El anuncio de la salida del país de la italiana ENEL se dio en medio del debate sobre el rol del Estado en Argentina, lo que abre algunas oportunidades. También se enmarca en un contexto mundial en el que en el rubro energético los privados se corren para darle mayor lugar al sector público ante la crisis que viven por la guerra en Ucrania. El impacto del conflicto bélico no impactó de lleno en el país gracias a políticas fundamentales que se llevaron adelante.
Los altos precios internacionales de la energía golpean a la mayoría de los países del mundo y a las generadoras y distribuidoras de electricidad. Así fue el caso de la italiana ENEL adelantó que planea vender US$ 21.500 millones de sus activos para reducir su deuda global. La mayor parte del plan de desinversión planea realizarla para fines de 2023 e incluye su salida de Argentina y Perú, además de la venta de activos en Rumania y algunos en España. A través de un comunicado, la multinacional precisó que pondrá a la venta todos sus empresas en el país, lo que incluye Edesur, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de eléctricidad.
Por esto, la secretaria de Energía, Flavia Royon, señaló que la venta de los activos de Enel "no va a afectar a la población de un día para el otro". Aclaró que eso se debe a que "no será un proceso inmediato" y porque "se cuidará la prestación del servicio" con quien sea el adquirente.
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Los 3.300 km2 del área de concesión de Edesur que abarcan la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y 12 partidos del conurbano, donde distribuye energía eléctrica a cerca de 2,5 millones de clientes. Dos años atrás, los intendentes de esos distritos bonaerenses se habían juntado para reclamar en contra del servicio que brindaba Enel, al que calificaban de “pésimo”. También criticaban que, sin siquiera verificar montos, la ex gobernadora María Eugenia Vidal les había trasladado una deuda que no les correspondía. En los barrios populares Edesur se negaba a realizar conexiones, por lo que envió montos elevados de supuestos consumos comunitarios sin respaldo, ya que no colocó los medidores.
En julio de 2020, el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, planteaba que tenían tres o cuatro barrios por día sin luz. “Venimos reclamando durante años que no tenemos ninguna respuesta ni ninguna inversión. Por eso pedimos la revocación de la concesión y que a Edesur le saquen el servicio", había expresado. En la misma línea opinaba la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: "Venimos sufriendo cortes de energía desde el primer día de frío fuerte. En plena pandemia, cuando necesitamos quedarnos en casa, esto es insostenible. Toda la ganancia extraordinaria que tuvo Edesur no fue a inversión".
En los últimos nueve meses de este año, Edesur amasó una ganancia neta de $ 5.011 millones, que se comparan con un rojo de $ 27.154 millones en 2021, de acuerdo al balance que presentaron ante la Comisión Nacional de Valores revisado por El Destape. En concreto, los últimos tres meses resultaron positivos para la compañía que se ocupa del sur del AMBA por $ 654 millones, antes del impacto de la actualización de tarifas que definió el Ministerio de Economía.
Una de sus subsidiarias que se ocupa de la primera etapa eléctrica, Enel Generación Costanera SA, obtuvo una utilidad neta de $ 3.230 millones en lo que va de 2022, que también se miden versus una pérdida, de $ 52 millones, para el mismo período del año previo.
Los balances pre subas tarifarias muestran un potencial más que evidente detrás de estas sociedades, que ya habían contado con propuestas de adquisición. Pero no sólo los privados pueden aprovechar esa oportunidad, sino también el Estado, para hacerse cargo de un servicio que históricamente estuvo en sus manos hasta la oleada de privatización neoliberal. De hecho, fue presentada en el Congreso esta semana la propuesta de que el sector público se haga cargo de las represas, encargadas de la generación de una gran parte de la electricidad.
En este contexto, no será un detalle menor el autoabastecimiento energético que obtendrá Argentina con el gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá ahorrar más de US$ 2.900 millones al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios. Además, aumentará la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios y los hogares y generará 10.000 puestos de trabajo directos.Edesur se formó en 1992 por las privatizaciones de los servicios públicos que llevó adelante Carlos Menem. Es la encargada de la distribución de energía eléctrica en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Enel la adquirió de la española Endesa en 2008, junto con el resto de su patrimonio. Posee por eso la hidroeléctrica El Chocón, en las provincias de Neuquén y Río Negro, con una concesión que vence el año próximo.
