20 de julio, 2021 | 05.00

Con años de retraso, baja la incidencia de los salarios en la estructura de costos de las empresas

En los últimos cinco años el costo laboral se contrajo un 25%, medido en relación con los precios internos de bienes y servicios, pese a lo cual no hubo un aumento en el nivel de generación de puestos trabajo.

Desde 2016 el costo laboral se contrajo un 25 por ciento, medido en relación con los precios internos de bienes y servicios, pese a lo cual no hubo un aumento en el nivel de generación de puestos trabajo. Parte del proceso de licuación de los costos de contratación de trabajo verificado desde el arribo del macrismo derivó en una menor incidencia de los salarios en el costo total de las empresas, porcentaje que puede ir de un 5 a un 50 por ciento del producto final dependiendo de si la actividad es más o menos intensiva en mano de obra. Durante el 2020 tanto salarios como ganancias se contrajeron. Sin embargo, desde fines del año pasado el escenario comenzó a reconfigurarse y la rentabilidad de muchas empresas se recomponen, mientras que los ingresos de los trabajadores continúan rezagados

Suele confundirse en el debate salarial entre los costos laborales, incluyendo los impuestos, respecto de su peso en la estructura de gastos de las empresas. El primero término suele utilizarse como terreno de debate para bajar impuestos ya que se centra en el peso de las obligaciones patronales sobre los salarios como un porcentaje alto o bajo respecto del que se aplican en otros países. Es decir, por cada cien pesos que paga a un trabajador o trabajadora, cuánto más abona el empresario al Estado, gremios y seguros, entre otros. La incidencia impositiva, compuestas por las cargas sociales representan entre un 35 y 40 por ciento del salario básico. El otro es elemento es cuánto de esas obligaciones impactan en la estructura total de costos, que incluye insumos, costos fijos, mantenimientos, administración, logística, etcétera. Este último número abre el debate respecto de los aumentos de precios que generalmente son atribuidos a mejoras salariales; así las empresas trasladan el mismo porcentaje al producto que el que aplica a su nómina. 

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Como la rentabilidad de las empresas surge de una relación entre ingresos y egresos, la variación del costo laboral con respecto a los ingresos es una medida mucho más esclarecedora que el indicador que sólo considera su variación nominal. "Una parte relevante de los ingresos de las empresas se determinan a partir de los precios que se fijan al vender los bienes o servicios que producen (el otro componente son las cantidades vendidas). De este modo, el costo laboral en relación a los precios de los productos elaborados constituye un indicador que tiende a aproximar la incidencia del salario en la estructura de costos de las empresas", explican desde el Ministerio de Trabajo. Entre el primer trimestre de 2016 y el mismo trimestre de 2020, la reducción del costo laboral en términos reales (medido contra una canasta de bienes y servicios) fue del 24,9 por ciento. En detalle por año, entre 2016 y 2017 el costo había aumentado dos puntos porcentuales para luego caer en los dos años subsiguientes 14 y 10 puntos porcentuales respectivamente y para el cotejo contra 2020 cayeron 13 puntos.

Dólar versus salario

La reducción en el costo laboral vino de la mano de la fuerte y constante devaluación de la moneda en los últimos años, que golpeó duramente a los salarios a través de su transferencia a la inflación. En la convertibilidad, el salario promedio expresado en dólares se ubicaba en torno a los 1000 dólares. En 2002, cayó a 330 dólares. Entre 2009 y 2013, el salario industrial pasa de alrededor de 1000 dólares a cerca de 2000 dólares; según un informe de la Fundación Mediterránea.

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios fue luego una política en sí misma del gobierno de Mauricio Macri. Cuando asumió, a finales de 2015, la cotización de la divisa estadounidense era de 9,85 pesos y se fue del Gobierno con un dólar a 63 pesos, lo que implicó un incremento de 539 por ciento en cuatro años. El salario respecto al dólar, una relación que los empresarios del sector exportador usan a su favor para aumentar sus ganancias, se redujo a casi una tercera parte de su valor durante la gestión de Cambiemos. El salario mínimo llegó a los 600 dólares en agosto de 2015 y actualmente alcanza los 236 dólares.  Si los medimos frente a la inflación, luego de caer casi 20 por ciento entre fines de 2017 y fines de 2019, los salarios recuperaron parte del terreno perdido durante los primeros meses de 2020. Sin embargo, ese proceso fue interrumpido por la pandemia y, a principios de 2021, su nivel fue similar al de diciembre de 2019. Entre fines de 2015 y fines de 2019 tuvo lugar un proceso de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas. A lo largo de ese período, mientras los salarios perdían contra la inflación, las ganancias de las empresas se incrementaban.  

