Finalmente, el Gobierno vendió la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), una compañía clave para el desarrollo de energías renovables, hidráulica y nuclear. La firma estadounidense ARC Energy presentó la única propuesta para comprar las acciones estatales y será quien defina el destino de más de 700 puestos de trabajo. La sociedad conformada entre La Libertad Avanza y el radicalismo mendocino dio sus frutos y se deshizo de la compañía.
Este jueves se realizó la apertura de sobres con las ofertas económicas en la sede de la Secretaría de Coordinación de Producción. El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y la provincia de Mendoza, que poseen el 63,7% y 21,2% del capital social, respectivamente, pusieron a la venta oficialmente la totalidad de sus acciones clase C de IMPSA, que conforman el 84,9% del capital social.
El único oferente fue el grupo norteamericano ARC Energy, nacida en 2011 y especialista en brindar soporte operativo a la industria del petróleo y del gas. Su CEO, Jason Arcenaux, incluso recorrió las instalaciones de la empresa nacional en dos oportunidades (en mayo y en junio). Con sede en Houston, había sido la primera en presentar un plan de capitalización, a pesar de que el Gobierno esperaba una participación de más empresas internacionales en el proceso de licitación. Aunque un grupo de firmas se hicieron de los pliegos -provenientes de Europa, Brasil y Chinas- ARC Energy elevó una oferta formal.
La licitación exige una capitalización mínima de 25 millones de dólares, que será desembolsado por ARC Energy. Se trata de un requisito de inversión con el objetivo de garantizar el cumplimiento de contratos con empresas, operatividad de la compañía y el cumplimiento de las obligaciones de pago.
“Impsa es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”, había afirmado Arcenaux en julio, cuando posó sus ojos en Mendoza.
Del 5 al al 15 de noviembre es el lapso de dictamen de evaluación de ofertas, con base en el orden de mérito. La misma tiene carácter de recomendación de adjudicación, por lo cual no es vinculante. El 30 de noviembre es la fecha de publicación de la resolución de la adjudicación y del 8 al 10 de diciembre es el límite para la firma del contrato de compraventa con el adjudicatario. "No creo que pase nada que evite que se la queden", afirmó un exfuncionario cercano a la empresa.
Crónica de una venta anunciada
A contramano del discurso que pretende imponer el Gobierno sobre un supuesto despilfarro de dinero, durante el último tramo de la gestión del Estado nacional y provincial se cumplieron los objetivos de aumentar la facturación de la empresa. En una asamblea de accionistas desarrollada en marzo, el Estado designó como gerente general de IMPSA a Horacio Aldo Chighizola, un ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri. Según consta en las actas presentadas ante la Comisión Nacional de Valores, el funcionario ya había anticipado las intenciones de vender las acciones dentro de la metalúrgica.
En septiembre, Mendoza había dado un paso clave hacia la privatización de IMPSA, tras la aprobación en el Senado provincial de una ley que autorizó la cesión de sus acciones. La descapitalización -adrede- por parte del Estado nacional asfixió las cuentas de la empresa hasta el punto de prever que la oferta de compra podría ser cero, o tal vez un puñado de millones de dólares. Esto se debe a que IMPSA era requerida por distintas áreas estatales para concretar trabajos que ahora son inexistentes por el fuerte ajuste que ejecuta el Gobierno en todas sus dependencias de influencia.
La consecuencia es una crisis deficitaria que complica la cadena de pagos interna, sumada a compromisos de deuda generados previo a la intervención estatal. Los compromisos ascienden a 500 millones de dólares, aproximadamente.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizarla, en un intento por salvar la empresa de la quiebra y preservar los más de 700 puestos de trabajo que generaba. En ese momento, el Estado adquirió el 63,7% de las acciones, inyectando 15 millones de dólares para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros cinco millones para asegurar su participación en la estructura accionaria.
Cerrar sesión