Pobreza infantil: destacan el rol de las prestaciones sociales y los desafíos para sostenerlas y mejorarlas en el tiempo

En el primer semestre de este año, según datos oficiales, al menos 7,4 millones de niños vivía en condiciones de pobreza (57% del total) y 1,8 millones padecía pobreza extrema (14,3% del total). Frente a esta dura realidad, un informe presentado este martes puso el foco en el rol central del Estado para mejorar las políticas existentes, en la necesidad de prestaciones que permitan cubrir la canasta básica de alimentos y en los desafíos para alcanzar a "la franja etaria de 15 a 17 años que suele quedar afuera". 

La investigación “Crecer sin pobreza” fue realizada por ACIJ y el colectivo Infancia en Deuda, y analizó las políticas de transferencia de ingresos, sin las cuales “hoy la pobreza sería casi 3 puntos más alta y la pobreza extrema 10 puntos más alta”, en tanto que también se destacó que la importancia de que políticas como el Programa Alimentar pueda ser aprobado por ley del Congreso para “asegurar su continuidad y estabilidad” en el tiempo.

A contramano de las propuestas electorales que apuntan a “achicar” las estructuras del Estado, despedir trabajadores públicos y reducir las estructuras destinadas a educación, salud y políticas sociales, este informe deja en evidencia los desafíos presente y futuros para fortalecer las prestaciones ya existentes, así como lo clave de "eliminar estigmatizaciones que recaen sobre algunos sectores poblacionales". En la presentación de la que participó este medio las organizaciones que llevaron a cabo la investigación anticiparon que esperan poder acercarles sus propuestas a las y los candidatos presenciales en los próximos días. 

Problemática estructural

“Los índices de pobreza son más elevados entre niños, niñas y adolescentes que si se toma la población en su conjunto, y los hogares con niños son más pobres que aquellos conformados solo por personas adultas”, señalaron en la presentación del informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Infancia en Deuda. La investigación buscó generar un diagnóstico sobre este problema estructural así como promover un conjunto de propuestas que hacen foco en el refuerzo de política públicas para revertir la pobreza infantil.

Según los datos presentados, 7,4 millones de niños crecen sin acceso a derechos básicos y se encuentran en situación de pobreza (equivale al 57% del total de niños de 0 a 17 años) y 1,8 millones padecen pobreza extrema, es decir, crecen sin la alimentación mínima (equivale al 14,3% del total de niños de esa franja etaria). La información, que toma como base el relevamiento sobre la Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia del INDEC al primer semestre del 2023, da cuenta de “la necesidad de instalar la problemática en la agenda pública y de lograr compromisos por parte de candidatos políticos”, destacaron. 

Además se mencionó que, de acuerdo con información de UNICEF, “entre 2017 y 2022 la pobreza infantil aumentó 8,4% y la pobreza monetaria extrema 2,7%”, resaltando que “hay tres grupos particularmente afectados por esta situación”. Al respecto desde ACIJ sostuvieron que es necesario poner el ojo en las y los adolescentes de entre 10 a 17 años ya que registran niveles de pobreza más elevados, llega al 54,5% (diez puntos por arriba del grupo de 0 a 3 años) en tanto que otro grupo se vincula con aquellos niños y adolescentes que viven en hogares de barrios populares: el 79,1% sufre pobreza y el 24,5% pobreza extrema, duplicando a quienes no residen allí, y se suma la situación de niños que viven en hogares monomarentales, donde el 58,6% crece en situación de pobreza y 21,7% en contexto de pobreza extrema.

Sobre este último punto, el informe “Endeudamiento, género y cuidado en Argentina” elaborado por el Ministerio de Economía nacional y la CEPAL, mostró que los hogares encabezados por mujeres “el 60% reportó haber recurrido a financiamiento, en sus distintas formas, frente a un 50% de los hogares sostenidos por varones” en tanto que la situación se agrava aún más en aquellos hogares con responsabilidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes donde “el 73% del endeudamiento se destina a la compra de comida y medicamentos, 7 de cada 10 arrastra atrasos en los pagos de deudas o de servicios, y casi la mitad destina todos sus ingresos para hacer frente a sus deudas o sostiene que sus ingresos le resultan insuficientes para afrontarlas (el 46,2% de los hogares encabezados por mujeres)”. 

Las autoras del informe presentado este martes indicaron también que la evolución de la pobreza infantil en hogares pobres del país mostró una marcada aceleración desde el segundo semestre del 2018, que continuó a lo largo del 2019 y se agravó con la crisis por la pandemia, en tanto que desde el segundo semestre del 2021, con la recuperación de la actividad económica y el empleo, comenzó a descender aunque, como se dijo anteriormente, continúa en niveles elevados.

