El proyecto de reformal laboral que impulsa la mayoría del bloque de la UCR en Diputados y que el Gobierno apoya como parte del nuevo tratamiento de su nueva Ley Bases (ley ómnibus) tiene defectos de forma y es, en su mayoría, igual al sancionado en el mega DNU de Javier Milei de diciembre pasado, aunque introduce algunas moderaciones y endurece otros puntos, según el análisis de varios expertos.
Encabezado por Rodrigo de Loredo, el bloque radical se lo presentó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la semana pasada. La intención del Gobierno es, en principio, impulsar ese borrador o uno similar, en cualquier caso consensuado con el radicalismo, para asegurarse la aprobación de la ley ómnibus y evitar el traspié de la última vez.
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En verdad, la reforma laboral fue sancionada en diciembre pasado como parte del DNU 70/2023 de desregulación de la economía. Pero el capítulo entero fue judicializado primero por la CGT y luego por otros sectores. En febrero, la Cámara del Trabajo le dio la razón a la central sindical al declararla inconstitucional, pero el Poder Ejecutivo apeló y la decisión final se encuentra en manos de la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.
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El presidente Javier Milei apunta a asegurarse de una vez y por todas la vigencia de la normativa introducida por decreto a través de su legitimación paralela en el Congreso. Eso, a su vez, podría torcer a su favor el eventual fallo de la Corte. De hecho, su presidente, Horacio Rosatti, dijo días atrás que "hay que darle una chance a la política" antes de que el propio tribunal determine si el DNU el constitucional o no.
La iniciativa encaja bien con la postura mayoritaria en la UCR, que considera que buena parte de los cambios introducidos en el decreto son positivos, pero pidió que fueran aprobados por ley por una cuestión de forma.
Los problemas de forma del proyecto de reforma laboral
Expertos señalaron que el borrador radical es, en sus lineamientos principales, una copia de lo establecido en el DNU. "Hicieron un copy paste sin dedicarle mucho tiempo y modificaron algunas cosas puntuales", afirmó al respecto Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. En tanto, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), coincidió en que el contenido del proyecto "es prácticamente una copia del DNU".
Por eso, primero apuntaron a los problemas de forma que tiene el proyecto introducido por el radicalismo y apoyado por el Gobierno. "Lo que la UCR pretende es darle legalidad a la aberración jurídica que fue el intento de reforma laboral por un DNU", señaló Cremonte.
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"Es una norma que no está conjugada con los principios rectores generales de la ley, con lo que generará una catarata de juicios por inconstitucionalidades", consideró el abogado laboralista Sergio Omar Rodríguez. Para el propio Campos, el borrador radical es "muy deficiente en materia de técnica legislativa, al igual que el DNU".
Los cambios positivos entre el DNU y el nuevo proyecto
Los tres expertos consultados por este medio agregaron que el proyecto, al igual que el DNU, representaria un grave retroceso en materia de derechos laborales, por lo que rechazaron la idea de que se trata de una mera reforma "light". Aun así, más allá de haber sido casi calcado del decreto, aclararon que hay algunas modificaciones puntuales del nuevo texto que representan moderaciones positivas respecto al decreto.
Campos destacó que el borrador respaldado por el Gobierno "no incluye la figura del trabajador independiente con colaboradores, que estaba en el DNU y habilitaba la deslaboralización (dejar de aplicar la ley de contrato de trabajo) de aquellas personas que se desempeñan en establecimientos de hasta 5 trabajadores".
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El experto laboral de la CTA también subrayó que "se mantiene la multa por la falta de pago en términos de la indemnización por despido y se regulan multas por la falta de registro o el registro deficiente" en términos "menores que las actuales pero superiores al régimen del DNU que directamente las eliminaba".
Sergio Omar Rodríguez agregó que el nuevo proyecto no elimina directamente la indemnización por ciertas causales (trabajo no registrado, trabajo registrado en jornada parcial cuando se cumple jornada completa y registro de ingreso posterior a la fecha real) como determinaba el DNU sino que establece una disminución de su cálculo (respecto a la ley pre Milei).
Otro cambio importante que señaló Rodríguez es que el proyecto radical modifica el tiempo del período de prueba, reduciéndolo de 8 meses (como decía el DNU) a 6, aunque la legislación vigente, pre decreto, establece 3 meses.
El mismo abogado laboralista destacó que el borrador radical también hace hincapié en el reintegro de los aportes de la Seguridad Social del trabajador por parte de AFIP en casos de indemnización por sentencia firme, que en la actualidad existe pero sin aplicación de hecho.
Las modificaciones negativas entre el DNU y el nuevo borrador
Al contrario, otros cambios introducidos en el proyecto de la UCR respaldado por el Gobierno implican un mayor retroceso en materia de derecho laboral respecto a lo que establecía el DNU.
Campos advirtió de dos "retrocesos". En primer lugar, que el borrador radical establece mayores límites en el ejercicio del derecho a huelga en el caso de los trabajadores de la educación. Y, en segundo lugar, que "impone mayores obstáculos al financiamiento de las organizaciones sindicales", ya que "prohíbe los aportes convencionales a cargo de los trabajadores no afiliados y limita los aportes a cargo de los empleadores".
Para Rodríguez, el cambio "más grave" del nuevo proyecto respecto al decreto es que "se modifica el régimen extintivo a cargo del empleador, reemplazándolo por un sistema de Fondo de Cese Nacional por el cual mes a mes el empleador debe pagar un nuevo aporte para provisionar la indemnización" eventual. "Genera el caldo de cultivo para los despidos arbitrarios", afirmó.
Por último, el mismo abogado señaló que, bajo el nuevo borrador, los certificados de trabajo podrán ser entregados en un plazo máximo de 5 días, contra 30 de la legislación actual, mientras que "su falta de entrega implica la indemnización disminuida de dos remuneraciones" contra tres de la ley vigente.
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