Un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una propuesta para crear un salario básico universal para eliminar la indigencia. Por eso mismo, la prestación monetaria mensual no contributiva tendrá un monto equivalente a la canasta básica alimentaria (CBA) de un adulto (en la actualidad esto es de $ 12.900). Será dirigido a las personas desocupadas o con empleo no registrado para resolver la urgencia de acceder a la alimentación necesaria, en un contexto de alta inflación de los productos básicos y consecuente concentración de los ingresos en pocas manos.
El Salario Básico Universal tendría alcance nacional y se destinaría a personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena, se desempeñen como cuentapropistas o en la economía informal. En la exposición formal sobre el proyecto que realizaron los legisladores de Patria Grande en el salón Delia Parodi del Congreso nacional, aclararon que estará dirigido a las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras agrarios y de casas particulares. El proyecto, al que accedió El Destape, prevé además que reciban el 50% de este los monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen ese límite ($ 38.850 mensuales).
Sin establecer límite de beneficios por grupo familiar, el diputado Itai Hagman, autor del documento, estimó una población objetivo total de 13,5 millones de Salarios Básicos Universales (equivalentes a una CBA). Con un límite de dos SBUs por grupo familiar, la cantidad de SBUs se reduciría a 11,2 millones. Si se incorporan condicionamientos socioeconómicos y patrimoniales, estimó que se otorgarán 9 millones de ingresos universales. Este programa cubriría al 33% de la población adulta (18-64 años), con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada.
El costo fiscal bruto anual del pago mensual de 9 millones de SBUs abarcaría un 2,1% del PIB. Sin embargo, si se le resta el gasto actualmente afrontado por programas que serían total o parcialmente absorbidos por el SBU (Tarjeta Alimentar, entre otros), el costo fiscal neto anual pasaría al 1,3% del PIB.
El costo fiscal neto menos el retorno fiscal generado por el propio SBU, ante la mayor recaudación por inyección de demanda, equivaldría a tan sólo el 0,9% del PIB, de acuerdo a las cuentas que realizó Hagman. Sobre este punto, el diputado nacional explicó a este medio que gran parte de la erogación estatal que se genere volverá a las arcas públicas a través de la recaudación que se genere a partir del movimiento económico que implicará. El economista propuso que el restante puede financiarse con los grandes contribuyentes. “Parte de los recursos que queremos dejar de darles a los que no necesitan podemos dárselos a los que sí”, planteó.
De hecho, el legislador no se quedó con el lema, sino que armó la cuenta fina para ver de dónde sacar lo necesario para ese 0,9% del PIB necesario. Propone que el 0,58% podría financiarse mediante una reasignación del 20% de los subsidios de tarifas de energía y transporte. El otro casi 0,3%, en tanto, mediante la creación de un nuevo tramo con alícuota marginal de 45% en el impuesto a las ganancias, para los contribuyentes con sueldos netos mensuales de más de $ 200.000 en 2021.
“Si alguien plantea que no alcanza el dinero para pagarles a todos, que por lo menos se empiece con los cuatro millones que figuran dentro del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular”, contrapropuso Juan Grabois en la disertación.
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Indigencia cero
El espíritu del proyecto se basa en que el mercado laboral contiene simultáneamente asalariados con cobertura plena de la seguridad social, asalariados que mantienen relaciones laborales precarizadas y un tercer sector que se encuentra estructuralmente excluido. Todos trabajan, aunque no todos tienen empleo, y no todos los empleos son formales. Esto se acompaña por una tendencia a la subvalorización del trabajo ejercido por este último sector.
La necesidad de garantizar un piso de ingresos para toda la población se convirtió en un tema de primer orden en la agenda pública global. Tanto la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL se pronunciaron al respecto.
“Ninguna política de ingresos resuelve por sí misma el desafío del desarrollo humano integral ni tampoco el acceso pleno al derecho a la tierra, al techo y al trabajo, pero sí proporcionan un piso de derechos imprescindible para una vida ajustada a estándares mínimos de derechos y dignidad”, plantearon desde Patria Grande. Por eso conciben al SBU de forma complementaria con políticas de fomento de la transición hacia la economía registrada, tanto por el sector público y privado tradicional, como el empleo privado promovido y economía popular organizada. De este modo, pretenden que con el tiempo se tienda a reducir la cantidad de beneficiarios y de este nuevo derecho.
Al tomar el micrófono, Grabois pidió un consenso con la oposición. En esa línea, explicó que el cambiemita Facundo Manes le confió que desde la neurociencia se demostró que “garantizar las necesidades básicas libera capacidad cognitiva para tomar mejores decisiones y elaborar un proyecto de vida”. Con el SBU se garantizará un piso de ingresos para acceder a una canasta mínima de bienes alimentarios.
Una clave del proyecto es la compatibilidad con otros programas existentes. Prevén que el SBU coexista con la AUH, pero sea incompatible con otros programas de transferencia de ingreso a la misma franja poblacional, como el Progresar, la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo. Por la Tarjeta Alimentar, esto se explica con que el salario universal reemplazaría a esta transferencia transitoria y de emergencia, estableciendo un derecho permanente en el tiempo. En el caso del Potenciar, ambos programas se complementan, dado que este consiste en una transferencia con contraprestación laboral que funciona como complemento del ingreso laboral de la persona.
“Es fundamental fijar prioridades. Tenemos entre cuatro y cinco millones de indigentes. Nuestra fuerza política no lo puede permitir”, reflexionó el diputado Federico Fagioli ante la consulta de El Destape. “La deuda con el FMI se tiene que pagar con el dinero que se fugó. Se tienen que resolver las deudas internas”, planteó.
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Grabois: “Si no se toma una medida de ingreso masivo, no hay ninguna posibilidad de que haya estabilidad política”
El militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois defendió el proyecto de ley con una intervención en la que pretendió buscar consensos con bloques opositores y criticó a los propios del Frente de Todos que no acompañan. Resaltó la urgencia de esta política al expresar que “si no se toma una medida de ingreso masivo, no hay ninguna posibilidad de que haya estabilidad política”.
A quienes se oponen les pidió que propongan otras soluciones. Por las críticas de que una inyección fiscal pueda alimentar la rueda inflacionaria, respondió que se puede redireccionar el consumo y no dárselo a las multinacionales. “Es contrafáctico plantear que la inflación es un problema del consumo, porque aunque la gente no consuma suben los precios igual. El problema está planteado por salarios, tarifas y precios”, explicó.
Ante esto, Grabois marcó una divisora de aguas dentro del Gobierno nacional entre el ministro de Economía y el de Desarrollo Productivo: “(Martín) Guzmán y (Matías) Kulfas tienen posiciones totalmente distintas en este tema”. El dirigente del MTE apuntó allí contra el titular de la cartera industrial por su negativa a aplicar el salario universal.
Ante la consulta de El Destape sobre el rol del organismo multilateral, Grabois respondió: “No es el FMI, ni en pedo ¿Vos te pensás que al Fondo le interesa que los sojeros argentinos compren departamentos en Recoleta? No les importa. Lo de la renta inesperada lo plantea el propio Fondo Monetario ¿Por qué no lo hacemos acá? Por un problema político. Lo que le falta a Guzmán es calle y formación política para defender las buenas ideas que tiene”.
“Mi crítica a Guzmán es más un problema de militancia”, aclaró. “No tiene que tener miedo de salir a defender la renta inesperada o el salario universal. Mi crítica a Kulfas es que tiene un modelo de país para la mitad de la población y lo dice explícitamente en sus papers”, lanzó el militante.
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