La "teoría de la emergencia", el plan del Gobierno para imponer su ajuste, como sea

"Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente". El procurador Rodolfo Barra –arquitecto jurídico de la reforma del Estado durante los '90- dejó en evidencia la estrategia del Gobierno de Milei; con su frase temeraria, avisó que están dispuestos a todo, incluido suspender la Constitución, en nombre de la propia Carta Magna. El Gobierno necesita contar con la nueva estructura jurídica que garantice la transferencia de recursos hacia las mismas corporaciones que redactaron cada uno de los puntos del DNU y la ley ómnibus. Todo en nombre de la libertad y de un falso bienestar para la población.

En su línea argumental, afirman que sin DNU ni ley vendrá el caos y la crisis. Pero, al mismo tiempo, ratifican que podrían “suspender la vigencia de la CN” en nombre de ese caos. Sea cual sea el instrumento que utilicen, apuestan a la crisis. Esa fue la línea teórica e ideológica esbozada por Barra, al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia menemista – el Caso Peralta-, integrada por él mismo.

Barra cita a Barra

27 de diciembre de 1990. Todavía sonaban los ecos de la hiperinflación que había arrasado con Alfonsín; y Menem ya había pegado el salto desde “la revolución productiva” hacia el Consenso de Washington, con la reforma del Estado y las privatizaciones. Aquel día de diciembre, la mayoría automática dejaba por escrito uno de los argumentos que ahora forman parte de la matriz jurídica de la Libertad Avanza. En nombre del Plan Bonex, los cortesanos justificaban la suspensión de algunas garantías individuales en nombre del mismo Estado que decían defender. Todo tiene que ver con todo.

Barra desempolvó lo que, para el abogado y ex secretario parlamentario de Diputados, Enrique Hidalgo, podría calificarse como “los fundamentos de la doctrina de emergencia”. Una trampa a la luz de todos y todas.

“La constitución de la Unidad Nacional implica asegurar su continuidad y supervivencia. Cuando lo sucesos que conmuevan a la vida política organizada, como puede ser hoy el resultado del descalabro económico generalizado, del mismo modo que ayer lo fue la discordia con las provincias, allí deben actuar los poderes del Estado para evitar que se malogren los esfuerzos, dilatados y penosos, retrotrayendo al país a estadios superiores de fragmentación, desorden y falta de un imperio extendido del derecho”, sostuvo la Corte en fallo Peralta.

¿No será que la sociedad Milei – Macri (desde las sombras) construyen su propio escenario de caos y posible anomia para suspender algunos “derechos constitucionales y avanzar con la nueva reforma del Estado?

La profundidad de lo insinuado por Barra apunta a que el Gobierno podría suspender determinadas garantías constitucionales -¿La libertad para protestar, derechos laborales, la vigencia del Congreso?- con motivo de una profunda crisis económica. Así lo reafirmó el actual procurador el 27 de diciembre de 1990:

“Si el Estado tiene el poder para suspender temporalmente la aplicación de los contratos en presencia de los desastres debidos a causas físicas, no puede darse por inexistente ese poder cuando una urgente necesidad pública que requiere el alivio es producida por causas de otra índole, como las económicas”, puede leerse en el fallo de la Corte citado por Barra.

La Libertad Avanza construye su propio escenario de caos para “justificar” su anunciado autoritarismo. Por eso invocan de manera permanente la carta extorsiva de “sin DNU, habrá caos económico”. Esto también fue esbozado por el ministro Luis Caputo, luego de presentar el acuerdo con el FMI.

“Si la ley no pasa, tomaremos medidas más duras y los argentinos van a sufrir más. La gente votó estas reformas. ¿Los políticos estarán a la altura?”, lanzó el ministro de Economía.

