para mejorar la rentabilidad, se requiere reducir las obligaciones laborales. En el Gobierno entienden que la solución pasa por asegurar la capacitación de la mano de obra para que ingresen a empleos de calidad que paguen mejor y hagan una diferencia.
La remuneración nominal bruta promedio del sector asalariado formal en marzo fue de 137.777 pesos, aunque la mediana fue de 98.939 pesos. "Es una falacia que, a través del programa que convierte planes en empleo genuino, el trabajador va a cobrar un salarios mínimos", explicó Fernández. El titular de CGERA señaló que, pasado el período de capacitación, "ingresa con el salario del oficio, que es entre cinco y seis veces más que lo que cobra por el plan".
"El objetivo es que se vuelque a formarse en las plantas productivas. Hoy está faltando mano de obra especializada, donde están los mejores salarios, porque no hay oferta", dijo el empresario, quien rechaza la necesidad de una flexibilización laboral. Otra medida que busca salvar esa brecha fue la de compatibilizar el plan y el empleo formal que se aplicará para el trabajadores temporarios del agro, lo que alcanza a unas 250 mil personas.
No obstante, el universo de ingreso es más extenso: existen más de 2 millones de personas titulares de la asignación universal por hijo y casi 1 millón que cuenta con el Potenciar Trabajo, por lo que se busca desde la cartera que conduce Juan Zavaleta ampliar esa compatibilidad. Por eso, se inició con quienes reciben el Potenciar Trabajo, donde se cobra medio salario mínimo, y cinco ramas de actividades: construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado y reciclado.
En 2017, el gobierno de Cambiemos anunció el Plan Empalme (que buscaba también, jamás funcionó, básicamente porque el objetivo estaba enfocado en eliminar el plan más que en capacitar a trabajadores y trabajadoras informales. Esto se explica por aplicar políticas fuera del foco de la pequeña y mediana empresa.
"El punto más alto de la Argentina fue 2012 existían 610.000 pequeñas y medianas empresas. Diez años después, con un crecimiento vegetativo, deberían existir 710.000 pero hay 500.000. Faltan 200.000 pymes que permitan 2 millones de empleos registrado formales y otro tanto semi- formal", explicó a El Destape el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski.
"La ausencia de esa generación de empleo privado que hace la pequeña empresa genera que esa gente que está en la Argentina se cree su propio trabajo en el empleo popular. Los planes sociales deberían ser ayudar en el corto plazo, pero una estructura permanente no mejora la situación de fondo", agrega Bilanski. "Convertir planes sociales en puestos de trabajo son clave en esta situación y el sector pyme va a ser el articulador en esa tarea", concluye el dirigente empresario.
En este caso será clave la articulación entre las carteras de Desarrollo Social y la de Desarrollo Productivo, que a partir de esta semana está a cargo del ex embajador en Brasil Daniel Scioli.
Cerrar sesión