Consejo del Salario se vuelve a reunir: el desafío de revertir una caída que lo ubica en valores similares a 2003

Con dos meses de demora, este jueves se reunirá finalmente el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir el monto de actualización del haber mínimo que hoy es de $156.000. El desafío para la representación sindical no es menor si se tiene en cuenta que desde 2015 el salario mínimo perdió un 40% de su poder de compra y solo en los dos primeros meses de la actual gestión cayó un 30%, tras el duro golpe que viene sufriendo el bolsillo de las y los trabajadores por la suba sostenida de precios de la economía, con desregulación mediante. En tal panorama se estima que el incremento necesario para empezar a recuperar parte de lo perdido debería rondar entre el 85 y 100%, posición que es analizada por las centrales que, según pudo saber este medio, intentarán acordar una propuesta unificada. 

¿Qué salario alcanza hoy? es la pregunta que resuena ante aumentos que desde el último mes del año registran alzas desmedidas en alimentos (más del 100% en envasados, carnes y frutas) en transporte (250%), en combustibles (90%), en medicamentos (300%), en prepagas (70%), y alquileres (200%), entre los rubros principales. Además, las proyecciones en materia de precios para los próximos meses están lejos de ser optimistas y la crisis que sufren los laburantes argentinos se plasma en escenas concretas: familias que llegan a la caja del super y se ven obligadas a dejar parte de la mercadería ante tickets impagables: en enero el haber mínimo alcanzó para cubrir apenas el 54,6% del valor de una canasta alimentaria para una familia integrada por dos adultos y dos menores, y era tres veces inferior al valor de una Canasta Básica Total (alimentos más algunos servicios). A simple vista se evidencian las dificultades que enfrenta hoy una familia con ingresos cercanos al valor mínimo para solventar las necesidades diarias de subsistencia, de hecho, una familia inquilina debería tener ingresos de casi un millón de pesos exclusivamente para cubrir esa canasta básica y pagar un techo donde vivir.

El Consejo del Salario Mínimo se reunió por última vez en septiembre de 2023 y fijó una actualización del 32% (en tres cuotas para octubre, noviembre y diciembre) llegando a un total de $156.000 en un mes donde la inflación fue de 25,5% (en 2023 subió 151% vs una inflación de 211%). Asimismo, ese valor se sostuvo sin actualización en enero donde se estima (el Indec difundirá el dato este miércoles) que el alza general de precios rondó el 20%. Vale agregar que la pérdida de poder adquisitivo (evolución del salario en relación con la inflación) no solo impacta en la referencia de base para las negociaciones salariales sino que y, sobre todo, en el haber mínimo jubilatorio (tiene un piso del 82% del salario), en las trabajadoras de casas particulares, en la prestación de desempleo, en becas y el programa Potenciar Trabajo (equivale al 50% del mínimo). Sobre esto último, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunciaron “bajas injustificadas y arbitrarias” del programa que fija un refuerzo de ingresos por prestaciones laborales, e indicaron que presentaron un amparo colectivo para que sean revisadas. En total alcanzan a 27 mil personas. 

La reunión tripartita será este jueves a las 14hs de forma virtual y participarán representantes de la secretaria de Trabajo, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA-Autónoma y CTA de los Trabajadores, y las cámaras empresariales. 

En los niveles más bajos de la historia 

Un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) repasó lo sucedido con este ingreso en los últimos 20 años y graficó que en la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) “se triplicó el valor del salario mínimo legal, impulsando el alza de los salarios en toda la economía”, luego en la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011) “el valor del SMVM creció 11 puntos más y alcanzó su nivel más alto”, en tanto que en su segundo mandato “cayó 12 puntos retornando al nivel heredado del gobierno de Néstor Kirchner”. Ya en 2016 con Mauricio Macri en el gobierno este ingreso “se redujo 25%” en tanto que en la presidencia de Alberto Fernández “cayó 14% más y terminó siendo equivalente a un ingreso de bolsillo de sólo el 30% de la canasta de pobreza”. 

