Medidas en Senasa: cómo puede impactar en la actividad económica un ajuste en la planta del organismo nacional

“El ajuste va a tener lugar igual, lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas o por las malas”, anticipó esta semana en una nota televisiva el presidente electo, Javier Milei, en referencia a uno de los pilares centrales del programa de gobierno que pondrá en marcha desde el 10 de diciembre próximo: un fuerte ajuste fiscal. Para cumplirlo, y según anticipó en declaraciones mediáticas, enviará un paquete de leyes al Congreso que incluyen -entre otros- una reforma del Estado basada en la reducción de ministerios y organismos estatales. En este escenario, uno de los que aparece en el foco de la escena es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desde donde alertan que, de implementarse recortes en su funcionamiento, impactaría directamente en la actividad económica y puntualmente en el comercio internacional ya que la paralización de los controles podría frenar todas las exportaciones, poner en riesgo el ganado con pérdida de mercados importantes para el país, así como afectar las inspecciones en frutas y otros productos que van al exterior, y por ende el ingresos de divisas al país. Sumado al riesgo para la salud de la propia población. 

“Si se da una enfermedad que en el país no existe, los mercados internacionales nos dejan de comprar. Pasó con la producción avícola, huevos y todos los derivados de las aves”, advirtieron desde el organismo que realiza, por ejemplo, los controles de inspección de faena requeridos por países como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea que exigen controles oficiales para poder comerciar. Y agregaron que "no hay ningún motivo para que alguien pretenda aplicar un ajuste ya que el organismo mismo se autofinancia y además le aportó al Estado 12 mil millones de pesos en el 2022". 

Según pudo saber este medio, los recortes podrían afectar las fuentes de trabajo del personal que ingresó en el último año y de quienes se encuentran contratados como monotributistas con prestación de servicios, es decir, un universo de más de 500 los puestos en juego. En este contexto desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron medidas de fuerza a partir de “tomar conocimiento de que se inició un relevamiento de personal con el objetivo de iniciar despidos en áreas sensibles para el funcionamiento de la institución”. Las mismas incluyen un paro de 72hs desde este 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre inclusive en tanto que anticiparon “el inicio de un plan de acción que va a tener continuidad por otros organismos y no descartamos llegar a la huelga general”, según destacaron desde el sindicato. 

Rol del Senasa en la economía del país

El Senasa es un organismo descentralizado que se encarga de planificar y ejecutar programas de fiscalización de la producción agroalimentaria de acuerdo con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio, controlando las normas fitosanitarias necesarias para que Argentina pueda exportar a otros países con “alimentos inocuos para el consumo humano y animal”, según se detalla en la web oficial. En relación, entre su tareas se encuentran los controles de importaciones y exportaciones de productos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios, agroquímicos, fertilizantes, entre otros, de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales. 

Para entender el rol que cumple en la actividad económica del país, desde el gremio ATE explicaron que sin el organismo “el país no cuenta con las certificaciones necesarias para el comercio internacional, es decir, sin estos controles no habría exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”. A modo de ejemplo, “sin las barreras de control zoofitosanitario puede perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de fruta con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación y también se perdería la zona libre de aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más, como Japón”. 

Jorge Ravetti, trabajador con 55 años de trayectoria en el organismo y coordinador General de ATE Senasa, indicó que desde su actividad “se resguarda el territorio nacional de cualquier enfermedad exótica como la gripe aviar, peste porcina africana, encefalopatía, espongiforme bovina, entre tantas otras” y advirtió que “si se da una enfermedad que en el país no existe los mercados internacionales nos dejan de comprar, pasó con la producción avícola, huevos y todos los derivados de las aves”. El dirigente de la CTA Autónoma regional Ezeiza se refirió a los cambios que sufrió el organismo a lo largo de su historia: “trabajo desde cuando era la Comisión Nacional de Fiebre Aftosa y he vivido todas las transformaciones sufridas desde 1968 a la fecha. El presidente electo prometió barrer con todos los nombramientos efectuados durante 2023, y esto pareciera que está tomando forma porque desde Función Pública se está pidiendo relevamiento a todos los organismos, incluido el Senasa” y consideró que “un organismo sanitario jamás puede estar supeditado a los recortes caprichosos de la política”. 

