Desde el regreso de la democracia a la Argentina, solo la gestión de los Kirchner logró el doble cometido de efectuar un descenso en los índices de pobreza y desempleo en relación al momento de asunción. Así se desprende de las estadísticas del Banco Mundial que se pueden ver aquí y aquí.
Sucede que a diferencias de las experiencias económicas diagramadas en conjunto con el FMI y llevadas adelante durante el segundo tramo del gobierno alfonsinista, el menemismo, y las alianzas UCR-Frepaso y Pro-UCR, existió la decisión política de subordinar la economía a los objetivos anteriormente señalados, es decir la reducción de la pobreza y del desempleo, paralelamente a la mejora de los salarios y jubilaciones reales. Para tal objetivo, se utilizaron herramientas heterodoxas no avaladas por el FMI, las cuales podían incluir tanto la expansión de la emisión y el gasto público como el cierre de importaciones, restricciones de acceso a las divisas, congelamiento tarifario, o programas de estímulo a la industria y el empleo, entre muchas otras variables.
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Un modelo claramente diferente, sino opuesto, al neoliberal, en donde la política y la sociedad se subordinaron a algunos lineamientos de la macro, como el equilibrio fiscal primario a través del descenso del gasto público sin mayores impuestos a las clases altas, junto a un continuo endeudamiento externo para evitar que dicho descenso del gasto sea políticamente inviable. Que la pobreza y/o el desempleo aumentaran en todos estos gobiernos, resultó lógico por el hecho de que su prioridad nunca fue intervenir en estas variables, sino lograr estabilizar la macroeconomía sin afectar al capital concentrado.
La política económica del Frente de Todos comenzó en la línea del kirchnerismo, pues la prohibición de despidos, los bonos a jubilados, trabajadores y beneficiarios de la AUH, la tarjeta alimentaria, la gratuidad de los medicamentos para la clase pasiva, la baja y postergación de los créditos ANSES, el programa de Precios Cuidados de consumo masivo, o el congelamiento tarifario y de transportes, tenían como eje una mejora en los índices sociales por sobre las cuentas macro. La pandemia profundizó este intervencionismo estatal y heterodoxo, aunque debe señalarse que estas políticas fueron más en línea con las adoptadas a nivel global y por gobiernos de distintas ideologías.
Sin embargo, si bien la pandemia está lejos de finalizar, en los últimos dos meses se comenzó a percibir un escenario en el que salarios, jubilaciones y programas para enfrentar a la pobreza parecieron dejar de ser prioridad, para volver a enfocarse en la corrección del déficit. Y es que los aumentos del 10 por ciento en las naftas en enero, de más del 9 por ciento en alimentos acumulados entre diciembre y enero, así como la finalización del IFE y el ATP junto al anunció de finalización parcial del congelamiento tarifario, solo tuvieron como correlato, en cuanto a medidas extraordinarias, un aumento del 50 por ciento en la tarjeta Alimentar para 1 millón y medio de beneficiarios, sobre un universo de 24 millones de trabajadores y jubilados.
Resulta evidente que, como sucede en el mundo, ninguna política podría pensarse como definitiva. Sin embargo, el giro observado parece ser necesario de atender, en un gobierno integrado tanto por funcionarios que, como en el pasado, poseen la decisión política de privilegiar los índices sociales, y otros que, por el contrario, se encuentran más alineados en la búsqueda del equilibrio monetario y fiscal por sobre cualquier otra variable social. Una combinación que explica las políticas de los últimos meses con la reciente reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que demuestra que el costo del equilibrio fiscal, por lo menos el año próximo, incluirá también a los sectores más acomodados de la sociedad.
El equilibrio, claro está, resulta indispensable, pero el desafío de un gobierno que pone foco en los índices sociales, en palabras del diputado Máximo Kirchner, es que sus números “cierren con la gente adentro".