El debate por el salario básico universal reflotó dentro del Frente de Todos, revitalizado por Cristina Kirchner. Diputados que integran la coalición presentaron el mes pasado un proyecto para que el Estado le entregue un piso de ingresos a las familias que lo necesitan. Dentro de la alianza de gobierno hay quienes piden que se sumen como derechos, otros que exigen una contraprestación a cambio y quienes alertan que los números no cierran para aplicarla en este momento.
La semana pasada, la Vicepresidenta pidió "empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico". "Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política, pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie. Que ésta es la gran ventaja de la AUH, la independencia", señaló. En una crítica al manejo de los planes sociales, pidió que "es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben un ingreso extra poco más de un millón y no los 7 millones? Nadie me lo puede responder, que la ayuda la cobren todos".
Desde que se desempeñaba como ministro de Desarrollo Social y ahora como diputado nacional, Daniel Arroyo sostiene la necesidad de crear un ingreso universal, aunque en su caso con una devolución en forma de trabajo de parte de los beneficiarios. “Que establezca un criterio, que tenga contraprestación laboral y que también empiece a mover la economía desde abajo”, planteó.
El frente Patria Grande presentó dos meses atrás dentro del Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un salario básico universal (SBU). Sobre la posibilidad de exigir trabajo a cambio, una condición que no figura en la propuesta, el diputado Itai Hagman aclaró que consiste en “un debate abierto y hay que evaluar la mejor opción”. “El salario universal está pensado para el mismo universo que recibió el refuerzo de ingresos el mes pasado. Es una población muy heterogénea, ya que hay trabajadores informales, tareas de cuidados, cuentapropistas, economía popular. A la hora de pensar contraprestación, si se quiere imponer, hay que tener en cuenta todas estas distintas realidades, ya que no son lo mismo”, explicó el economista a El Destape.
La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, contestó esta semana que “la cuestión del salario universal se discutió en el mundo y en la Argentina también siempre fue un planteo. En realidad, ya existen planes universales, como la Asignación Universal por Hija (AUH)”. Sin embargo, planteó razones fiscales para frenar la propuesta en la actualidad: “Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina”.
La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal criticó duramente el proyecto. La exgobernadora bonaerense que ahora representa a la Ciudad lanzó: "Si hacemos eso la única manera de pagarlo es con emisión. Los más pobres, a los que queremos beneficiar, van a ser a los que más perjudiquemos, porque son los que más van a sufrir la inflación". "Sin plan de estabilización económica no hay posibilidad de disminuir la pobreza. Creo que el camino es el trabajo y no los planes", ofuscó Vidal.
El documento redactado por Hagman junto a sus colegas Natalia Zaracho y Federico Fagioli estima una población objetivo total de 11,2 millones de personas. Si se incorporan condicionamientos socioeconómicos y patrimoniales, estiman que se deberían otorgar 9 millones de ingresos universales. Este programa abarcaría al 33% de la población adulta (18-64 años), con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada.
El costo fiscal bruto anual del pago mensual de 9 millones de SBUs abarcaría un 2,1% del PIB. Sin embargo, si se le resta el gasto actualmente afrontado por programas que serían total o parcialmente absorbidos por el SBU (Tarjeta Alimentar, entre otros), el costo fiscal neto anual pasaría al 1,3% del PIB.
“La idea es que sea un ingreso universal”, aclararon desde la UTEP a este medio, donde pidieron diferenciar el Potenciar Trabajo, que es una política para cooperativas, del salario básico universal. “Los que se quieran organizar en cooperativas podrán seguir en el Potenciar pero mucho más focalizado”, propusieron. “Los cooperativistas tienen que seguir con el mismo plan actual”, respondieron.
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación, sostuvo que "hay que poner en marcha una estrategia que coloque en la Argentina la necesidad de un ingreso básico universal que actúe como piso de garantía de ingresos para el conjunto de los hogares”. Su objetivo debe ser “garantizar que ningún hogar esté por debajo de la línea del hambre de nuestro país”.
En Argentina hay en la actualidad cerca de 1.200.000 planes sociales, donde el fuerte consiste en el Potenciar Trabajo. Cristina Kirchner había remarcado como imprescindible resolver el tema de los programas, que "divide al campo nacional y popular" y "terminan enfrentando a los pobres con los pobres".
El SBU puede financiarse en una porción sustancial con el retorno fiscal que genera la inyección de ese monto en la economía, mientras que otra parte con más presión sobre los grandes contribuyentes, propusieron desde Patria Grande. “Si alguien plantea que no alcanza el dinero para pagarles a todos, que por lo menos se empiece con los cuatro millones que figuran dentro del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular”, contrapropuso Juan Grabois.
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