La caída en la venta de alimentos marca un límite en la pulseada con el capital concentrado

A esta altura, resulta evidente que el lineamiento progresista del gobierno en materia económica, logra plasmarse solo cuando su aplicación no entra en colisión con las fuerzas de derecha, instancia en la que aún el Ejecutivo solo ha exhibido como logro relevante la positiva renegociación de la deuda con el poder financiero privado.

En efecto, en lo referido a su gestión técnica-económica, durante la semana el Banco Central adquirió otros 400 millones de dólares, con lo en lo que va del año suma adquisiciones por más de 4.000 millones de dólares, una de las razones que permitieron sostener la estabilidad del dólar pese a su mayor demanda para importaciones, las cuales crecieron en marzo un 68 por ciento interanual, para totalizar en 5.320 millones de dólares.

Esta suba importadora, determinante para una industria argentina que desde la última dictadura se convirtió en absolutamente dependiente de los bienes de capital (maquinaria) e insumos extranjeros, es una de las razones que le permitió al sector productivo crecer interanualmente en el primer trimestre de este año, es decir frente a la etapa pre-pandemia, un 4,3 por ciento, según a el Centro de Estudios del Ministerio de la Producción. Y siendo la industria el principal sector mano de obra intensiva, es decir dadora de empleo, resulta lógico que haya aumentado la tasa de ocupación, aunque de todas formas, con el objetivo de seguir cuidando el trabajo argentino, el gobierno decidió prorrogar la prohibición de despidos hasta el 31 de mayo.

Son las consecuencias de un claro giro en la política económica, que viró del modelo neoliberal de valorización financiera llevado adelante durante la gestión de la alianza Cambiemos, a otro centrado en la producción y el trabajo, con control sobre los movimientos financieros y diversos estímulos y protección al sector industrial.

Sin embargo, tal como sucedió en su momento con Vicentín, o recientemente con el DNU de contención sanitaria, que fue ignorado en gran parte por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estas políticas favorables a las mayorías suelen encontrar un límite cuando tocan intereses de la derecha local. Si ello obedece al límite infranqueable que poseen los poderes fácticos de la Argentina, muy apuntalados durante la gestión macrista, a una falta de decisión política del actual gobierno, o a una combinación de ambas, es materia de los expertos. Pero lo cierto es que diversas políticas económicas, aun cuando sus intenciones vayan en línea con el contrato electoral, parecieran tener poco impacto en las mayorías.

Es de hecho lo que está sucediendo con el continuo deterioro de salarios, jubilaciones, y planes sociales, a causa de aumentos generados en parte por oligopólicas cadenas de producción y distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, sobre las que el gobierno no ha tenido mayores logros en su intervención. En el centro de las mismas se encuentran los productores de materias primas, que por estos días están viendo un muy fuerte crecimiento de sus ganancias, movidas tanto por movimientos especulativos de un dólar débil, como así también por la mayor demanda de Oriente, cuyo correlato es la inflación en los precios de su producción, con un impacto también local. Se trata de un sector favorecido no solo por el aumento en el año de un 50 por ciento promedio del valor en dólares de sus exportaciones, sino también por la suba de un 60 por ciento del dólar oficial, que dispuso el gobierno desde su llegada hasta febrero último. Sin embargo, las retenciones solo aumentaron un promedio de 6 puntos porcentuales en el caso de la soja, y en términos generales las mismas se encuentran en niveles similares a las que dispuso el macrismo luego de haber rebajado fuertemente las legadas por el gobierno de Cristina. Mientras que en el caso de la carne, solo se profundizaron controles a su exportación para evitar la fuga de divisas, así como la promoción de una serie de cortes populares en algunos días para determinados supermercados y nuevas disposiciones de troceo para efectivizar la llegada de estos cortes a las carnicerías, nada de lo cual impidió que durante el primer trimestre de este año su consumo fuese el más bajo de los de los últimos 18 años, según la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra).

De hecho, según la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) la venta de alimentos y artículos de primera necesidad en general sufrió en marzo una baja interanual del 33,1 por ciento, más allá de que la comparación haya sido con un mes que incluyó un mayor aprovisionamiento por parte de una sociedad atemorizada por la llegada al país del Coronavirus.

Esta imposibilidad en franquear los límites impuestos por los sectores del capital concentrado y la derecha política, no solo están generando un fuerte empeoramiento en la calidad de vida de las mayorías en la actualidad, sino que ponen en duda la efectividad de otras políticas anunciadas esta semana, como la implementación de la Prestación Básica Universal (PBU) para que tres millones de usuarios puedan acceder a en un plazo de 30 días a los de internet y telefonía con tarifa social, o el acuerdo llegado con fabricantes de electrodomésticos nucleados en la cámara AFARTE, para congelar cuatro rubros de consumo masivo hasta el 31 de octubre, siendo además que tanto las empresas de telecomunicaciones como los grandes centros comerciales incumplieron el año pasado resoluciones y acuerdos de congelamiento de precios.

De cara a la segunda ola, resulta difícil no advertir el compromiso del Ejecutivo por llevar adelante una política centrada en el cuidado sanitario antes que en la creación de riqueza, así como también favorable a la redistribución del ingreso. Es su ejecución, la que determinará el nivel de distancia entre el gobierno y una derecha que apuesta en sentido contrario