Según la ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo representa “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador en su jornada legal de trabajo” y debería asegurar “la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Así, todo trabajador mayor de 18 años tiene derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo vital. 

En relación, si se mira el derrotero de los últimos meses se observa que solo en diciembre y luego del fuerte aumento en los precios (devaluación del 118% en ese mes) el salario mínimo se redujo en términos reales en 14,8% y, de esa manera, quedó 26% por debajo de diciembre de 2019 y fue 43% inferior al valor de 2015. Desde el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) indicaron que “dado que el incremento de precios ha venido siendo más alto para los alimentos y que esta tendencia se agudizó en el último mes de diciembre, la pérdida de poder de compra del salario mínimo resulta mayor cuando se contabiliza exclusivamente en alimentos”. En concreto: la caída escala al 37% respecto de diciembre de 2019 y al 51% (más de la mitad) respecto del mismo mes de 2015. El centro de estudios agregó también que, para no perder poder de compra en relación con el valor de hace ocho años atrás, en diciembre el haber mínimo debería haber sido de, al menos $272.891. (+$116.890 que el guarismo actual). 

Por su parte, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, estimó que según la inflación de diciembre (25,5%) y el estimado de enero (20%), “la caída en términos reales en solo dos meses va a ser de casi el 30% y va a estar un 10% abajo de diciembre de 2001”. 

Cuánto cubre un Salario Mínimo 

Para dar cuenta de forma clara de la pérdida del poder de compra del salario mínimo en nuestro país cabe comparar su evolución con los precios de productos y servicios que forman parte de la canasta familiar elemental. 

En cuanto a las Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el Indec e incluye alimentos y bebidas que cumplen los requisitos nutricionales y kilocalóricos básicos para que una familia no sea considerada indigente, el valor actual del salario mínimo implica que para una familia formada por dos adultos y dos menores el monto es insuficiente (en enero la CBA fue de $285.561, es decir que los $156.000 del salario mínimo sólo cubrieron el 54,6% de la misma). En relación con la Canasta Básica Total (considera alimentos, transporte, gastos de vivienda sin contar alquiler) que define la línea de pobreza y fue de $596.823 en ese mismo mes, el salario mínimo apenas tocó el 26,1% de su valor. 

También se puede considerar el valor del Índice Crianza (Indec) que es la referencia oficial para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes, es decir, da cuenta de cuánto cuesta criar en nuestro país. Con datos a diciembre, en el caso de un niño menor de un año, el Índice se ubicó en $197.046 (un 25,3% por arriba del salario mínimo), para la franja de 1 a 3 años el valor fue de $233.528 (casi el doble del salario vital y móvil) y en el caso de 6 a 12 años el costo de crianza se ubicó en $242.918 (un 54,7% por arriba del mínimo).

Asimismo, en el caso de un alquiler, la Encuesta Nacional de Inquilinos mostró que en enero de este año el 87,3% de las y los trabajadores que iniciaron su contrato se enfrentaron con actualizaciones en el precio iguales o menores a seis meses, así como a la imposición de contratos cortos con un lapso de duración menor a un semestre. Además, familias argentinas destinan el 31,6% de sus ingresos a pagar el alquiler y las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. Sin embargo, luego de la derogación de la Ley de Alquileres y la desregulación general de precios impulsada por el gobierno de Milei, la incidencia del gasto de alquiler en el presupuesto de un hogar subió diez puntos y se ubicó en 41,6%. Si se toma como referencia la mediana de los monoambientes ofertados en CABA en enero que fue de $280.000 (medición del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz) un salario mínimo cubrió el 55,7% de un alquiler, y en el caso de los dos ambientes el precio sube a $350.000 (apenas cubrió el 44,5%) y de los de tres ambientes a $500.000 (solo alcanzaría al 31% del valor del alquiler). 

Otro aspecto a mirar, dado el pronto comienzo del ciclo lectivo, tiene que ver con el valor de la Canasta escolar. Las familias enfrentan este año aumentos de precios del 256%. Así, una familia se sectores populares debería contar con $43.517 como base para acceder a lo básico para la canasta escolar, casi el 30% del monto actual de un salario mínimo. 

