Como no podía ser de otra forma, el Ministerio de Capital Humano vive momentos de tensión. Por un lado, busca contener una escalada mayor de la conflictividad con los movimientos sociales, ejecutando partidas referidas a planes en la previa de una marcha hacia la sede de la Avenida 9 de Julio este lunes y al Congreso en protesta contra la ley ómnibus el martes. Por el otro, sin embargo, no es ajeno al ajuste presupuestario determinado por Javier Milei con el objetivo de llegar al déficit cero, lo que se ve especialmente en el rubro del gasto en alimentos.
El Gobierno explica una y otra vez que la cartera de Capital Humano es la única que tiene "canilla libre" para el gasto. Es decir, que los más vulnerables no sufrirán el ajuste que sí aplicará no solo a la casta, sino evidentemente también a todo el resto de la sociedad. El objetivo, incluso, fue señalado por el FMI en su reciente staff report, en el que destacó que "se está reforzando la asistencia social para apoyar a los más vulnerables" y abogó por su "fortalecimiento". Sin embargo, esta intención no se condice con los números duros.
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Por el momento, el único plan que recibió un aumento real desde diciembre, frente a una inflación acumulada que será cercana al 50% en dos meses, es el del la Tarjeta Alimentar, para el cual se dispuso de una suba del 100% en febrero. También duplicó la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre, pero esta ayuda no es considerada un plan social.
El otro gran programa social, Potenciar Trabajo, permanece congelado en 78.000 pesos desde que Milei asumió, bajo la premisa de no aumentar planes intermediados por las organizaciones. Justamente, el Gobierno tampoco aumentó hasta ahora el salario mínimo (sigue en 156.000 pesos), lo cual supondría, a priori, una suba del Potenciar Trabajo, que paga la mitad. Aunque ni esto está garantizado, ya que el secretario de Trabajo, Omar Yasín, adelantó su intención de desatar el monto de ambos.
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Esto se refleja en los números agregados. El Ministerio de Capital Humano tiene en 2024 un presupuesto inicial de 19,8 billones de pesos, es decir, solo un 37,5% más que el presupuesto de los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Trabajo en 2023 combinados.
El ajuste no es solo en educación y trabajo. Visto por finalidad y función, el gasto en servicios sociales, que corre transversalmente a diversos organismos del Estado, fue en 2023 de 18,6 billones de pesos, mientras que para 2024 se proyecta oficialmente en 45,6 billones de pesos. Es decir, un aumento del 145% cuando la inflación proyectada para 2023 es de 243% (según el sector privado estima en el REM del Banco Central).
Principalmente, el ajuste se está produciendo en las partidas de alimentos. Capital Humano anunció la semana pasada que "está trabajando en transparentar la política alimentaria" y que "se dio de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos para implementar la modalidad de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación", con el objetivo de que "ningún argentino pase hambre".
Lo cierto es que, mientras tanto, la ejecución del área es nula. Hernán Letcher, director del CEPA, mostró que, en enero, la Secretaría de Desarrollo Humano de la cartera a cargo de Sandra Pettovello ejecutó literalmente un 0% del gasto presupuestado en alimentos, al igual que en otras partidas.
Por supuesto, estas políticas se dan en el marco del objetivo del déficit cero que el Gobierno mantiene a rajatabla. De hecho, y pese al discurso de "canilla libre" para Capital Humano, el famoso "Excel" publicado por el Ministerio de Economía en diciembre pasado muestra que los "programas sociales con intermediarios" deberán ajustarse en un 0,4% del PBI para lograr la meta fiscal que quiere Luis Caputo.
Se trata de un ajuste por partida doble. Por un lado, se achicará el gasto real respecto al Presupuesto 2023. Por el otro, ese ajuste pautado para un 5,2% del PBI (de 2023) se hará a su vez sobre un producto más chico en 2024, ya que el FMI pasó de prever, en octubre pasado, un aumento del PBI de Argentina de 2,8% este año a prever una caída de del 2,8% en su última proyección, publicada la semana pasada.
El giro de partidas frente a la marcha de este lunes
En este escenario, Pettovello buscó acelerar la liquidación de las partidas de febrero correspondientes a la Tarjeta Alimentar, por 132.000 millones de pesos, y al Potenciar Trabajo, por 110.000 millones de pesos más, cuyo cobro debe ser como máximo el 5 de cada mes.
Se trata de una forma de la ministra de apaciguar la tensión con los movimientos sociales luego de que, el jueves pasado, los desafiara al instar a los manifestantes congregados en la 9 de Julio a ingresar a reunirse con ella, pero de forma individual y no a través de su organización.
"Así es como lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente", desafió la ministra.
La respuesta fue una convocatoria de la UTEP a marchar este lunes por la mañana nuevamente bajo el lema de hacer una "Fila de la pobreza" ante la sede de Desarrollo Humano, que busca que "cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica" una por una, indicó la organización, tal como pidió Pettovello.
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