Las empresas de un conjunto de actividades aumentaron simultáneamente su rentabilidad y la participación en los ingresos hacia los fines del 2020 (comercio, actividades primarias, construcción e intermediación financiera entre ellas). En el extremo opuesto, sectores como hoteles y restaurantes y el transporte redujeron tanto su rentabilidad como su participación en los ingresos. Esto redujo el costo laboral dentro de las estructuras de las empresas. Pero su impacto varía de acuerdo a la rama de actividad. "Generalmente, el costo es ínfimo en la estructura del producto o servicio que se trate, salvo en algunas actividades con una mano de obra intensiva que puede darse en trabajos de seguridad y maestranza, donde la prestación del servicio requiere de más personal. En lo que es industria es bajo, aunque no uniforme. entre el 3 y 5 por ciento", explicó Álvaro Ruíz, abogado laboralista. El especialista remarca que hay mucho que se paga "en negro", pese a que luego transfieren el costo de las paritarias en en la misma proporción al precio del producto.  

Salarios y cargas patronales

No siempre salarios altos implica un alto porcentaje de costo laboral. Un ejemplo es la industria siderúrgica, que tiene niveles salariales altos --incluso en comparación con países de la región--, pero la incidencia es baja; siendo los mayores costos el capital invertido y, obviamente, el insumo. "Otro caso es el salario formal. En el segmento textil hay mucho que se trabaja en la informalidad, tanto en los insumos como en la tercerización de mano de obra en negro. Por ejemplo, se declaren menos horas de las reales bajo la figura de media jornada o jornada reducida, pero trabajan doce horas. Lo que se paga de más se ahorran los costos patronales",  señaló Ruíz. En el caso de la informalidad, los sectores con mayor porcentajes de trabajadores y trabajadores no registrados son el mercantil, gastronómicos, construcción, calzado y vestimenta, con guarismos que llegan al 85 por ciento de la nómina real. 

Los aportes a la seguridad social que el empleador le retiene todos los meses a sus empleados tienen como destino a las jubilaciones y pensiones (11 por ciento), a la obra social del PAMI (3 por ciento) y a la obra social (3 por ciento); que en total representa el 17 por ciento del salario bruto. Se puede sumar la cuota sindical, la cuota mutual y la cuota de Sepelios, entre otras; y la alícuota correspondiente a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que, según la actividad de cada empresa, varían desde el 2 al 8 por ciento según el riesgo de la actividad laboral. "El empleador además tributa al Sistema Integrado Previsional Argentino el 11,07 por ciento, INSSJP – PAMI (1,62 por ciento), AAFF (4,83 por ciento), al Fondo Nacional de Empleo (0,98 por ciento), al régimen de la seguridad social (18,5 por ciento) y a las Obra Sociales (6 por ciento); en total es 24 por ciento", de acuerdo con un informe del abogado laboralista Juan Pablo Chiesa.

La discusión, desde el lado empresario, suele centrarse entonces en la posibilidad de bajar las alícuotas para reducir la carga laboral para bajar el "costo empresario", aunque la caída en términos reales de los salarios ya hizo buena parte de ese trabajo. Sin embargo, es una solución que sólo desfinancia al Estado sin impacto directo en la creación del empleo, como muestra la vasta historia de reformas laborales que se aplicaron en la Argentina.  La brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado consiste, principalmente, en contribuciones a la seguridad social; es decir, en impuestos que financian al sistema previsional. De hecho, los tres países con mayor brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado (Argentina, Brasil y Uruguay) son los que tienen mayor población de más de 65 cubierta por la seguridad social, según un relevamiento del Instituto de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo  de la Universidad Nacional de San Martín.