Fuerte revés para la estrategia del Gobierno: quitó la autorización para vender activos del FGS de la ley ómnibus

El ahorro de los jubilados quedó, por el momento, afuera de la liquidación que pretende el Gobierno de Javier Milei para el Estado nacional. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo previsional tiene en su cartera 5700 millones de dólares de papeles de empresas privadas. La primera versión del megaproyecto autorizaba al Ejecutivo a quedárselas pero ese artículo fue eliminado, según la lectura realizada por el secretario parlamentario, Tomás Figueroa. Y con ese artículo también eliminó la posibilidad de liquidar esos activos de la ANSES. Se trata de los artículos 194, 195 y 196 de la última versión del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Como resultado de la negociación por el proyecto de ley ómnibus que se discute en el Congreso finalmente no incluirá una autorización para que el Gobierno se quede con las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El artículo 226 de la redacción original planteaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se quede con todos los activos del fondo inversor de Anses, entre ellos 22.200 millones de de dólares bonos del Tesoro y otros 5700 millones en acciones de empresas privadas líderes, que en su momento pertenecían a las AFJP y que quedaron en manos de la Anses tras la estatización del sistema jubilatorio en 2008.

En proyectos productivos el grueso de las inversiones se concentra actualmente en los vinculados con petróleo y gas, construcción de gasoductos y oleoductos, terminales nucleares de Atucha, aeropuertos y préstamos Procrear. Todo esto se desfinanció durante la gestión macrista. La tenencia de títulos públicos representaba en 2019 el 64 por ciento de la cartera del FGS. Actualmente explica el 73 por ciento de los activos.

Los artículos afuera

De acuerdo con lo detallado por el miembro informante del oficialismo, el proyecto que se debatirá finalmente deja afuera los artículos 194, 195 y 196.

Estos refieren a:

Art. 194. – Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo. Para poder vender las participaciones accionarias provenientes del fondo que ya hayan sido transferidas al Tesoro Nacional, el Poder Ejecutivo nacional deberá contar con un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y 48 O.D. Nº 1 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696, el que deberá considerar las condiciones de mercado. Los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social.

Art. 195. – La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696 tendrá como facultad, además de lo establecido en el artículo 14 de dicha norma, la de emitir dictamen previo favorable para la liquidación de participaciones accionarias que previamente integraron el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y están en poder del Tesoro Nacional en base al procedimiento establecido en el Artículo 194 de la presente Ley.

Art. 196. – Deróganse los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 24.241, el artículo 12 de la Ley 26.425, el Decreto 897/07 y todas las normas que reglamenten o complementen las anteriores.

Un pausa al desfinanciamiento

Si se aprobaban esos artículos, el Gobierno quedaría autorizado únicamente a liquidar la deuda pública que forme parte de la cartera de ese fondo administrado por el organismo previsional. En las últimas semanas la oposición exigió que el Gobierno tenga primero el visto bueno de una comisión bicameral antes de vender las acciones de empresas en manos de Anses. Finalmente la versión final del megaproyecto de ley autorizará solamente el traspaso de los títulos del Tesoro. La intención del Palacio de Hacienda es deslistar esos bonos.

En la última versión de la “ley Bases” que circuló entre los diputados, el tramo que legisla sobre la consolidación de la deuda pública ya no incluía los artículos que rezaban sobre el destino de las acciones en poder del FGS.  "Dicho de otra manera, esta pretensión de liquidar el FGS desvirtúa su sentido y vulnera derechos adquiridos de jubilados y jubiladas. No es la primera vez que se intenta vender estos activos. En 2016 el gobierno de Cambiemos impulsó la ley 27.260, conocida como de “Reparación histórica para jubilados”, pero que su contenido principal consistió en un régimen de blanqueo y en los primeros pasos para la liquidación del FGS", señala ya el dictamen que se discutirá en las próximas horas.

En la previa, ya el Gobierno libertario había dado un paso adelante y cambió el método de valuación del FGS de la Anses y rebajó el patrimonio en más de 40 mil millones de dólares. En vez de tomar como referencia el tipo de cambio oficial, la administración de Javier Milei lo tasó en base al dólar contado con liquidación. La nieva conducción de la Anses anunció la implementación de una nueva metodología regida por valores técnicos de mercado para valuar los activos del FGS, que tendrá vigencia desde enero.

De esta manera, quedará sin efecto el criterio anterior de medición, que tomaba como referencia la cotización del dólar al cambio oficial del tipo comprador del Banco Nación. En la publicación previa, la Anses había informado que el FGS había alcanzado los 76.000 millones de dólares, "el valor más alto de su historia durante la actual gestión", y desde 2019 a 2023 creció 117 por ciento. Sin embargo, con el informe actualizado con la nueva metodología, ese valor se derrumbó a los 32.658 millones de dólares. Valor más bajo, venta más rápida es el primer análisis que puede hacerse luego de esta modificación.

El plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en el endeudamiento externo y en la dolarización de la economía tienen tres patas afectadas, todas ellas con sus respectivos ganadores: los activos del Banco Central, que se los quedarán entidades financieras privadas; YPF y Aerolíneas, que también pasarán a manos privadas, y el FGS, que, en desmedro del ahorro de los jubilados, les permitirá a las empresas donde hoy hay al menos un director por parte de Estado, deshacerse de ellos. En otras palabras, cumplir con el principal principio libertario del comercio, especialmente con empresas como Techint o el Grupo Clarín.

Composición del FGS

El FGS está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedad anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión, además de financiamiento para obras de infraestructura, destino cuya composición del total del FGS aumentó en 2021 por primera vez desde 2015. El 73,1 por ciento (3,84 billones de pesos) de la cartera se encuentra invertido en títulos públicos nacionales, del cual el 60,2 por ciento se distribuye en títulos negociables no garantizados, 12,3 por ciento en bonos cuasipar, y 0,6 por ciento en títulos negociables garantizados.

La gran mayoría de los títulos públicos (75,5p por ciento) está invertido en pesos y se ajustan principalmente por CER (inflación). En segundo lugar, se encuentra la cartera de acciones en Bolsa de la Anses cuyo valor se ubicó en 578.500 millones de pesos, lo que representó un ascenso del 70,9 por ciento anual, un rendimiento superior al promedio del S&P Merval que fue del 63 por ciento en igual período.

La cartera en Bolsa de la Anses, que representa un total del 11 por ciento del FGS, se encuentra liderada por inversiones en empresas siderúrgicas (30 por ciento), bancos (22 por ciento), energéticas (22 por ciento) y compañías de telecomunicaciones (10 por ciento) con participaciones accionarias en Ternium (25,6 por ciento), Banco Macro (9,3 por ciento), Grupo Financiero Galicia (9,2 por ciento), Pampa Energía (8,9 por ciento) y Telecom (8,7 por ciento).