La inflación volvió a acelerarse en junio y no será baja la cifra de julio después del efecto que generó la salida de Martín Guzmán del gabinete. Los alimentos aumentaron 4,6% el mes pasado, lo que revivió el debate de las retenciones en medio del lockout patronal de grandes terratenientes. El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto para reducir la presión de las cerealeras sobre el dólar.
“Alimentos y bebidas” como rubro sufrió un incremento del 4,4% en mayo, mientras que subió 4,6% en junio, de acuerdo a los relevamientos del Indec. En estas ocasiones no ofició de principal motor de la inflación, que marcó 5,1% y 5,3%, respectivamente. Sin embargo, los continuas y elevadas variaciones alejan la canasta básica de los ingresos de las familias, principalmente después de la guerra de la OTAN con Rusia, que disparó a las commodities aún más que por la recuperación post pandemia.
“Desde lo técnico, el mejor mecanismo para desacoplar precios internacionales de sus efectos locales es la suba de retenciones”, aseguró en uno de sus últimos informes la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Se trata de una política que tiene menos intermediarios y más fácil operatividad.
Más aún cuando existe margen en la rentabilidad del agro para que se apliquen. En 2007, cuando los precios internacionales llegaban a máximos similares a estos, FIDE recordó que las retenciones al grano de trigo eran del 28%; hoy son del 12% y existen reintegros a pequeños productores. Sobre la harina de trigo se aplicaban derechos de exportación del 15%, mientras que ahora son del 7%.
Para la soja a granel se pagaban aranceles del 35, superiores al 33% corriente, y en aceite del 32%, también mayores al 27%. La diferencia se observa más con el maíz en grano, ya que eran del 25% y hoy del 12%. Para el maíz en harina eran del 15%, mientras que ahora del 5%. Pero la brecha es aún más cuantiosa con el girasol: en grano eran del 32%, hoy son del 7%; en aceite eran del 28%; hoy del 5%.
El Gobierno del Frente de Todos, en lugar de incrementar los derechos de exportación, optó por un camino intermedio. Los fideicomisos permiten un subsidio cruzado entre la soja cuyo destino es fundamentalmente la exportación, y los alimentos como el trigo y el maíz. Sin embargo, en lo que va del año su efecto poco sirvió para calmar las presiones alcistas de los alimentos.
Se trata de un período antes de la crisis del campo, cuando los terratenientes no cortaron rutan en protesta por ese nivel de aranceles. Con retenciones muy por debajo de las de esa época, la semana pasada armaron una protesta los grandes terratenientes. Eduardo Buzzi lo calificó como un “desfile de Juntos por el Cambio”, debido a la presencia de casi la totalidad de la plana del partido macrista. El expresidente de la Federación Agraria Argentina aclaró que los actuales "son niveles que permiten un nivel de rentabilidad para los productores". No sin autocríticas a su rol en 2008, el histórico ruralista criticó en FM La Patriada "que la Federación Agraria sea furgón de cola de una expresión que tiene que ver con la posición política me molesta mucho".
En esa misma línea, el ex director de la FAA Pedro Peretti lo describió como un paro “golpista, completamente desestabilizante, que no tiene ninguna explicación". El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto incluso precisó que la asistencia en su Entre Ríos natal fue tan flaca que "había más o menos dos manifestantes por cada periodista".
Cobrar más retenciones sin necesidad de subirlas
El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto para quitarle poder de fuego a las agroexportadoras que especulan con el tipo de cambio y darle más recursos a la AFIP de Mercedes Marcó del Pont. Propuso que el precio de los granos que se considere para el cobro de las retenciones sea el vigente a la fecha del registro de la solicitud de exportación o cuando la venta efectivamente se produjo. Que se registre el mayor precio de las dos.
Su planteo, como explicó en los fundamentos, obedece “a la necesidad de dotar al Estado Nacional de una normativa acorde a los precios a los cuales terminan concertándose estas operaciones”.
Según un informe conjunto del Equipo de Investigación Política (EDIPO) y el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el 92% de la facturación del sector agroexportador está concentrado en apenas nueve empresas: Oleaginosa Moreno, Cargill, COFCO Int. Argentina, BUNGE, AGD (Aceitera General Deheza), LDC Argentina, Molinos Agro, ACA (Asoc. De Coop. Argentinas) y ADM Agro. Para ser más precisos, el 61% se encuentra en manos de los cinco primeros.
El equipo económico que elaboró el informe demostró cómo a raíz del conflicto bélico las empresas exportadoras llevaron adelante una importante declaración de ventas “anticipadas” al momento real de la exportación, ya que previeron la futura disparada de los precios. El 24 de febrero, es decir, el día siguiente al ingreso de tropas de Rusia en Ucrania, se generó un incremento exponencial en las declaraciones juradas de ventas de aceite de soja.
Por este día, las pérdidas sólo en esa posición arancelaria (aceite de soja a granel) alcanzó unos 200 millones de dólares. Todo por la normativa vigente del decreto ley 21.453 que creó la dictadura para beneficiar a las mega corporaciones cerealeras.
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