Dentro del decreto de necesidad y urgencia se establece la eliminación de ley de abastecimiento, que asegura un cupo mínimo de un producto para su consumo interno y el resto se habilita la exportación. La derogación de la norma habilita que se exporte todo lo producido en el país, situación que empeoraría si se privatiza YPF. Respecto a las empresas productoras de petróleo, hay 54 operadoras de pozos, sin embargo YPF representa el 48 por ciento de la producción total de petróleo y cinco empresas concentran 52 por ciento restante. “Con esta medida se elimina la única herramienta que garantiza el abastecimiento local de combustibles líquidos (naftas y gasoil), utilizados para el transporte, la generación eléctrica, y el trabajo agrario, principalmente”, señaló un informe de la consultora OCIPEX.
La Ley 20.680 es una norma sancionada en 1974 y modificada parcialmente en 2014 (Ley 26.991) que habilita al Estado nacional a intervenir en los mercados y controlar la compraventa de productos esenciales. Su derogación se complementa con la eliminación de los cupos al comercio exterior, que dispone el mismo decreto y que, junto con la liberación de los precios, permite a las petroleras la libre exportación de hidrocarburos argentinos, sin tener la obligación de abastecer el mercado interno.
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Argentina tiene la cuarta reserva de petróleo no convencional y la segunda de gas no convencional del mundo. Con las obras en proceso, se esperaba alcanzar este año el autoabastecimiento –además de un excedente de exportaciones—, como la ampliación en proceso del Oleoducto del Valle, que conecta Neuquén con Bahía Blanca. Para agosto de 2024 se preveía ampliar la capacidad del mismo a 346.000 barriles por día, es decir 120.000 barriles diarios de producción de petróleo por tipo de yacimiento.
Una vez terminada esta obra, se proyecta una obra adicional de 11 meses de duración, que llevará la capacidad del mismo a 452.880 barriles. El Oleoducto Trasandino ya se encuentra operativo, y en octubre se prevé que se termine de construir el oleoducto Vaca Muerta Norte, lo que en combinación con el primero permitirá exportar hasta 110.000 barriles diarios a Chile.
Sin embargo, si todo ese caudal se enfoca en la exportación, más allá del ingreso de dólares, puede generar un cuello de botella que obligaría a importar y –por ende—a volver a perder esos dólares obtenidos. “Esta disposición perjudica enormemente a los argentinos y argentinas quienes posiblemente suframos de desabastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio y paguemos precios irrisorios, como ya lo estamos viendo”, detalló el informe de la consultora.
La Ley 20.680 es una norma sancionada en 1974 y modificada parcialmente en 2014, que habilita al Estado nacional a intervenir en los mercados y controlar la compraventa de productos esenciales. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio, según quedó definido en el Decreto en 2015. La normativa habilita a la Secretaría de Comercio a establecer márgenes de utilidad de las empresas, fijar precios máximos y mínimos, dictar normas que regulen la comercialización, intermediación, distribución y producción, acordar subsidios y requerir documentación a las empresas, entre otras facultades.
También pueden fijarse sanciones para aquellas empresas que “aumenten artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos, destruyeran mercaderías o bienes, o nieguen o restrinjan injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicio, entre otras situaciones”. Las sanciones incluyen multas económicas, clausuras, inhabilitaciones para recibir créditos, comiso de la mercadería, inhabilitación para ejercer el comercio, la suspensión como proveedor del Estado y la pérdida de concesiones o regímenes impositivos.
“Si se espera que el país continúe funcionando se deberá importar combustibles lo que no sólo significará una pérdida de divisas, sino también un aumento de la inflación y una presión sobre la reducción del déficit fiscal, tan anhelado por el gobierno (de Javier Milei)”, precisó la consultora bonaerense.
En medio de la escasez de dólares del año pasado producto de la sequía, el sector energético, que requirió una fuerte demanda de divisas en 2022 por la guerra en Ucrania, trajo algo de alivio al Banco Central. En 2023, la balanza comercial energética, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, cerró en equilibrio y para este 2024 se esperaba que ese guarismo sea fuertemente superavitaria, un hecho que no ocurre hace más de una década.
El sector energético fue uno de los mayores demandantes de divisas en el 2022. Sin embargo, el año pasado Argentina tuvo exportaciones por la suma de 1876 millones de dólares, solamente en petróleo crudo. Las exportaciones de petróleo tienden a mantenerse en cantidades, variando su valor en dólares en general a la par del precio internacional del barril. Se espera que esto se mantenga en el corto plazo, no así en el mediano y largo plazo, debido a los proyectos e inversiones en proceso.
La producción del año pasado se repartió en un 48 por ciento por YPF, 16 por ciento por Pan American Energy, 7 por ciento Vista Energy SAU, 5 por ciento Pluspetrol, 5 por ciento Shell y 19 por ciento el resto.
A diferencia de lo que sucede con los no convencionales, donde la producción en Vaca Muerta (el segundo yacimiento más grande de gas no convencional del planeta) parece no tener techo, en el futuro se espera dos cuestiones vinculados a la energía: 1) La producción total de gas siga aumentando ininterrumpidamente; y 2) la diferencia entre producción convencional y no convencional es cada vez más grande. De allí deriva el interés de varias trasnacionales por quedarse con los activos hidrocarburíferos argentinos.
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