Sectores políticos, empresarios y de la sociedad civil mendocinos manifestaron en los últimos días su apoyo al desarrollo minero en la provincia, mientras el Gobierno busca reactivar los proyectos Potasio Rio Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo para demostrar los beneficios de la actividad
“El futuro ya no puede ser sólo agrícola o turístico; mejorando los sistemas de control ambiental podremos ampliar la matriz productiva habilitando una minería responsable en zonas donde no sea posible realizar otras actividades", afirmó Sebastián Halpern, empresario de insumos para conducción y cuidado del agua.
Halpern puso como ejemplo a la vecina San Juan, donde “sólo 1% de las concesiones de agua son para uso minero y más de 11 mil personas se benefician directa o indirectamente con el trabajo que genera la minería, mientras que la exportación llega a US$ 1.000 millones anuales y los fondos mineros se utilizan para mejoras de riego y obras hidráulicas”.
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Esta semana, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael, Hugo Tornaghi, recalcó en el almuerzo aniversario ante las fuerzas vivas que “tenemos la tarea pendiente de entablar un debate firme y responsable acerca de la minería sustentable porque posiblemente no sea tan mala palabra como muchos piensan”.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó hace unos días un proyecto de ley para permitir el desarrollo minero en 200 hectáreas de su localidad, que autorice el uso de productos químicos para la extracción de minerales, sin poner "en riesgo el agua, ni en calidad, ni en cantidad”.
“Si hay consenso social e históricamente vocación territorial minera-petrolera por su conformación geográfica, patagónica, su clima y sus tierras, que no son aptas para potenciar cultivos como existe en el norte mendocino” y urge la necesidad “para combatir la pobreza”, afirmó.
En respaldo a la iniciativa, se celebró el 1º Foro Minero “Juventud y Minería”, con la presencia del presidente de la Cámara de Proveedores y Productores Mineros de Malargüe (Capromim) Raúl Guevara; Manuel Benitez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin); y Julio Totero, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet).
Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez consideró que "no es el momento" para impulsar el tema dado que el debate "puede llegar a generar una conflictividad social que va más allá de la minería", dado que un sector de la población no la quiere porque cree que contamina y genera una mala distribución a favor de las empresas extranjeras.
"He sido muy claro y lo fui durante la campaña del 2019. Creo que la minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza”, recordó.
Para ello, Mendoza trabaja para reactivar tres proyectos: Potasio Rio Colorado, con varios interesados extranjeros; Hierro Indio, a punto de comenzar la exploración; y Cerro Amarillo (cobre), que tiene que ir a la Legislatura porque se rechazó porque la ley de glaciares aún no estaba reglamentada, pero ya se reglamentó.
A ellos se suman las dos exploraciones que va a empezar YPF en Vaca Muerta.
Los últimos datos oficiales estimaron que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).
Con información de Télam
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