Rol del Estado

El informe “Crecer sin pobreza” se propuso también analizar la implementación de las políticas sociales adoptadas por el Estado en estos años. En una coyuntura donde candidatos presidenciales como es el caso del libertario Javier Milei (La Libertad Avanza) proponen “achicar el Estado” mediante la eliminación de ministerio y áreas estratégicas, y el acceso a educación y salud según la propia capacidad de pago, esta investigación destacó el rol del Estado para llegar a los sectores de la población más relegados, ya que las políticas públicas destinadas a la niñez garantizan derechos básicos constitucionales y son clave para la provisión de servicios esenciales como educación, salud, agua, cloacas, entre otros.

Puntualmente al estudiar cuáles fueron las respuestas del Estado, desde ACIJ se focalizaron en tres sistemas de transferencias de ingresos a familias con niños: la Asignación Universal por Hijo (AUH) que abarca de 0 a 17 años de edad y está destinada a familias que trabajan en la informalidad o están desocupadas. El monto actual es de $17.093 (el 80% se cobra de manera mensual y el 20% restante tras la presentación de certificados de educación y salud), en la Prestación Alimentar, destinado a familias con hijos de 0 a 14 años que cobren AUH, con montos que varían por cantidad de niños (familia con un hijo $22.000, con dos hijos $34500 y con tres o más hijos $45.500) y las asignaciones familias que cobran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o con seguro de desempleo con hijos de entre 0 a 17 años, para el rango de ingresos hasta $ 264.703, el monto es de $17.093. 

Desde el centro de investigación consideraron que “si bien no son por si solas suficientes para eliminar la pobreza” estas transferencias “han demostrado que tienen impactos positivos”. Y puntualizaron que de acuerdo a datos de este año de UNICEF, “sin las políticas de transferencias la pobreza infantil seria casi 3 puntos más alta y la pobreza extrema 10 puntos más alta”. 

Asimismo, marcaron los problemas que identificaron en su implementación. “Por un lado son insuficientes, ya que las prestaciones hoy no alcanzan para cubrir una Canasta Básica Alimentaria (CBA) -se toma de referencia el valor para un adulto equivalente que en agosto fue de $42.262- y creemos que se debería garantizar el acceso mínimo”, expresaron. Según los datos relevados las diferentes prestaciones sociales estudiadas cubren cada vez menos porcentaje del total de una CBA: 

• AUH más Programa Alimentar (0 a 14 años): cubría el 94,7% en 2021, bajó al 85,6% en 2022 y al primer semestre 2023 se ubica en 77% (caída interanual del 8,6%)
• AUH (15 a 17 años): cubría el 47% en 2021, bajó al 43,6% en 2021 y en el primer semestre 2023 fue el 37,5% (caída interanual del 6,1%)
• Asignación familiar -rango 1: cubría el 59,8% en 2021, bajó al 75,1% en 2022 y en el primer semestre 2023 descendió al 37,9% (caída interanual del 37,2%).

También se señaló “la regresividad de estas políticas ya que no siempre quienes tienen menos recursos reciben más ayuda por parte del Estado, se observa en que las familias con más hijos reciben menor monto de Prestación Alimentar” y que “algunas regulaciones son discriminatorias como las condicionalidades para el cobro de AUH que son cuestiones que se piden solo a ese sector poblacional y no a otros”. Según sus estimaciones, “hay todavía 1.400.000 de niños, niñas y adolescentes excluidos de toda prestación social, debido a cuestiones migratorias y a suspensiones de prestación por falta de presentación de libretas”, entre los principales motivos señalados.

Propuestas y desafíos

Ante la prensa las investigadoras dieron a conocer una serie de propuestas de política pública que, según comentaron, esperan poder acercarles a las y los candidatos presenciales en los próximos días. 

Una de ellas tiene que ver con incrementar el monto de la AUH, “creemos que hay que ir hacia una mayor protección social para niños y niñas de menores ingresos y para eso proponemos que cada niño que tiene AUH y el primer tramo de Asignaciones familiares (6,5 millones) reciba una prestación que llegue a cubrir la canasta básica alimentaria”, según indicaron el costo fiscal de esta medida a valores de 2023 sería de $1,2 billones, lo que equivale al 0,7% del PIB y al 3,4% del presupuesto, “es un gasto menor que lo que el Estado deja de percibir por no cobrar impuesto a las Ganancias al Poder Judicial”, advirtieron. 

En segundo lugar aunque relacionado, propusieron “Unificar AUH y que cada niño que la percibe (4,2 millones) también reciba Prestación Alimentar”. En este caso de esta política sería de $622.228 millones, equivale al 0,4% del PIB y a 1,7% del presupuesto. Y en tercer orden sumaron como necesario “una mayor jerarquización de la Prestación Alimentar, incorporando a la franja etaria de 15 a 17años, con actualización por fórmula trimestral, y sobre todo que se apruebe por ley del Congreso para asegurar su continuidad y estabilidad”. El costo fiscal sería de $255.087 millones, equivale al 0,1% del PIB y a 0,7% del presupuesto.