El rol del Estado
Por la crisis energética generada por la guerra en Ucrania después de un incremento en la demanda por la salida de la pandemia, los países no productores sufren las consecuencias. Tarifazos periódicos e inminentes cortes en los suministros proyectados para el invierno próximo ocupan las portadas de sus diarios, en particular de las naciones europeas. La Comisión Europea llegó a impulsar la creación de impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas para limitarlas y así contrarrestar facturas de electricidad "astronómicas".
Ante tanta volatilidad de precios en los mercados energéticos, muchos países europeos salieron al rescate de sus compañías. Alemania levantó una nueva línea de liquidez de 67.000 millones de euros para ayudar a las compañías energéticas. Suiza le prestó 4.100 millones a Axpo, una de sus principales energéticas, y Finlandia 2.500 millones a Fortum por sus problemas financieros.
Austria también tuvo que salir al rescate de una de sus principales compañías energéticas, Wien Energie. En tanto, Francia anunció la estatización de la gigante de electricidad EDF. Numerosos países preparan créditos para salvatajes en el sector y no quedarse sin energía en el invierno, que será crudo y se descuenta vendrá con problemas de suministro.
En Argentina la oposición pretende exactamente el camino contrario a las naciones desarrolladas. Desde Juntos por el Cambio reflotaron esta semana ya un clásico: sus críticas a las compañías en manos del Estado. El foco lo pusieron en el rojo que manejan Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Correo Argentino y ENARSA.
La aerolínea de bandera logró reducir el déficit récord en 2019, bajo la gestión del macrismo. Logró reducirlo para 2021 a $ 65.796 millones, aportados por el Estado Nacional. Sin contabilizar el enorme impacto económico que genera, el 50% de estas transferencias fueron recaudadas nuevamente en concepto de impuestos y tasas.
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“Ramal que para, ramal que cierra” había sido la política ferroviaria del menemismo, lo que concluyó con la desaparición de pueblos enteros y la saturación aún mayor de las grandes urbes por la migración masiva. El plan de modernización de trenes que lleva adelante el Ministerio de Transporte hoy beneficia a 280.000 individuos mensualmente. El Gobierno logró recuperar 1.700 kilómetros de vías, 15 tramos de trenes recuperados y 56 localidades reconectadas en todo el país.
Sin contabilizar que Mauricio Macri nunca le pagó al Estado su deuda con Correo Argentino e intentó autocondonársela, la gestión actual actúa como una herramienta fundamental para incluir en las políticas públicas a poblaciones alejadas de las urbes, además de que compite con las plataformas de ventas por Internet. La empresa realiza la distribución y entrega de paquetería puerta a puerta de la principal plataforma de e-commerce en las provincias a las que solo llega Correo Argentino, especialmente en el norte y la Patagonia, y cuenta con 1.432 sucursales en todo el país. Oficia como la ventanilla del Estado Nacional con más posiciones en el territorio, más que cualquier organismo público, por lo que muchas de estas sucursales son la única ventanilla del Estado en sus lugares.
Por último, ENARSA es la responsable de que el país consiga el autoabastecimiento energético en 2023 gracias a ocuparse del gasoducto Néstor Kirchner. La guerra en Ucrania mostró la importancia de la independencia energética. Esto será una realidad gracias a la iniciativa de YPF de explorar Vaca Muerta antes que el resto. Si bien no se trata de una firma estatal, la sociedad anónima controlada mayoritariamente por Nación ganó $ 92.182 millones en lo que va de este año, al mismo tiempo que aumentó 9% su producción y 60% sus inversiones.
La generación de electricidad
El senador neuquino Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para gestionar la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de ENARSA, en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, y Carlos Linares de Chubut.
El legislador propuso que, a partir del año próximo, cuando finalicen las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional; “la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por ENERGÍA ARGENTINA SA, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”. Como opción para cada caso, el proyecto abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.
Para Parrilli, la “compleja coyuntura” internacional derivada de la guerra en el Este de Europa, “ha puesto en el centro del debate público la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos, convencionales y no convencionales, en orden a garantizar el abastecimiento interno y colocar crecientes excedentes en el mercado externo, como así también, fortalecer el desarrollo de fuentes alternativas, como las renovables”.
En el próximo año 2023, vencen las concesiones que hoy controlan el funcionamiento de las represas hidroeléctricas de las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Por ello, Parrilli recordó que “en el marco de la denominada Reforma del Estado llevada adelante durante la década del ’90, se sancionó la Ley 24.065” que privatizó “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”. Contratos que, a partir de agosto del 2023, comienzan a vencer.
El legislador neuquino aseguró que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual”.
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