La actividad económica, por sobre todo

Marzo culminó con muy buenos números para la actividad económica. El más contundente fue sin dudas la recaudación vinculada a los impuestos asociados al mercado interno, -la que importa para medir el nivel de actividad-, que arrojó un alza interanual de 69 puntos, es decir una suba real de casi 30 puntos. Esta mayor actividad, que tiene su correlato en el alza del empleo, se puede verificar también en estadísticas de CAME, que señaló que el mes pasado las ventas minoristas crecieron 14,4% interanual, o en otras más impactantes como las de la Cámara de Comercio Automotor, que informó una suba interanual de 65,03 por ciento en marzo en la venta de autos.

Si bien es cierto que marzo se compara con otro que en 2020 tuvo diez días de confinamiento estricto, no menos real es que los resultados forman parte de una gestión que está privilegiando el crecimiento de la actividad por sobre cualquier otro elemento, sea de demanda conservadora, como un fuerte aumento tarifario o un arreglo a la medida del FMI, como también progresista, relativo a la actualización de salarios o jubilaciones, o, más importante aún, un mayor freno a la actividad para preservar la vida de los trabajadores frente a la pandemia.

Conceptos y contextos

Resulta evidente que para la creación de empleo, y la consecuente disminución de la pobreza, resulta fundamental el aumento de la actividad económica. Y que para este proceso sea sostenido en el tiempo, es clave una macroeconomía ordenada. Estos conceptos, que determinan la actual acción de gobierno, parecen desprenderse de una política económica que combina elementos de heterodoxia, vinculados a una negociación de la deuda que permitió dar espacio fiscal para apuntalar la obra pública o subsidiar al sector pyme, con otros ortodoxos relativos a sostener en orden las cuentas públicas, que en el actual contexto también subordinó no solo ingresos sino también la protección sanitaria de muchos trabajadores.

Y es que, en efecto, el segmento mayoritario conformado por beneficiarios sociales, jubilados, y trabajadores, ven día a día un deterioro de su ingreso real, con actualizaciones que no alcanzan a compensar índices de inflación cercanos al 4 por ciento mensual. Esta realidad, que se repite por cuarto año consecutivo, es la que en gran medida está permitiendo que la macroeconomía se mantenga equilibrada, ya que la forma de sostener desde el Estado el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, requeriría de mayores erogaciones fiscales, como bonos o salarios indirectos para compensar las pérdidas, y/o un menor ritmo de devaluación del dólar oficial para frenar la inflación, todo lo cual empeoraría las condiciones macroeconómicas.

Sin embargo, tan real como que una macroeconomía ordenada es indispensable para el sostenimiento de la actividad, lo es el hecho de que el ajuste no recaiga también sobre las espaldas del grueso de la clase trabajadora, lo que en otros períodos de la historia argentina se reveló como inviable en cualquier proyecto tanto económico como político.

Ciertamente, el exhibido firme objetivo de aumentar la actividad económica para privilegiar la creación de empleo, diferencia al actual gobierno de otras experiencias conservadoras, que subordinaban cualquier decisión de política económica a una de equilibrio fiscal y monetario. Y porque, además, desde el Frente de Todos se ha buscado que esta mayor actividad se sustente también con el aporte de parte del capital concentrado, vía renegociación de la deuda, congelamiento tarifario, Aporte Solidario y Extraordinario de grandes fortunas, e incluso precios máximos para sostener la canasta alimentaria de la clase trabajadora.

Aún así, también ha tenido como otra de sus aristas la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para más de 9 millones de argentinos de bajos recursos, bonos a jubilados de la mínima que, junto al aumento del 8,07 por ciento, implica en términos reales menos de la mitad de lo que se les incrementó en el mismo lapso del año pasado, la finalización de la Asignación Estímulo al personal de Salud, o la misma apertura económica, para que los trabajadores consigan su sustento exponiéndose en medio de la pandemia. Cuestiones que podrían haberse financiado, cuento menos parcialmente, con otros elementos, como subas en retenciones, que se mantienen en índices reducidos a las del 2015 pese que los productos primarios subieron fuertemente su valor en dólares, o el pago mensual de Leliqs, 72.000 millones de pesos, que si bien son virtuales (es un canje de deuda), inmoviliza recursos en un contexto donde la inflación obedece a múltiples causas menos al exceso de demanda. Solo dos cuestiones entre múltiples que puede usar el gobierno para aliviar la cotidianeidad de la población en medio de la pandemia.

De cara a la segunda ola, es posible que este complejo equilibrio entre actividad, cuentas públicas, requerimientos al capital concentrado, y presión al grueso de la sociedad, demande modificaciones