En el marco de la profundización de la pandemia del coronavirus, el Gobierno elevó al Congreso un proyecto de ley para prorrogar por 6 meses más la posibilidad de fijar los aumentos jubilatorios por decreto. La aplicación de una nueva fórmula de ajuste automática para los haberes recién podría ser viable en 2021.
Fue la Jefatura de Gabinete quien presentó el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prolongar por 180 días (hasta el 31 de diciembre) el lapso de tiempo para que la Comisión- conformada por representantes del ámbito legislativo y ejecutivo - elabore un nuevo índice de actualización para los jubilados. El plazo original que plantearon los artículos 55 y 56 de Ley de Emergencia Social vencía el 31 de junio.
De acuerdo al documento al que accedió El Destape, el Gobierno hizo hincapié en que la inestabilidad macroeconómica impide elaborar un índice que contemple variables a tener en cuenta en el largo plazo. Claro, los efectos de la pandemia modificaron de forma sustancial la evolución de los indicadores a tener en cuenta en la construcción de un nuevo cálculo.
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“Esta situación también conlleva consecuencias indirectas, en especial en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor, y también tornan inciertos los parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo para determinar la movilidad previsional”, destaca el documento oficial.
Asimismo, el proyecta plantea que “es muy probable” que este indicador muestre una evolución “errática” en los próximos meses debido a los acuerdos salariales en el sector privado y los cambios en la composición del empleo derivadas de una menor ocupación.
Los argumentos
Por otro lado, el Gobierno remarcó que los regímenes jubilatorios “tienen que balancear dos objetivos: mantener la suficiencia de las prestaciones y asegurar su sustentabilidad”. Ambas metas, según precisó el oficialismo, no pueden llevarse a cabo ante “las condiciones macroeconómicas inestables, el aceleramiento de los cambios demográficos y las crecientes transformaciones en el mundo del trabajo y las relaciones laborales”.
“Los principales indicadores y parámetros utilizados para determinar la movilidad de los haberes previsionales se han visto o se verán severamente afectados por la pandemia de COVID-19”, sentencia el escrito de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios.
“En momentos de grandes distorsiones de las variables macroeconómicas que inciden sobre los diversos elementos que podrían constituir los parámetros de una ecuación de movilidad, y en el marco de una volatilidad de la actividad económica que se va acomodando, diariamente, a la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses”, agrega el documento.
Por otra parte, el proyecto señala que tampoco es posible estimar cómo se levantarán las restricciones, el restablecimiento del comercio, el consumo, y la recaudación general, la de los impuestos total o parcialmente afectados al sistema previsional, y la de aportes y contribuciones.
De momento, la Comisión de Movilidad Previsional tiene programada la invitación a organizaciones y especialistas, y solicitará informes a organismos públicos para avanzar en el tratamiento de la futura fórmula y los regímenes especiales.
Integran la comisión los diputados Marcelo Casaretto, Carlos Heller, Carlos Caserio, Daniel Lovera (FDT), Miguel Baelo y Luis Goñi (Ministerio de Trabajo), Roberto Arias (Ministerio de Economía) y Fernanda Raverta (Anses). Del lado de Juntos por el Cambio, representan al espacio los legisladores Esteban Bullrich, Alejandro Cacace, María Tapia y Luciano Laspina
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