Los senadores de La Libertad Avanza aceptaron incluir una serie de modificaciones en el capítulo dedicado al Régimen de promoción para grandes inversiones (RIGI). Los cambios no modifican en nada la esencia de la norma, destinada a consolidar una enorme transferencia de recursos hacia sectores concentrados con la entrega de los principales recursos naturales del país.
Al cierre del debate, el miembro informante del oficialismo -el senador Bartolomé Abdala- narró las modificaciones aceptadas. La primera que mencionó tiene que ver con la especificación de los sectores alcanzados, teniendo en cuenta que la redacción original era amplia y vaga. La modificación del artículo 165 especifica que dicho régimen será aplicable a los sectores de la energía, minería, foresto industria, y tecnología. De madrugada, sobre tablas y aludiendo a un error de redacción, agregaron que el RIGI podrá ser aplicado también a siderurgia, petróleo, gas y turismo.
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El segundo cambio negociado con los legisladores opositores “dialoguistas” y el sector privado tiene que ver con un programa de proveedores locales para el desarrollo de las inversiones: “Los planes de inversión deberán contener el compromiso de contratar hasta el 20% de bienes desarrollados en el país, siempre y cuando los oferentes se encuentren disponibles”.
Este es el texto que se incluyó en el artículo 174. La redacción original del proyecto no incluía ninguna mención sobre los proveedores locales. Las pymes industriales fueron quienes más protestaron por este tema.
Uno de los temas más sensibles tiene que ver con la libre disponibilidad de las divisas relacionadas a las exportaciones. El cambio incluido es menor. Las grandes empresas se quedarán con el 100% de las divisas generadas luego del cuarto año de iniciado el proyecto. La versión original les otorgaba dicho beneficio al tercer año.
Otras modificaciones
También se modificaría el artículo 175. para "morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos", explicaron desde el oficialismo.
Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera:
"Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. El plazo de cuarenta y cinco (45) días antes referido es esencial. El acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su emisión".
También se modificará el artículo 205 vinculado a las acciones, cuotas o participaciones sociales de los grandes proyectos de inversión. Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera:
"Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser transferidos, directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informar de ello a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido. Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido".
Economía de enclave
El centro de investigaciones Fundar fue explícito en cuanto a los potenciales daños para el país si el RIGI llegase a convertirse en ley. “El proyecto busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities”, escribió Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar.
“El régimen consiste en incentivar, por un período de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras, un boom de inversiones en minería, petróleo y gas. Y probablemente también en inversiones agropecuarias. Ata al Estado argentino de pies y manos. Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo”, puede leerse en el último informe de Fundar.
El programa de miseria planificada de Milei avanza sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Disciplina a la sociedad vía ajuste por shock, despidos y pobreza. Su objetivo: que la Argentina sea una mera economía de enclave, no ya de algún Estado, sino de los fondos de inversión trasnacionales.
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