El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la causa penal por presuntos sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus. Finalmente, el Poder Judicial descartó la existencia de delito.
A principios de abril de 2020, trascendió, mediante los datos publicados en el Boletín Oficial, que el Ministerio de Desarrollo Social había supuestamente comprado alimentos para comedores por precios encima de los del mercado. La cartera de Arroyo pagó más de 543 millones de pesos por la compra de estos alimentos.
El magistrado consideró que "el estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados".
Asimismo, señaló que "las razones de urgencia y emergencia que llevaron a esa cartera ministerial a celebrar las contrataciones aquí denunciadas, resultan claras y justificadas".
En tanto, remarcó que esas contrataciones "tuvieron como objeto cubrir la demanda de un sector de la población que precisaba de la asistencia del Estado para poder afrontar la situación de emergencia -tanto sanitaria como económica- provocada por la pandemia Covid-19”.
“En orden a los elementos probatorios colectados durante la instrucción del sumario y las valoraciones expuestas en el presente, considero que la hipótesis introducida en las denuncias que conforman estos actuados no exterioriza la comisión de conducta ilícita alguna", finalizó Casanello.
Cómo fue el caso de sobreprecios
La denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que se investigaran posibles anomalías en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
En concreto, las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes. Las contrataciones se hicieron por un total de 543.408.400 de pesos y en la denuncia la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a "un grupo reducido de empresas" que "en su mayoría cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación".
Sin embargo, la fiscalía sostuvo que a través de diversa prueba ordenada "se documentó" el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratándose en algunas de ellas de "depósitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas".
A su vez, se informó a la fiscalía "que el precio fijado correspondía al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculándose con las condiciones de contratación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones".
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