La "torpeza" del Gobierno, como definió el gobernador Ignacio Torres, se dejó ver con claridad en el artículo del proyecto de ley ómnibus que promueve la privatización de empresas de gestión pública. El sesgo privatizador se observa en dos casos puntuales: YPF y el Banco Nación. Las dos empresas ganaron plata en 2023, a diferencia del "maldito" déficit que rechaza el gobierno de Javier Milei, y sus planes de negocios no presentan problemas gravosos para el Estado, sino todo lo contrario.
El artículo 8 del proyecto realiza la declaración de “sujeta a privatización” en los términos de la ley 23.696 de Reforma del Estado. Esa referencia remite a la delegación de aquella ley para la implementación del procedimiento privatizador. Dado que la ley 23.696 agotó sus efectos y plazo, correspondía -en caso de quiera emprender un nuevo procedimiento privatizador- regularlo específica y nuevamente.
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Mediante el artículo 9, se faculta al Poder Ejecutivo a vender participaciones accionarias en cualquier empresa que no tenga la mayoría accionaria o el control de la misma. A contramano de lo que pregonan los exponentes económicos del Gobierno, gran parte de estas empresas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía. Su venta significaría la habilitación de negocios nuevos o la ampliación de los existentes para el sector privado.
Periodo de liquidación: YPF y el BNA en cifras
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política (CEPA), los ejemplos paradigmáticos son YPF y el Banco Nación, que lejos están de ser empresas deficitarias y son centrales para sus sectores. En 2023, YPF ya registró U$S 3.000 millones (sólo en nueve meses), y tiene reservas abultadas que superan ampliamente el juicio buitre por U$S 16.000.
La suma de recursos y reservas de YPF, tanto de petróleo como de gas, asciende a U$S 310.500 millones. A esto habría que añadirles las reservas y recursos a descubrir en la formación Palermo Aike y en las áreas Off Shore. Las cifras son inalcanzables.
El Banco Nación, por su parte, se acerca a un resultado en 2023 en torno a $ 700 mil millones y tiene más de $ 13 billones en depósitos públicos y privados codiciados como fondeo por la competencia. Precisamente, el 15 de diciembre, la calificadora de riesgo FIX SCR perteneciente al Grupo Fitch otorgó al BNA la máxima calificación a corto plazo (A1+) y la segunda mejor calificación a largo plazo (AA) con perspectiva estable.
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Los factores de la calificación fueron contundentes: Franquicia dominante (18,7% depósitos y 17,8% de los préstamos totales del sistema), buena rentabilidad ("a septiembre 23 el flujo operativo mejoró 88% interanual" sostiene el reporte), razonable calidad de activos dada la atomización de la cartera, razonable cobertura con previsiones, adecuada liquidez (activos de alta liquidez son el 48% de los depósitos), mejora en su capitalización (21% activos tangibles).
Además, en el capítulo VIII del DNU se modifica la ley de Depósitos Judiciales en los Tribunales Nacionales y Federales respecto del BNA (Ley 26.764). Esta decisión le quita la exclusividad al Banco Nación sobre los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país donde se efectuaran, permitiendo elegir un banco, a elección de los tribunales, donde el Estado nacional o provincial tenga participación accionaria. El impacto sobre el BNA sería sustancial.
"Queda claro que, especialmente en los casos de YPF y BNA, que, si la idea es venderlas, no es por registrar déficit, sino porque son un gran negocio para uno o varios privados", sentenció el informe del CEPA. Otro caso comparable es el de Aerolíneas Argentinas, que en 2023 arroja ganancia de U$S 32 millones y su servicio en la conectividad de cabotaje permite que existan 21 ciudades sólo con vuelos realizados por la aerolínea de bandera, y que dejarían de existir con la política de cielos abiertos: Resistencia, Rio Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Rio Grande, Rio Hondo, Rio Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista, Mar del Plata, Esquel y Merlo.
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¿Y el resto de las empresas públicas? Si la intención es que el Estado abandone la inversión en infraestructura estratégica como el gasoducto Néstor Kirchner, en cloacas y agua potable y en nuevas vías férreas para trenes de carga y pasajeros, desde ya, tanto IEASA (ex ENARSA) como AYSA y Trenes Argentinos dejarían de tener sentido. Estas empresas representan el grueso de las transferencias del Tesoro (el 90% del punto de PBI que supone el total del déficit de empresas públicas).
Además, ello incluye transferencias de capital y no sólo para financiar gasto corriente. Por todo esto, la venta de estas empresas al sector privado significaría la pérdida de estos servicios esenciales.
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