De acuerdo a lo que pudieron conocer de forma anticipada desde el sector gremial, en el marco del “paquete enorme con reformas del Estado” que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) espera enviar para su tratamiento en el Congreso, un punto clave sería la reducción de ministerios y las privatizaciones, con eje en el recorte de empleos en el sector público nacional. “Se están poniendo en serio riesgo la continuidad de todo el personal ingresado en el año 2023, como así también de los 550 contratados bajo la modalidad FUNVET, quienes están en una situación de extrema precarización, dado que firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios y son los principales apuntados en riesgo de perder su laburo”, alertaron desde ATE nacional.

Al respecto, Ravetti señaló que “durante el año no se efectuaron ni nombramientos nuevos, ni que tuvieran que ver con la política partidaria, lo que se hizo fue plasmar concursos legítimos y quienes los ganaron son trabajadores que habían estado planchados y sin concursos durante el gobierno de Mauricio Macri”. Puntualmente, “los trabajadores contratados bajo la modalidad FUNVET (a partir de Fundación de la Facultad de Veterinaria de La Plata) están ultra precarizados y llegaron para recrear las barreras sanitarias ante la influenza aviar a la Argentina, que aún no se erradicó del país”. De los más de 500 puestos precarizados en el organismo, unos 450 fueron contratados para combatir la propagación de la influenza aviar, que afecta a la producción de aves y también en los últimos meses causó la muerte de lobos marinos y otros animales en las costas argentinas, mientras que 100 fueron asignados para cubrir controles de inspección veterinaria en establecimientos de faena ante auditorías de Estados Unidos, Israel, México y la Unión Europea, que exigen “que los controles sean de profesionales estatales argentinos”, y se suman contratos que se generaron ante la presencia de la mosca de frutas, lo que impide su exportación.

En cuanto al financiamiento de este organismo, se indicó que el mismo se autofinancia y que en 2022, “le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos”. 

Primeras medidas gremiales

En el marco de los posibles despidos, desde ATE pusieron en marcha una medida de fuerza de tres días desde este miércoles 29 de noviembre y hasta el viernes 1 de diciembre. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el martes a última hora de la tarde, sin embargo, el malestar y la preocupación continúan. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, señaló que la decisión iniciar un conflicto tiene que ver con “la certeza de que el recorte que planifica el próximo gobierno contempla el despido de miles de estatales, por lo que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva” y evaluó que “la medida tendrá un fuerte impacto y no se nos podrá responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias”. 

Según confirmaron desde ATE, el gremio pudo acceder “a datos precisos brindados por quienes participan en las reuniones de transición en distintas áreas del Poder Ejecutivo, que indican que la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos”. De esta manera, podrían verse afectados las fuentes de trabajo de quienes hayan sido efectivizados en 2023 pero que venían cumpliendo tareas hace 5, 10 o incluso 20 años atrás, “son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos”, dijeron desde el sindicato.

“Desde la asunción de Macri en 2015, el organismo fue diezmado en su distintos servicios de inspección veterinaria, entre ellos las barreras sanitarias, las fronteras y ni hablar de sanidad animal que debe garantizar la trazabilidad de todo el ganado vacuno, ovino, porcino, equino y caprino. Todas las funciones fueron totalmente desarticuladas por la gestión macrista que hoy está ocupando todos los cargos públicos de este gobierno”, sostuvo Ravetti, trabajador de Senasa y agregó “no estamos defendiendo ñoquis sino a trabajadores profesionales capacitados que le ponen el lomo todos los días para tratar de que la gripe aviar no avance, garantizar la trazabilidad, impedir que entren enfermedades exóticas que en nuestro territorio no existen, y que el organismo sea eficiente y creíble en el mundo porque la única manera de que el campo y la producción agropecuaria puedan exportar y tener ingreso de divisas es si existe un organismo creíble”.

Desde la representación sindical anticiparon que las medidas de esta semana son “el inicio de un plan de acción que va a tener continuidad por otros organismos" en tanto que no descartaron el llamado a una huelga general si "la primera variable de ajuste vamos a ser los estatales”.