Desde esta columna hemos advertido sobre las dudas generadas por el rumbo de la política económica. También, planteamos a comienzos de este año la necesidad de un shock redistributivo para darle vigor a la recuperación de la actividad que comenzaba a esbozarse.
Sin embargo, el plan del Gobierno se caracterizó por:
- La exigencia de contar con un programa financiero riguroso en el marco de la pandemia global, que drenó divisas necesarias para el mercado interno.
- La preocupación permanente por reducir el déficit fiscal, aún por encima de las propias metas presupuestarias, a contramano del devenir mundial y de los requerimientos de la situación socioeconómica.
- La ausencia de una política antiinflacionaria de regulación de mercados que preserve la política de ingresos, de por sí moderada y sólo acelerada en la segunda mitad del año.
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Uno de los temas de agenda relevantes de política económica del año pasado fue resolver la deuda con el sector privado en virtual cesación de pagos, legada por el macrismo. Nunca quedó muy claro cuál era la prioridad de ese objetivo, en un contexto de crisis de producción y consumo provocada por la propagación del virus en todo el mundo.
La expectativa radicaba en que ese orden financiero derivaría en un flujo positivo de divisas hacia el país, tal como había ocurrido en reestructuraciones anteriores.
La baja del riesgo país, que es el requisito para que ese ingreso de dólares financieros se realice, no ocurrió. Por el contrario, después de concluido el canje de deuda en septiembre 2020, el riesgo país evolucionó al alza, desde los 1100 puntos básicos en ese momento hasta estabilizarse en torno a los 1500 puntos básicos en la actualidad.
La operación implicó la pérdida de u$s 4.200 millones de reservas destinados a cancelar vencimientos que se iban a reprogramar. La urgencia por cerrar el canje obligó a ceder a las presiones de los fondos de inversión más poderosos llevando la oferta original de un valor presente de u$s 38 por cada u$s 100 a u$s 56 por cada u$s 100.
Describíamos desde esta columna también las dudas que el perfil de vencimientos a futuro generaba sobre la sustentabilidad del programa financiero, factor que incide negativamente en el nivel del riesgo país. A partir del 2025 los desembolsos promedian los u$s 8.500 millones anuales, en el límite de lo tolerable por las cuentas externas sin contar el peso del arreglo con el FMI.
En suma, la reestructuración de deuda con el sector privado como una de las prioridades de política económica no generó el flujo positivo de divisas esperado ni dotó a la Argentina de un programa financiero sustentable a mediano plazo.
La preocupación casi obsesiva por reducir el déficit fiscal se exterioriza en que el resultado primario negativo del Sector Público no Financiero –base caja- cerró en el primer semestre de este año en el 0,6% del PIB, cuando la proyección anual contenida en el Presupuesto sancionado para el 2021 es del 4,2%.
En el lapso enero/julio 2020 el resultado primario negativo acumulado del Sector Público no financiero -base caja- fue de $1,1 billones, en período enero/julio 2021 dicho resultado había descendido a $306.000 millones. Es decir que el déficit primario se redujo interanualmente un 71%.
Es real que el déficit de la primera mitad del 2020 alcanzó un techo por el derivado del cierre completo de la actividad en el marco del aislamiento social obligatorio en el segundo trimestre de ese año. Consecuentemente, no puede ser sostenido en ese nivel de excepción. Ahora bien, la pregunta radica en cuál es la baja razonable teniendo presente la necesidad de recuperar la economía. Si se respondiera que debiera ubicarse en la mitad del año 2020, un déficit en torno a los $ 600.000 millones, el acumulado a julio revela que estarían faltando $ 300.000 en la calle.
Esta simple ponderación advierte de dos cuestiones: la obsesión por alcanzar el cierre equilibrado de las cuentas más allá del deterioro socioeconómico provocado por el lustro de macrismo + pandemia y la ausencia de “muñeca” política en un año electoral.
El Presidente es un hombre de consensos y centró la política antiinflacionaria en las denominadas mesas de consensos, de modo que el sector privado ordenara la recuperación de la economía. Estas mesas fueron rápidamente abortadas por las cúpulas empresariales desatándose dos conflictos: la polémica interna en el gobierno por el aumento de las tarifas de energía y la intervención en el mercado de carnes.
Citamos también que el acceso masivo a energía y alimentos son decisivos en la preservación de una política de ingresos. No hay potencia en el mercado interno si el salario se destina a pagar boletas y llenar la heladera.
La canasta básica alimentaria medida por el INDEC aumentó un 86% desde el inicio del gobierno en diciembre de 2019. En un contexto de caída del nivel de actividad, estos aumentos sólo se explican por un comportamiento monopólico de los proveedores de alimentos.
La política de frenar la inflación con ajuste fiscal y monetario, además de vender dólares en los mercados cambiarios alternativos, no parece haber rendido frutos.
Las regulaciones de mercados monopólicos de bienes esenciales es el único medio efectivo de logra el abastecimiento a precios compatibles con el ingreso popular.
Algunos analistas políticos, inclusive progresistas, se apresuraron a afirmar que en los comicios legislativos primarios se había verificado una “derechización del voto” del pueblo. Afirmación apresurada que puede llevar a errores mayúsculos.
La titular del Instituto Independencia, Daniela Bambill presentó datos electorales de las últimas tres elecciones que desmienten la aguda “derechización” del voto. En las elecciones legislativas del 2017 las fuerzas de la alianza JxC reunieron el 42% en todo el territorio nacional, en las presidenciales del 2019 repitieron ese porcentaje y en las PASO 2021 alcanzaron el 40%. Salvo el fenómeno capitalino de Javier Milei no se verifica un aumento relevante de la participación relativa de la coalición derechista en los votantes.
El problema tal vez se encuentre en los 1,4 millones de ciudadanos y ciudadanas que anularon su voto o votaron en blanco, y también en los 1,2 millones de votantes ausentes respecto de la PASO legislativa del 2017. Será nuestra tarea hacer el trabajo necesario para que esos argentinos y esas argentinas -sumando a los y las que no nos votaron para manifestar su descontento con lo hecho hasta ahora- vuelvan a darnos un voto de confianza en noviembre y en 2023
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