La guerra desatada por Rusia implicó un nuevo factor de tensión para uno de los flancos más débiles del gobierno, como lo es el creciente costo de los alimentos. Y es que durante los últimos dos años no solo no se revirtió la tendencia iniciada en 2016 de los alimentos creciendo en el peso del salario, sino que la misma se profundizó para llegar, en la actualidad, a promediar un 33 por ciento del ingreso salarial de los argentinos.
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En un país que según el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) produce calorías para alimentar a 425 millones de personas, resulta paradójico que el costo de los alimentos sea uno de sus mayores problemas, pero dos elementos parecerían incidir para este fenómeno, ambos bajo el factor común de un Estado poco propicio a intervenir sobre los mismos.
El primero de ellos es el precio internacional de las materias primas, un fenómeno vinculado al crecimiento del consumo en China y a los esquemas de comercialización y especulación de los granos, que con la guerra están experimentando una nueva y fuerte escalada, frente a un Estado que mantiene la principal herramienta de desacople en los precios, las retenciones, en niveles considerablemente menores que los del 2015.
El otro, de índole local, se vincula a la estructura productiva y de comercialización, detallada en un reciente informe del Observatorio para el Desarrollo Provincial (ODeP), una ONG conformada por profesionales de múltiples disciplinas que se desempeñan tanto en el sector público como privado, que le pone cifras a esta concentración. Según su relevamiento, en la Argentina tres empresas concentran el 91 por ciento de la producción de aceites, otras tres el 85 por ciento de la producción de azúcar, una sola de fideos es responsable del 79 por ciento de su fabricación, dos empresas de harinas acaparan el 82 por ciento de su producción, otras dos de gaseosas el 98 por ciento de la oferta de estos productos y solo una de leche concentra el 70 por ciento de esta bebida.
Recientemente, la Federación Nacional de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), que forma parte de la CTA, difundió un comunicado en el que planteaba que “ya es momento que el Estado argentino se decida a jugar un rol protagónico en este sector clave de la vida nacional”, añadiendo su preocupación por “la ingenua persistencia de querer controlar los precios, ‘acordando’ con los formadores de precios, sin desarrollar organizadamente la oferta que compense y compita en cada territorio”.
El planteo de la FONAF, se liga con otro de los tramos del estudio de la ODeP, que señala que a esta estructura oligopólica de producción se le suma otra de comercialización, que dificulta la competencia y facilita la remarcación de precios. En este sentido, destacaron en diálogo con El Destape que entre el 30 y 40 por ciento de las bebidas y alimentos se venden a través de las grandes cadenas supermercadistas, donde solo tres cadenas representan el 70 por ciento de las ventas. Una concentración que se encuentra incluso por encima de países latinoamericanos como Brasil, en donde cinco cadenas representan el 46 por ciento de la venta, o Chile, en el que cuatro cadenas acaparan el 88 por ciento.
Sobre este último aspecto, desde Odep proponen fortalecer los canales alternativos de ventas con ferias, mercados populares, y supermercados estatales, junto a la aplicación de la “Ley de Góndolas”, además de los “Precios Cuidados” para las grandes cadenas. La ley, sancionada en febrero de 2020 y reglamentada en mayo del año pasado, buscaba garantizar una distribución equitativa de los proveedores en las góndolas, para ampliar la competencia y dar acceso sobre todo a las pymes alimenticias, fundamentalmente a través del cupo del 25 por ciento de las góndolas para las mismas y otro 5 por ciento para cooperativas.
Sin embargo, el mismo presidente Alberto Fernández señaló que en este tema los supermercados “actuaban bajo su antojo” y poco o nada parece haber cambiado desde su puesta en marcha. Según fuentes del sector consultadas por El Destape, el incumplimiento se debe a la decisión política de contemplar cierta laxitud frente al incumplimiento de esta ley, a cambio del compromiso de los supermercados por respetar el programa “Precios Cuidados”. A su vez, la reticencia de las grandes cadenas para cumplir con la normativa, asegura una de las fuentes, se debe a los acuerdos económicos que sostienen con las grandes empresas alimenticias para darle mayor visibilidad a su producción, como también a la imposibilidad de contar con pymes que les garanticen un correcto abastecimiento en sus góndolas.
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Fernández señaló que existía una “costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas”, a la que sumó la “inflación global de los alimentos”, aunque no anunció nuevas medidas para contrarrestar estos efectos. Por su parte, la FONAF señaló: “A nuestra coalición gobernante le demandamos que no puede seguir ausente de una política de producción, abastecimiento y acceso de nuestros alimentos” y agregó: Porque “no podemos eternamente seguir solo ´en la defensiva´ en una cuestión tan vital como el alimento diario de nuestras familias”.
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