Los grandes supermercados que participan de Precios Justos apuntan contra las empresas proveedoras por los productos que no tienen el abastecimiento requerido y sostienen que los controles realizados por la Secretaría de Comercio junto a Camioneros pueden ayudar a este objetivo.
En paralelo, el Gobierno apuesta a que las fiscalizaciones ya realizadas permitan que continúe creciendo el nivel de abastecimiento del programa y prevé que, en ese caso, no sigan los operativos junto al gremio de Hugo y Pablo Moyano.
Los supermercados, divididos ante los operativos con Camioneros
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La aparente polémica por la participación gremial en el control de precios, de todos modos, no es universal dentro del mundo empresario sino que proviene más bien de las empresas proveedoras. "COPAL respeta el estado de derecho. Ni nosotros podemos arrogarnos la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares. El control es una función indelegable del Estado", declaró en los últimos días Daniel Funes de Rioja, titular de esta confederación que nuclea a las alimenticias.
Los supermercados, por el contrario, están divididos. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a las grandes cadenas en las que se realizaron los operativos, como Coto, Cencosud y Carrefour, no polemizaron sobre la participación del gremio de Hugo y Pablo Moyano y pusieron el foco en la mejora del abastecimiento que, entienden, es responsabilidad de las empresas proveedoras.
"Entendemos que la participación de 'camioneros' (sic) en los operativos dispuestos por la Secretaría de Comercio, es un tema secundario. Lo trascendente de que se hagan estos controles es que apunten a lo que es la clave del éxito del programa que no es otra cosa que el abastecimiento", afirmaron en ASU a El Destape, y agregaron, apuntando a los proveedores, que "queda claro que la responsabilidad de los faltantes que se puedan llegar a ver en las góndolas no es atribuible a las cadenas de supermercados".
En cambio, Víctor Palpacelli, el titular de FASA, la federación que nuclea a los supermercados pequeños del interior, le dijo a CNN Radio: "Estas situaciones alejan las posibilidades de que diferentes cadenas regionales se sumen al programa (Precios Justos) y, por el contrario, (fomenta a que) quienes ya se hayan sumado busquen realmente bajarse."
Los controles de Precios Justos con Camioneros
Según pudo saber El Destape, en el Gobierno entienden que la participación de Camioneros en los controles de precios son pertinentes, debido a que son ellos mismos quienes transportan la mercadería y por lo tanto tienen la información sobre el abastecimiento del programa.
A lo que apuntan los controles es a mejorar el actual número del 60% de abastecimiento, que abarca tanto a la lista de casi 1.800 productos a precio congelado como a la lista ampliada de los demás productos de esas empresas en la que se autoriza un aumento del 4% mensual.
Las hipótesis posibles son dos: o bien son los supermercados los que se stockean con los productos del programa y no los exhiben en góndolas o bien las empresas proveedoras los desvían hacia otros canales no incluidos en Precios Justos con los que pueden lograr más rentabilidad.
En los últimos días, la Secretaría de Comercio realizó junto a Camioneros tres operativos de control en los centros de distribución de las cadenas Carrefour, CencoSud (que abarca a Jumbo, Disco y Vea) y Coto. Además, había realizado hace algunas semanas un fuerte operativo en más de 300 locales de Día de todo el país que derivó en 75 imputaciones por irregularidades y tres clausuras.
En este escenario, las partes dan a entender que no hay más fiscalizaciones de este tipo planificadas en lo inmediato. Este portal pudo saber que dentro del Gobierno apuestan a que los operativos ya realizados permitan mejorar el nivel de abastecimiento actual y que, en ese caso, no habrá nuevos controles que involucren a Camioneros.
Por otra parte, en el Gobierno no se hicieron eco de la denuncia penal que, a raíz de la participación de Camioneros, Elisa Carrió presentó contra Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini por “incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos”, ya que hasta el momento no fueron notificados oficialmente.
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