Javier Milei recortó uno de cada cuatro pesos a Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires es la más castigada por la reducción de transferencias nacionales y en el primer semestre del año perdió uno de cada cuatro pesos que le correspondía recibir, según un trabajo que realizó la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. La política de ahogo fiscal no le dio resultado a la gestión de Javier Milei y la provincia gobernada por Axel Kicillof logró cerrar el semestre con superávit primario, mientras amplió el gasto social y llevó adelante obras de infraestructura.

La otra provincia castigada fue La Rioja, con un recorte de 23,7%, que obligó a la gestión de Ricardo Quinquela a emitir una cuasimoneda, los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), conocidos como “Chachos”. En el otro extremo, los distritos que menos ingresos nacionales perdieron fueron San Luis (14,1%), San Juan y Jujuy (14,3), Chubut (14,4%), mendoza (14,6%) y Catamarca (14,9%)

La Ciudad de Buenos Aires solo perdió el 16,8% de las transferencias nacionales en el primer semestre del año respecto del mismo período de 2023. En el primer semestre las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales crecieron 206,8% a/a en términos nominales, lo que implica una reducción real de 18,7% ajustadas por inflación.

Pero no fue todo parejo, las transferencias automáticas se contrajeron 12,2%  en términos reales y la mayor caída (-50,1%) se verificó en los giros vinculados a leyes especiales (asignaciones específicas de impuestos que no conforman la masa coparticipable), según el trabajo de la Oficina de Presupuesto. Las transferencias no automáticas mostraron una caída nominal de 52%, lo que se traduce en una contracción real de 87,1% en la comparación interanual.

Las dos provincias más castigadas por la gestión de Javier Milei son las que lideran gobernadores peronistas y con alta exposición en el debate político, Buenos Aires y La Rioja. El mayor distrito del país, liderado por Kicillof, perdió 24,9% de las transferencias que les correspondía recibir a lo largo de los primeros seis meses del año, en un intento del gobierno nacional de estrangular financieramente a la gestión bonaerense para obligarla a aceptar las políticas nacionales.

La decisión de las empresas YPF y Petronas de elegir el puerto de Punta Colorada en la provincia de Río Negro para construir una planta de gas natural licuado (GNL), en lugar de Bahía Blanca, es considerada también un castigo. Kicillof dijo que se trató de una decisión “caprichosa” del presidente Javier Milei a quien responsabilizó de tomar esa determinación en función de las próximas elecciones.

Buenos Aires perdió 13,9% de ingresos por transferencias automáticas y 80,5% de las transferencias no automáticas, demostrando la discrecionalidad de las decisiones nacionales. Siempre en términos reales, la caída de fondos por coparticipación federal fue de 8,8%; por asignaciones específicas 48,3%, por otras transferencias automáticas el 39,3%.

En transferencias no automáticas, las caídas fueron de 73,6% para educación y de 87,2% para el Fondo de Incentivo Docente; de 57,1% para salud y 98,8% para infraestructura de saneamiento ambiental. Y directamente no recibió ningún fondo correspondiente a ATN, para políticas alimentarias, por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y para la caja previsional.

En ese contexto de ahogo nacional, la gestión de Kicillof cerró el sprinter semestre del año con un “moderado superávit primario y un déficit financiero sostenible”, según un informe del ministerio de economía que conduce Pablo López.

Además, el gobierno bonaerense anunció esta semana un aumento del 25% en 17 programas alimentarios y sociales. Entre otros los programas de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) alcanzan un incremento presupuestario del 142% acumulado en el año y la inversión mensual de ambos supera los $67.000 millones.

Otros 15 programas sociales acumulan un incremento del 120% en 2024, entre ellos: Unidades de Desarrollo Infantil, Centros Juveniles, Envión, CASA, Barrios Bonaerenses, etc. En La Rioja, en cambio, la gestión de Quinquela apeló a la circulación de una cuasimoneda para compensar la caída de ingresos y buscar dar estímulo a la economía local. En julio se emitieron unos $50 millones en cuasimonedas y en agosto serán unos $3000 millones.

Quintela tiene autorización para emitir cuasimonedas por $22.500 millones, de los que 30% se pueden destinar al pago de los salarios de los empleados públicos. Según la reglamentación emitida por la provincia, los papeles sirven para comprar “cualquier producto en comercios adheridos y pagar servicios e impuestos provinciales”.