A una semana de la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, es posible señalar que su salida intempestiva el sábado 2 de julio por la tarde implicó una serie de costos macroeconómicos que la nueva ministra encuentra hoy entre sus principales desafíos.
Lo que ocurrió, principalmente al inicio de la semana, complejizó el escenario macro y agudizó lo que venía ocurriendo en un frente financiero complicado, tras las corridas contra los títulos públicos que, pese a los buenos resultados de finales de junio, no se habían logrado aún saldar por completo.
¿Qué pasó? Las cotizaciones con ADR (títulos en la bolsa de Nueva York) arrancaron con fuerte caídas (-10%) el lunes y si bien el martes corrigieron en parte (-6%) mostrando algunas mejoras, el panorama sigue sin ser de los más positivos. Se agrega el retiro de los Fondos Comunes de Inversión T+1 y CER (-$30 mil millones el lunes) situación que se redujo bastante los días posteriores.
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A lo anterior se suma que el Banco Central (BCRA) tuvo que salir a comprar los títulos que los bancos vendieron poniendo 280 mil millones de pesos en emisión en un solo día, lo que representa casi la mitad de los aproximadamente $600 mil millones de las intervenciones que ocurrieron por la corrida anterior, vinculada a los rumores de la oposición que pronosticaban un default en pesos. En este aspecto, resulta relevante señalar que esos pesos tienen que poder canalizarse, es decir, es necesario encontrar los mecanismos para que se canalicen hacia una financiación neta del Tesoro.
Por otro lado, en materia de venta de dólares, el BCRA que había tenido una racha acumuladora de reservas asociada a las regulaciones cambiarias implementadas desde la semana pasada, tuvo que salir a vender (alrededor de 500 millones USD).
Todo ello se da, además, en un contexto donde dirigentes de la oposición, economistas ortodoxos y hasta empresarios pujan por una devaluación. Lo que debe quedar claro en este sentido es que cuando hay una devaluación no todos los sectores se ven perjudicados, hay sectores minoritarios que claramente se benefician, y son aquellos que tienen poder de fuego por la centralidad que ocupan para la acumulación de divisas. Mientras, por otro lado, el bolsillo de la mayoría de la población se ve perjudicado con una pérdida de valor del peso.
Dicho lo anterior, la principal preocupación desde el punto de vista del frente financiero, es, en el corto plazo, evitar que haya una corrección presionada por el mercado que implique un movimiento fuerte del tipo de cambio. Es decir, evitar que el ordenamiento macro sea de manera brusca y encontrar las políticas que gradualmente ordenen para continuar con los objetivos centrales de crecimiento, generación de empleo y distribución del ingreso.
En este marco, los principales desafíos son afrontar la escasez los dólares, y la administración en materia de importaciones es fundamental en ese aspecto. Se destacan una serie de medidas de la autoridad monetaria que van desde el ya existente límite en la compra de pasajes al exterior en cuotas y mediante el sistema puerta a puerta desde el extranjero, a la reciente restricción del pago en cuotas con tarjetas en los free shops para, por otro lado, impulsar la ampliación de los dólares disponibles para sectores productivos, mejorando las condiciones para la financiación de importaciones de autopartes, fertilizantes e insumos fitosanitarios, según lo anunciado.
Se agrega la cuestión urgente de cómo financiar el déficit que genera la demanda energética y la fuerte suba de los precios internacionales, sobre todo en países como el nuestro dónde la financiación se concreta en un mercado que es bastante reticente. Según la propia ministra Batakis, se avanzaría en la segmentación de tarifas, el proyecto de renta inesperada y un mejoramiento de la administración tributaria.
Finalmente, aunque sin dudas el problema más importante, aparece la necesidad de dar respuestas al proceso inflacionario en un contexto en el que la incertidumbre y la mayor especulación presionan sobre los precios con listados que promueven ya remarcaciones de hasta un 20-30%, sobre todo en alimentos, higiene y bienes de primera necesidad.
Los “aumentos preventivos” se dan principalmente por parte de actores con poder relativo en las cadenas de producción y comercialización, que detentan capacidad para fijar precios, presionar e imponer condiciones al resto, reteniendo productos y afectando el stock disponible, incumpliendo los acuerdos de precios pautados y generando incrementos que se vinculan directamente con la especulación y perjudican el acceso a la canasta básica de las y los argentinos.