La reestructuración del equipo económico de la ministra Silvina Batakis parece haber llegado a su fin, luego de la confirmación del arribo de Carlos Sánchez al puesto de secretario de Políticas Tributarias en reemplazo de Roberto Arias. Será una silla caliente dentro del Palacio de Hacienda, ya que por esa dependencia se definirán ejes fundamentales en el plan del Gobierno para recalibrar las cuentas públicas.
Finalmente, Batakis sumará a Sánchez, exdirector de la Aduana durante la gestión de Ricardo Echegaray, entre 2013 y marzo de 2015. Sánchez, que se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo, tendrá a su cargo, entre otras cosas cuestiones, la implementación del revalúo inmobiliario que coordinará el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi) y que el Gobierno le comunicó al FMI para mejorar la recaudación de las provincias y la de Bienes Personales.
La llegada del funcionario se dio en paralelo a la modificación hecha en la conducción de la Comisión nacional de Valores (CNV). El titular de la CNV, Adrián Cosentino, renunció su cargo, al igual que uno de sus directores, Matías Isasa, y su lugar será ocupado por Sebastián Negri, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente y está vinculado con el kirchnerismo. Antes de ingresar en la CNV, había sido jefe de asesores del senador Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, y se destacó como prosecretario jefe del Consejo de la Magistratura.
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Al mismo tiempo, también se confirmó un cambio fundamental en la Secretaría de Energía. Tras la renuncia de Martín Guzmán, también salió Santiago López Osornio de la Secretaría de Planeamiento Energético, un lugar donde se definirá el destino de la segmentación de tarifas de luz y gas. Su lugar fue ocupado por Gonzalo Soriano, un hombre cercano al jefe de gabinete, Juan Manzur.
Revalúo inmobiliario, la primera tarea de Sánchez
En muchas jurisdicciones las valuaciones apenas representan 10 por ciento del valor real de los inmuebles, y en promedio rondan el 25 por ciento. El objetivo es llevar ese valor a un “ideal teórico” del 80 por ciento del de mercado, siendo que en muchas provincias no se actualizan esos precios desde hace décadas. Sobre ese número se cobra el Inmobiliario (en combinación con la alícuota fijada) y todo el resto de los tributos patrimoniales.
previo a sellarse el acuerdo con el FMI, el Ejecutivo proyectaba que “los rendimientos de esta iniciativa (revalúo inmobiliario), descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1 por ciento del PBI en el ejercicio fiscal 2022 (equivalente a 500 millones de dólares) y a un 0,2 por ciento del PIB adicional en los próximos años”. “Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico girado al Congreso, el cual quedó fuera de la votación del acuerdo con el Fondo.
La medida hace foco además en los terrenos rurales, donde se encuentra el principal negocio del sector agroexportador: el arrendamiento de campos. Los ingresos por arrendamiento de grandes superficies rurales superan ampliamente los márgenes por hectárea de los productores que tienen que alquilar la tierra para trabajarla. Entre marzo de este año e igual mes del 2020, el costo de arrendamiento por hectárea se disparó 135 por ciento, pasando de 204 a 480 dólares.
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