El último informe que brindó el Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó un dato preocupante: el rubro Comunicación registró un aumento del 7% en junio y lideró las subas del mes. A pesar de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no autorizó ningún incremento, las empresas de telecomunicaciones se valieron de la medida cautelar que obtuvo el Grupo Clarín para ir en contra de la declaración de servicio público para subir las tarifas indiscriminadamente.
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La inflación de junio se desaceleró levemente y fue del 3,2%, la menor marca desde octubre de 2020. Sin embargo, el aumento en Comunicaciones fue del 7% en junio y del 1% en mayo, mes donde tampoco se habían autorizado ningún tipo de aumentos.
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El poder judicial volvió a operar en contra de los usuarios y les hizo un guiño a las compañías de telecomunicaciones en su pelea contra la intervención del Gobierno para regular el mercado. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió a fines de junio la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Estas dos compañías se sumaron a la firma Telecentro (Clarín), que inició el proceso judicial.
El fallo contó con los votos de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, mientras que la jueza María Claudia Caputi votó en disidencia con sus pares. El Enacom elevó el recurso de queja para llevar la discusión a la Corte Suprema pero las empresas ya hicieron de las suyas.
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Es que la misma Sala II en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso extraordinario que había pedido el ente en un voto mayoritario (2 a 1). El recurso consistía en que se suspenda la medida cautelar a favor del grupo Telecom y contra la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 ratificado por el Parlamento. La decisión judicial fue confirmada por la empresa beneficiada en la notificación a la Comisión Nacional de Valores.
Gracias a esta ratificación, las compañías privadas pueden establecer sus precios más allá de las autorizaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las consecuencias ya se hicieron sentir. Según pudo saber El Destape, el impacto en las tarifas podría afectar a cerca de 20 millones de usuarios.
En diciembre pasado, el Enacom solo autorizó un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV por cable, que fue desobedecido por las compañías privadas, que aplicaron subas del 12% al 20% durante enero. En aquel momento, el ente logró que las empresas retrotraigan los incrementos, por lo cual los usuarios recibieron un resarcimiento. Sin embargo, el panorama cambió.
Esta semana, el ente regulatorio aprobó un aumento del 5% en comparación a los valores de marzo, que aplicó a partir de julio. Además, instó a que las empresas den marcha atrás y devuelvan a los usuarios los aumentos indebidos. Asimismo, ordenó que no se podrá cortar el servicio a quienes no paguen hasta que se les refacture correctamente. La máxima dificultad yace en que ahora las compañías cuentan con el paraguas judicial de la cautelar.
"Resulta imperioso actuar con celeridad, y que la Corte decida finalmente al respecto, teniendo especialmente presente que lo que está en juego son los intereses y los derechos más básicos y fundamentales de la sociedad", afirmó el presidente del ente, Claudio Ambrosini, en un comunicado.
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