Las jubilaciones que no recibieron bono ya tuvieron una caída real del 43% en 2024

El ajuste fiscal ortodoxo y por shock de la administración de Javier Milei recayó sobre los jubilados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el desarticulado Potenciar Trabajo y las provincias. “Los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos compensatorios) mostraron una reducción real de 43% durante el primer bimestre de 2024 comparado con el mismo período del año pasado”, puede leerse en el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En promedio, el recorte total del gasto público fue del 33,6% en términos reales, mientras que el pago de los intereses de la deuda aumentó un 34% en términos reales. El recorte de las transferencias hacia las provincias fue del 73% en términos reales. De la casta que pague el ajuste, ni noticias. Milei lo hizo. 

Durante los primeros dos meses del año, los recortes presupuestarios fueron masivos: los gastos de capital disminuyeron un 82%, las transferencias hacia las provincias otro 73% y los subsidios energéticos fueron recortados en un 59,5% en términos reales. Pero por su nivel de incidencia dentro de la estructura del gasto primario, la mayor carga del ajuste la sufrieron los jubilados y jubiladas, con una caída del 33% en términos reales, comparado con el mismo bimestre de 2023. Hacia el interior de esta categoría, surgen otras disquisiciones. 

“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, que toma como referencia períodos anteriores asociados a la recaudación de ANSES y salarios, como así también por la frecuencia de actualización trimestral, parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Los haberes sin bonos cayeron un 43%, mientras que la pérdida con bono incluido fue de 27,8% interanual”, indicaron desde la OPC.

De la casta que pague el ajuste, sin noticias. Para el Potenciar Trabajo, el presupuesto devengado de la administración nacional arrojó un total erogado de 114.555 millones de pesos. “Como hubo una falta de registro en marzo, la ejecución de este programa arroja una contracción de 39,1% interanual en términos reales, explicado mayormente por la pérdida de poder de compra de las prestaciones”, agregaron desde la OPC. 

Después de los jubilados, las provincias

Con motivo de las menores erogaciones en obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, así como la ausencia de inversión de los programas de Infraestructura y Equipamiento y Conectar Igualdad, ambos de la cartera de Educación (Capital Humano), hubo un desplome de la inversión real directa del orden del 80,5% en términos reales. Estos programas y recursos tienen un impacto directo en las provincias. En total, los recortes en las transferencias hacia las provincias fueron del 73% en términos reales durante los primeros dos meses de este año. 

Las empresas públicas, en el centro de la escena para su posible privatización, también sufrieron recortes. “La menor ejecución en la asistencia financiera, en concepto de gasto de capital hacia las empresas públicas, fue del 96,7%”, sostuvo el informe oficial del Congreso. Es decir, casi cero pesos de inversión. Para liquidar el patrimonio público como pretenden desde de La Libertad Avanza, primero desfinancian los activos claves.

Lo mismo ocurre con el disciplinamiento hacia las provincias y su población. Durante su discurso en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, Milei les propuso a los mandatarios provinciales una suerte de compensación fiscal a cambio de que aprobaran la ley ómnibus. Una maniobra casi extorsiva en vivo y directo. Para ejercer tamaña estrategia, el Gobierno primero disciplinó a todas las jurisdicciones con una quita arbitraria de recursos.

Las transferencias de capital hacia provincias y municipios cayeron un 92,5% en términos reales. Miseria planificada.