Teoría de la emergencia

“El fundamento del Gobierno sería la doctrina de la emergencia, que es todo lo contrario de lo que sostienen los libertarios. Ellos sostienen que nada puede modificar lo pactado si la voluntad fue expresada libremente. En cambio, el fallo “Peralta” justificaba que a los ahorristas les pagasen con bonos por la situación de Emergencia. Pero en otro fallo (Avico c/De la Pesa), para un libertario sería una herejía contra la Constitución”, explicó Hidalgo en diálogo con El Destape.

La estrategia argumental de La Libertad Avanza dice sostenerse en la supuesta búsqueda de un bienestar general, pero en la práctica ocurrirá todo lo contrario. El incremento de la pobreza, la precarización laboral, el avance sobre los recursos naturales forman parte de sus objetivos.

“Acá hay una correlación y una discordancia entre lo que dicen y lo que van a terminar logrando. Estas normas (DNU y ley ómnibus) debilitan el tejido social; lejos están de conservar la armonía. Y ahí es donde opera la criminalidad económica”, razonó María Eugenia Marano, abogada especializada en estudiar las estructurales cuasi legales que sostienen la evasión fiscal a nivel global.

Lo de Barra fue el intento de justificar una posible avanzada autoritaria, en nombre de la libertad individual y de un bien estar general, que no es tal.  

¿La política estará a la altura de frenar este proyecto autoritario? Esta pregunta ya surge como un grito entre diferentes espacios políticos, sociales y culturales

“Estamos frente a un intento de recuperar los objetivos fundacionales del golpe del ´76, los cuales se profundizaron en los ´90. Para ello, quieren detentar la suma del poder público para que la disputa abierta por los negocios en el terreno de los mercados se haga sobre una profunda regresividad distributiva. Además, hay una puja entre las distintas fracciones del capital”, analizó Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y ex director del Banco Nación.

Para el economista, el bloque dominante –integrado por AEA, FMI, Estados Unidos, que a su vez posee sus propias internas- estarían dispuestas a todo. “Esto es un golpe institucional”, graficó.

- ¿Se está reaccionado a la altura de las consecuencias?-, preguntó El Destape.

- Tenemos un sistema político que casualmente tiene demasiado que ver, mucha responsabilidad en lo que ocurre. Por ende, a la altura no se está. El Congreso ya debería haber volteado el decreto. Pero las 2/3 parte del Parlamento tiene posiciones profundamente reaccionarias-, respondió Lozano.

Al poder económico que se encuentra detrás del DNU y la Ley ómnibus solo le interesaría contar con una estructura jurídica (legalidad fraguada) que les permita justificar su avance ante organismos y tribunales internacionales. ¿La democracia, un bien menor?

“Tanto la matriz, como los instigadores en materia económica, social, cultural, son los mismos que en 1956, 1966, 1976, y en los gobiernos de Menem, de la Rúa y Macri. Es el poder de las empresas multinacionales que tienen a estos personajes como sus operadores a sueldo. Es el programa que vienen impulsando con éxito desde Mont Pelerin, el think tank del neoliberalismo que congeló Bretton Woods. Lo demás son conflictos o contradicciones secundarias para ver quién se queda con la mejor parte del negocio”, concluyó Carlos Cruz, ex titular de la UIF durante el gobierno del FdT e investigador sobre delitos económicos trasnacionales desde la década de 1970.

Los únicos ganadores de este esquema serán las empresas que redactaron la estructura jurídica creada adhoc para la transferencia de recursos hacia sus mismas tesorerías y el desfalco del Estado (ley ómnibus y DNU), una suerte de “legalidad fraguada”, concepto acuñado originalmente por los investigadores Bruno Napoli, Walter Bosisio y Celeste Perosino en su libro “La dictadura de capital financiero”.

Y en caso de que ambos proyectos no pasen por el Congreso, la Libertad Avanza ya avisó que podrían suspender los derechos consagrados en la CN en nombre de la libertad individual, la integración nacional y la paz social.

Antes y después, el poder económico traza su programa de miseria planificada.