Impuestos: los beneficios a las empresas representan el 4,5% del PBI

El próximo 15 de septiembre deberá ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto 2024. Según el adelanto realizado por el ministro de Economía y candidato presidencial por UP, Sergio Massa, el texto planteará el objetivo de alcanzar el déficit cero durante el próximo año, cuando para este 2023 la meta acordada con el FMI sigue en el 1,9% del PBI. El debate parlamentario podría contar con un arduo debate en caso de que se avance con el análisis sobre los gastos tributarios y una serie de beneficios empresarios que equivaldrían al 4,5% del producto, y que alcanza a diferentes actores del poder real: funcionarios del poder judicial que no pagan Ganancias, o beneficios a las empresas mineras, energías renovables, biocombustibles, o la promoción económica de Tierra del Fuego. De acuerdo a lo informado por Economía, el objetivo sería llevar adelante una reducción de estos beneficios para alcanzar el tan mentado déficit cero. La separata ya había sido incluida en el Presupuesto de este año aunque no fue tratada por el Congreso.

“El Presupuesto se propone incluir una separata que detalle el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas. Su reducción es una vía que permitiría robustecer los recursos del sector público, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de políticas públicas prioritarias y, como se postula, alcanzar el déficit primario cero en la Ley de Presupuesto 2024 de la República Argentina”, señalaron desde Economía al momento de enviar un adelanto del texto que debería conocerse esta semana. El peso financiero del gasto tributario y de otros beneficios empresarios equivaldrían al 4,5% del PIB.

Si bien no se difundió el contenido de la nueva separata, sus lineamientos quedaron establecidos en el proyecto del Presupuesto 2023, ocasión en que Massa también presentó ante el parlamento un desglose de los beneficios tributarios que ahora se propone revisar nuevamente.

Algunas empresas

El texto de la separata incluida en el Presupuesto de este año permite vislumbrar algunos sectores económicos, altamente rentables, que siguen recibiendo algún tipo de beneficio fiscal por parte del Tesoro nacional, en un contexto complejo para la macroeconomía.

Por ejemplo, en el capítulo Contribuciones a la Seguridad Social, las empresas de comunicación audiovisuales pueden computar como crédito fiscal en IVA los aportes patronales. Este beneficio podría entenderse en el caso de pequeños medios de comunicación de las provincias. ¿Pero debe correr también para el Grupo Clarín o América o La Nación+? Este podría ser el inicio de un intenso debate.

En el capítulo Impuesto sobre Combustibles se incluye una exención para el biodiesel utilizado en la generación de energía eléctrica. También se permite computar como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias del 45% del impuesto sobre combustibles líquidos contenidos en las compras de gas oil, a los servicios de transporte, actividad minera y agropecuaria.

Este dato resulta relevante, teniendo en cuenta la insistencia del sector agroindustrial por reducir impuestos y eliminar todo tipo de subsidios, tal como quedó expresado en la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), tomada casi al pie de la letra en el programa político presentado por Juntos por el Cambio.

Otro aspecto que podría generar un fuerte encontronazo con el sistema financiero tiene que ver con la exención del Impuesto a Bienes Personales de los depósitos en las entidades financieras.

Ganancias

Si bien Massa propone la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, todavía no se pronunció sobre la situación de los jueces y funcionarios de los Poderes judiciales de Nación y provinciales. Sin embargo, este punto fue incluido en la separata del Presupuesto 2023. De acuerdo a los cálculos oficiales, las exenciones se ubicarían este año en torno a los 237.850 millones de pesos, alrededor del 0,16% del PBI.

También podrían analizarse las exenciones en Ganancias “obtenidas por personas humanas residentes en el país, provenientes de la compraventa de acciones y demás títulos valores con cotización en bolsas”. El Ministerio de Economía carece de datos sobre los montos que el fisco se pierde en recaudar. Así de opaco resulta el sector financiero.

Otro de los sectores que reciben beneficios fiscales son las empresas de medicina prepaga, también incluidas dentro de la separata. Por un lado, siguen sin pagar contribuciones patronales a partir del decreto 34/2021, dictado en el marco de la pandemia. Pero ya pasada la crisis sanitaria, y con subas de las cuotas de manera periódicas – aunque ahora congeladas por dos meses - , continúan con este beneficio calculado en 20.000 millones de pesos.

Las mismas empresas de salud y sus prestadores también gozan de una alícuota reducida del IVA. Según el Presupuesto vigente, serían 103.000 millones que dejarían de recaudarse.

Tierra del Fuego 

La Ley 19.640 es un subrégimen industrial que cumplió 50 años y está compuesta por un conjunto de normativas que tenían como meta estratégica y geopolítica fomentar la actividad económica en la zona austral. Fue inaugurado en 1972. El presidente Alberto Fernández lo extendió hasta 2038, prorrogable por otros 15 años. 

Las principales empresas beneficiadas son las ensambladoras de equipos tecnológicos, que a su vez son grandes demandantes de dólares para la importación de componentes. Por este desbalance comercial, fueron varios los sectores que reclamaron ponerle un fin a dicho régimen.

En el Gobierno de la Alianza Cambiemos, Macri los había conminado hacia una suerte de reconversión productiva, que no ocurrió. En el caso de Javier Milei, directamente propone su derogación. “Es una estafa a los argentinos de bien”, lanzó en 2022. Así y todo, el candidato de La Libertad Avanza ganó las PASO en dicha provincia con el 35,28% de los votos.

Por su parte, el centro de estudios Fundar propuso reconvertir la ley que plantea una política fiscal para el desarrollo poblacional y económico de Tierra del Fuego por una que contenga como objetivo principal estímulos al valor agregado y a la innovación local, lo que le permitiría al Estado ahorrar 6.000 millones de dólares en diez años.

Según la separata enviada en el Presupuesto de este año, el gasto tributario llegaría este año al 0,35% del PBI, es decir unos 519.720 millones de pesos.