El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta elevó a la Legislatura porteña el presupuesto para el año próximo, con un mayor nivel de ajuste y restablecimiento de impuestos que se justifican por los efectos que permanecen de la pandemia y en la quita de puntos de coparticipación que Nación destinó a la Provincia. En el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto porteño, la administración de Larreta detalla una serie de ajustes y la creación de impuestos para compensar el 1,18 puntos porcentuales de coparticipación que cede al territorio bonaerense. El recorte lo presenta a partir de la "suspensión, postergación y ralentización de obras, menor adquisición de equipamiento policial y de prestaciones de servicios (como la recolección de residuos y el mantenimiento hospitalario), tal como anticipó El Destape.
La iniciativa en la que se explica el recorte destaca que "se pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público". El proyecto plantea, además, eliminar la exención del Ingresos Brutos a la compra de Letras de Liquidez y operaciones de pases del Banco Central y aplicar impuesto a los Sellos a la tarjetas de crédito, en momentos en que el objetivo es alentar el consumo. Todas las partidas sociales crecerán por debajo de la inflación proyectada en el período. También justifica un menor aumento salarial para el año próximo.
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Tal como informó este medio, la elaboración del proyecto de la ley de Presupuesto 2021 de la Ciudad se había demorado respecto de los plazos establecidos. "La imprevisibilidad del contexto y la necesidad de contar con una mayor precisión sobre los recursos demoró la elaboración del proyecto que debería haber sido presentado el 30 de septiembre", señala el gobierno de Larreta. Esta semana se terminó de votar en Diputados la ley de leyes a nivel nacional. El proyecto porteño establece las mismas previsiones que las realizadas por el equipo económico de Martín Guzmán a nivel nacional: "variación de la actividad económica del 5,5%, tipo de cambio de 102,4 pesos hacia fin de año y variación en el nivel de precios del 29%".
Las estimaciones para el próximo año presentan un total de gastos estimado en 612.643,5 millones de pesos y un total de recursos por 587.568,9 millones, lo que proyecta un resultado financiero deficitario en 25.074,6 millones. "Esto representa un 64% menos que al cierre del 2020, esperando alcanzar para el ejercicio 2022 nuevamente el equilibrio presupuestario", señala el mensaje del Presupuesto. No obstante, el proyecto para el ejercicio 2021 muestra un resultado primario superavitario de 22.925,4 millones de pesos que revierte el déficit del 2020.
Un mar de excusas
"Los efectos causados por la pandemia, en primer lugar, y por el recorte de la Coparticipación posteriormente proyectan un déficit para el cierre del presente ejercicio superior a los 70.000 millones de pesos", asegura el gobierno porteño en el Presupuesto. En este contexto planteado por la Ciudad, para el próximo año se presentó "un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias" de ajuste.
"Se sostienen las partidas destinadas a las áreas esenciales como Educación, Salud y Desarrollo Social, así como también lo destinado a Seguridad y en Educación se sigue teniendo la partida más importante del presupuesto e incrementa su participación en el total", señala el proyecto, aunque en términos reales crezcan por debajo de la inflación respecto de las partidas ejecutadas este año.
"Los ajustes obligan al rediseño del plan de gobierno y de las medidas ya planificadas para el 2021", detalla la iniciativa. Es así que "se suspenden, ralentizan o postergan obras, planes y proyectos" y explica: "Se pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público; se revisan los grandes contratos y servicios que brinda la Ciudad y se eliminan exenciones impositivas a operaciones financieras, entre otras medidas".
Entre las medidas de ajuste se destacan una menor adquisición de equipamiento policial (cámaras, patrulleros y motos), eliminación de obras en todas las líneas de subte, menor construcción de ciclovías y reducción en prestación de servicios como en la recolección de residuos y al CEAMSE, mantenimiento hospitalario, mantenimientos del espacio público y de los espacios verdes y el servicio de vigilancia privada.
