La regla fiscal de déficit cero que Javier Milei incluyó en el Presupuesto 2025, que presentó esta semana, trae una incómoda comparación con el contexto de mediados de 2001 cuando se aprobó la Ley de Déficit Cero para el presupuesto de aquel año. Así lo recordó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que se difundió este jueves, al que accedió El Destape. En ese sentido, la presentación advierte que la "regla fiscal" establecida por Milei "es una reedición de la regla de 'déficit cero' de la ley 25.453 del año 2001", que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
La regla fiscal de Milei para el Presupuesto 2025 determina que no puede haber déficit financiero, es decir, que cuando al resultado fiscal primario se le agregue el pago de los intereses de la deuda igualmente el resultado debe seguir siendo "equilibrado o superavitario". En otras palabras, primero se debe calcular cuánto hay que pagar de intereses de la deuda para después calcular de cuántos recursos dispone el Estado para la administración pública.
Formalmente, el proyecto de ley enviado por Luis Caputo al Congreso señala en ese sentido: "Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero".
De manera similar, la Ley de Déficit Cero sancionada a fines de julio de 2001 estableció: "Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios".
El CEPA señaló que la regla fiscal de déficit cero de Milei y la Ley de Déficit Cero de 2001 tienen varios puntos en común:
- Objetivo: equilibrio presupuestario.
- Medios: la caída de recursos previstos en el presupuesto habilita, en tanto se provoque un desequilibrio, la reducción del gasto proporcionalmente.
- Vigencia: para todos los ejercicios presupuestarios, sin detalle. Se modifica en ambos casos la ley 24.156 de Administración Financiera de manera permanente.
Aun así, el informe también remarcó algunas diferencias, entre ellas:
- Ámbito de aplicación: 2001 a todos los poderes. En 2025 aplica sólo a SPN.
- Resultado de la medida: 2025 prevé que se alcance equilibrio o superávit. 2001, solo equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios, sin aclarar resultado fiscal o financiero.
- En 2001 se estableció el criterio de resultado fiscal, mientras que en el Presupuesto 2025 es el resultado financiero.
La inconstitucionalidad de la Ley de Déficit Cero de 2001
El informe del CEPA recordó que aquel artículo de déficit cero de la ley 25.453 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el fallo “Tobar” de 2002. En ese caso, se revisó la constitucionalidad de la medida concerniente al recorte de salarial de un empleado público.
La Corte Suprema consideró, en ese momento, que la Ley de Déficit Cero implicaba un exceso de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo y que no cumplía con los términos propios de una medida de emergencia, en tanto no contenía una pauta temporal concreta de vigencia.
En este sentido, el informe del CEPA explicó que "la 'regla fiscal' (de Milei para 2025) es, así, ante todo un instrumento de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo. Si un presupuesto consistiera en una planificación seria de ingresos y egresos, el Congreso no debería permitirle al Poder Ejecutivo que vaya corrigiendo los números como le resulte más cómodo. Por eso, la 'regla fiscal' supone, además de mayor discrecionalidad, una generosa delegación de facultades por parte del Congreso al Poder Ejecutivo para que cambie -o corrija- este presupuesto".
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