Se suman los altos costos del transporte público que impactan en los salarios, sobre todo de los trabajadores que dependen en mayor medida de ingresos mínimos e informales. Desde febrero, el boleto mínimo de colectivo  llegó a $270 y el de trenes a $130, sumado a que quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada pagan casi el doble. De esta manera, si un trabajador tiene que hacer dos viajes por día en colectivo los cinco días hábiles de la semana, necesita en un mes destinar $10.800, si se consideran dos adultos con actividad laboral en una familia, el gasto en movilidad representa más del 10% del total de un salario mínimo para tal fin. A su vez, la demanda se incrementa si se tienen que realizar más de dos viajes por jornada, y crece aún más en una familia con hijos que también se trasladan en periodo escolar. 

Tal panorama ocurre en una dinámica inflacionaria que golpea, sobre todo, en bienes y servicios imprescindibles para los hogares. En enero la inflación fue de 20,6% mensual, según el dato difundido este miércoles por el Indec, con fuertes subas de Bienes y servicios varios (44,4%), producto del incremento en artículos de cuidado personal, sumado a Transporte (26,3%), Comunicación (25,1%), Recreación y Cultura (24%) en tanto que los Alimentos (rubro de mayor incidencia) crecieron 20,4% en ese mes, con alzas de magnitud en carnes y panificados. Las proyecciones de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) destacaron en relación que “no cabe esperar una desaceleración sensible en febrero, mes a lo largo del cual se sucederán aumentos en distintos rubros regulados” En detalle se espera “el impacto del transporte público a partir de la quita de los subsidios de la Nación a los pasajes de colectivos y trenes que registrarán incrementos entre el 250% y el 450%, además los nuevos ajustes de la medicina prepaga (29%), alzas en comunicaciones (25%), combustibles (6,45%) y los aumentos estacionales en el rubro educación”. 

Reclamo sindical

Mientras el gobierno, según su programa de ajuste económico y recesión, no muestra al momento intención de avanzar en una política de recomposición real y generalizada de los ingresos, la expectativa para este jueves se focaliza en la necesidad urgente de elevar el piso de un salario que es cada ves más mínimo. 

En ese sentido, desde la CGT señalaron públicamente que “el Consejo del Salario es un ámbito de diálogo a los fines de recuperar en algo el poder adquisitivo de los sectores más empobrecidos” y anticiparon que dada “la devaluación, que se suma a la brutal inflación acumulada de diciembre 2023 a febrero 2024 se impone una actualización de, al menos, 85%”. En relación, desde la CTA- Autónoma dijeron a este portal que el incremento debería rondar, de mínima, el 100% si se quiere, como viene históricamente clamando la central, acercarse a cubrir una canasta básica. No obstante, aclararon que se encuentran “dialogando” con las demás centrales para ir “con una posición compartida”, en sintonía con el accionar colectivo que llevó al masivo paro general del pasado 24 de enero. Asimismo, se exigirá un aumento de emergencia para jubilados y pensionados.

El encuentro entre los representantes sindicales y el Ejecutivo ocurrirá luego de que vía el DNU 70/2023, aún vigente, el gobierno impusiera una reforma laboral que buscaba alentar la creación de empleos baratos, de menor calidad y más inestables, profundizando la informalidad, legalizando el fraude laboral y precarizando el trabajo asalariado. Entre los aspectos centrales del capítulo laboral, cuya vigencia se encuentra frenada tras las medidas cautelares del Poder Judicial luego de las presentaciones realizadas por las centrales sindicales, aparece la reducción del pago de las indemnizaciones por despidos (ya no considera el aguinaldo y adicionales) y su reemplazo por fondos de cese laboral, además de que se lleva el periodo de prueba a 8 meses (en lugar de 3 meses), se fomenta la contratación mediante figuras como el monotributismo, y también se elimina la obligación del empleador de cumplir con los derechos en seguridad social y las sanciones que existen por contratación ilegal, y hasta se intentó limitar el propio accionar sindical.