En el caso de la administración del Estado porteño, el proyecto establece reducir el gasto en alquiler de oficinas, en el mantenimiento de edificios gubernamentales y en el pago de servicios como luz, agua y gas. "Al mismo tiempo, se fomentará el trabajo remoto", destaca el proyecto. "Por otra parte, esta reducción del gasto también afectará parcialmente las negociaciones paritarias, que deberán acoplarse a la situación financiera de la Ciudad. Apostando siempre al diálogo con los sectores gremiales se buscará contemplar el poder adquisitivo de los trabajadores en especial los salarios más bajos. En el marco de la crisis sanitaria producto de la pandemia y con una caída récord de la recaudación, durante este año ningún empleado público de la Ciudad sufrió reducciones salariales", adelanta el equipo económico de la administración de Larreta.
El Ejecutivo porteño planteará a la Legislatura la eliminación de la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y a las operaciones de pases. Estas dos medidas –que ya se están implementando en otras provincias- impactan en el sector financiero de la Ciudad, que fue uno de los sectores menos afectados por la pandemia. "Por otra parte, se aplicará el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito, medida que también ya llevan adelante provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego", agrega.
Estos ajustes prevén una recaudación de 19.700 millones de pesos para el próximo año. De esta manera, junto a los 32.300 millones estimados por la reducción del gasto, la Ciudad buscará compensar los 52.000 millones de pesos que no recibiría en caso de seguir vigente el Decreto N° 735/20.
Para el 2021, los ingresos tributarios se calculan en 549.148,2 millones de pesos (39,2% con respecto al 2020), con una estimación de ingresos tributarios propios de 447.317 millones (81% del total), en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal se estiman en 101.831,2 millones (19% restante). Larreta solicitara a la Legislatura además la autorización para la emisión de un nuevo bono para proveedores por 15.000 millones de pesos. Parte del financiamiento del déficit derivará de los 6.123,3 millones de pesos provenientes de los desembolsos a ser efectuados en el marco del Préstamo con Organismos Internacionales de Crédito, en tanto que el resto se financiará a través del programa de Letras del Tesoro en el mercado local.
A la espera de la Corte Suprema
Rodríguez Larreta todavía espera que la Corte Suprema de Justicia responda a su demanda tras la quita en la coparticipación que dispuso Fernández por decreto. Según lo cálculos que manejan en la Ciudad, si el decreto queda vigente implica unos $ 53 mil millones para 2021 (si se aprueba la ley en el Congreso, la suma escala a $ 65 mil millones).
Mientras aguarda por esa resolución, desde Nación se impulsa un nuevo Consenso Fiscal que busca dejar de lado la reducción escalonada de impuestos y así evitar que las arcas públicas de las provincias se vean más afectadas de lo que ya están por los efectos de la pandemia. Otro de los puntos propuestos es un límite para el endeudamiento en dólares de las provincias. “Desde el pago del gobierno macrista a los holdouts, el grueso de las provincias se vieron virtualmente forzados a recurrir al endeudamiento externo y tomaron más de US$ 12.000 millones, que los puso en jaque con el default”, advierten desde Nación. Fuentes nacionales al tanto del diálogo aseguran que “no hay mayores problemas con las provincias, excepto con Ciudad”, en referencia a que el consenso cosecha gran aceptación por lo que, de lograr saldar las diferencias con Rodríguez Larreta, confían en que sea unánime el acuerdo.
El punto conflictivo que la administración porteña de Juntos por el Cambio marca pasa por la siguiente cláusula C que tiene que ver con los procesos judiciales: “Abstenerse por un período de dos años de iniciar procesos judiciales, y desistir de los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”.
Tanto desde Nación como de Ciudad confirmaron a El Destape que hay diálogo entre ambas administraciones y que hay “buena voluntad” de llegar a un acuerdo. El punto de encuentro que hoy circula en una contrapropuesta podría ser que esta “tregua” que pide Nación sea solo de un año. Las negociaciones van por dos vías aunque tienen el mismo fin: por un lado la política, a cargo de Rodríguez Larreta y Wado De Pedro, y por otro lado la técnica, que mantienen el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.
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