En el primer trimestre de este año se profundizó la desigualdad social y económica entre los sectores que perciben más ingresos y aquellos que no pueden cubrir el costo de una canasta básica total. Es decir, más de la mitad de la población con algún tipo de ingreso, ya sea laboral o con alguna asistencia del Estado. Por eso se habla del fenómeno de trabajadores pobres.
Este resultado no debería sorprender a ningún funcionario del Gobierno nacional pero sí, al menos, llamar su atención. En el segundo semestre del año pasado, se registró un aumento de la pobreza a pesar del crecimiento del PBI. Entre enero y marzo de 2023, también hubo un alza del trabajo no registrado en 1,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado. Esto equivale a bajos salarios. La actual crisis económica y social se caracteriza, como sostuvo la socióloga Sandra Guiménez en diálogo con El Destape, por la existencia de algunos estratos de altos ingresos que poseen capacidad de consumo y aquellos que deben endeudarse para comprar comida.
El coeficiente de Gini establece que cuanto más cerca del valor 0 se encuentra una población, se daría una situación de igualdad, y cuando su resultado es 1, lo contrario. En el período enero–marzo se ubicó en el 0,446 cuando para el primer trimestre del año pasado se hallaba en el 0,430. Con este resultado, el Gini se ubica en un nivel similar al registrado durante el primer trimestre de 2019 (0,447). La brecha entre el estrato poblacional que más ingresos recibe contra los sectores más vulnerables fue, para el primer trimestre de este año, de 14 veces.
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La categoría ingreso total individual, incluida en el informe del Indec, abarca las diversas fuentes de recursos individuales, tanto las laborales como las no laborales, como por ejemplo, jubilaciones y pensiones o subsidios. El 62,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio fue igual a $123.782, muy por debajo del costo de una canasta básica total (para cuatro personas) que para mayo se ubicó en los 217.000 pesos.
Al desagregar por estrato social, se agudiza la foto de la precariedad social. Los ingresos promedio percibidos por el estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivalió a $44.235, mientras que para el estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $114.804. Los últimos dos deciles percibieron ingresos, promedio, equivalentes a $300.882.
“Existe un deterioro real de las condiciones de vida. Pero no todos está mal. Están aquellos que poseen un empleo registrado con un alto promedio salarial como en el sector petrolero, finanzas y la industria del conocimiento. Pero el conjunto de la población que se encuentra en una informalidad estructural tuvo que autogestionarse el empleo. Y esto no es nuevo. En Argentina se podía pensar en cierto ascenso social pero, lamentablemente, se perdió la expectativa de que el futuro puede ser mejor”, sostuvo la socióloga Sandra Guimenez, Doctora en Ciencias Sociales por la UBA e integrante del Observatorio de Economía Política de Ciencias Sociales, en diálogo con El Destape.
Precariedad
La discusión que pretendió sostener un sector del kirchnerismo sobre la necesidad de aplicar una suma fija para todos los asalariados, no era caprichosa. Las paritarias solo logran empardar a la inflación, y aquellos que se desempeñan en la informalidad, quedan librados a su suerte.
Según el Indec, las personas asalariadas con descuento jubilatorio recibieron ingresos, promedio, equivalentes a 151.773 pesos, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $65.657. Una diferencia abismal.
“El problema radica justamente en la calidad del empleo que tiene lugar en este proceso de recuperación económica que acelera el proceso de precarización en curso. Resulta que son once trimestres durante los cuales se creció en nueve, en ocho se verificó recomposición de la tasa de empleo, y en siete ese aumento del empleo estuvo asociado a un incremento de los asalariados no registrados más importante que el formal”, explicaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Claudio Lozano junto a la economista Ana Ramieri.
De acuerdo a los datos elaborados por Lozano, luego de extender la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a la población urbana total, desde la segunda mitad del 2020 hasta el primer trimestre de este año, “se crearon 2,7 millones de puestos de trabajo informales, contra 927.000 formales” y más de 1,4 millones de cuentapropistas, mucho de ellos monotributistas.
Endeudarse para comer
Los niveles generales de consumo siguen en zona positiva, aunque en una clara desaceleración. Por ejemplo, en los comercios minoristas y barriales, las ventas caen mes a mes según los datos relevados por la consultora Scentia. En mayo, registraron una baja en las ventas del 12,4% a nivel país pero con una mayor incidencia en el Area Metropolitana, con un descenso del 29%.
Para la Cámara Argentina del Comercio y Servicios, también hubo un estancamiento general en las ventas durante el quinto mes del año.
Por lo tanto, habría que observar más allá de lo que marcan los promedios y porcentajes de las estadísticas oficiales. La actual crisis económica y social presenta una morfología diferente a cualquier otra crisis.
En este escenario, existen hogares en todo el país que deben endeudarse para comprar comida, medicamentos y pagar servicios. Al mismo tiempo, destinan la mayoría de sus ingresos – laborales y no laborales - al pago de esas deudas. Esta fue una de las principales conclusiones del Primer informe sobre endeudamientos, géneros y cuidados en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Economía junto a la CEPAL.
A partir de una encuesta nacional, se abordaron las estrategias de financiamiento en los hogares del país. La conclusión fue que la proliferación de la informalidad laboral llevó a que las familias buscaran formas de financiamiento por fuera del sistema bancario. El circuito informal incluye prestamistas, acuerdos privados con los comerciantes, o simplemente pedir dinero a un conocido.
La encuesta arrojó que, del total de hogares que tuvieron que endeudarse, el 63,8% utilizó ese dinero se usó “para costear gastos en comida y medicamentos”, un porcentaje que asciende al 65,4% en las viviendas cuyo principal sostén son las mujeres.
Luego del pago de la comida mensual o los medicamentos, las familias afirmaron que utilizaban esa plata para costear el pago de las expensas, servicios públicos o diferentes impuestos. “Con relación al uso del financiamiento para saldar deudas, el 39% de los hogares declaró utilizar el dinero para cubrir deudas de cuotas a prestamistas o las compras fiadas en los comercios”, puede leerse en el informe.
Del lema “crecer para distribuir” a endeudarse para comer.