El proyecto de monotributo tecnológico, que procura regularizar la situación de los profesionales que desde Argentina trabajan para empresas del exterior, inició su trayecto legislativo en el Senado nacional, que si lo aprueba sin modificaciones quedará convertido en ley.
La Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi) espera en el tratamiento legislativo exponer su opinión contraria a la iniciativa por considerar que pone a las compañías nacionales del sector en desventaja respecto de las radicadas fuera del país en la competencia por la contratación de recursos humanos especializados.
"El monotributo tech pone una desventaja entre las empresas que están radicadas en la Argentina y quienes están afuera; además precariza el mercado laboral en el país", sostuvo hoy el titular de la Cessi, Sergio Candelo, en diálogo con Télam.
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La propuesta busca regularizar la situación de al menos 30.000 trabajadores de la economía del conocimiento (software, servicios profesionales, biotecnología, nanotecnología, industria audiovisual, etc).
Desde la Secretaría de la Economía del Conocimiento, promotora de la iniciativa, se destacó que el nuevo Régimen Tributario Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, "promueve el desarrollo de la actividad de profesionales autónomos y talentos de distintas ramas basadas en el conocimiento que hoy exportan servicios al exterior".
En su momento, el entonces titular del área Ariel Sujarchuk aseguró que "desde el Estado se tiene que dar una herramienta clara y simple para que las personas que trabajan para el exterior puedan facturar sus servicios de manera simple con acceso al sistema tributario nacional".
Desde la industria marcaron que un trabajador que adhiera al monotributo tecnológico cómo está previsto en el proyecto termina aportando al fisco $376.164,00 anuales mientras que un trabajador en relación de dependencia en una empresa radicada en el país aporta $13.637.060,24.
En ambos casos se consideró ingresos por el tope previsto en el proyecto que es por US$ 30.000 anuales, con un dólar oficial a $227 y un dólar MEP por $447.
Uno de los defensores del proyecto en la Cámara de Diputados fue el entrerriano Marcelo Casaretto, quien sostuvo que las empresas se oponen al proyecto porque "ellas quieren vender servicios en dólares y a los trabajadores les pagan en pesos", y que "este mecanismo permite que los profesionales vendan en forma directa sus servicios al exterior".
La cifra de US$ 30.000 surgió de la evaluación de la cantidad de profesionales que dejaron de trabajar en las empresas en relación de dependencia y no volvieron a registrarse bajo ninguna modalidad de contratación entre 2020 y 2021.
La industria de software en Argentina la integran unas 5.000 empresas que emplean a 150.000 personas y exportó el año pasado US$2.600 millones. Su proyección es en 7 años llegar a los 400.000 puestos de trabajo con exportaciones por US$10.000 millones.
Candelo dijo a Télam que "medidas de corto plazo como el monotributo tech hacen que estas proyecciones queden para un mundo virtual".
Con información de Télam
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