La lucha contra la inflación como política de Estado

Hace pocos días el presidente Alberto Fernández anunció “la guerra contra la inflación” y esa frase, a la que muchos le sacaron el peso real que tiene, debe convertirse en la espina dorsal de la gestión económica. Lo anterior, además, debería asegurar el doble objetivo de la política: el bienestar social y el triunfo electoral.

30 de marzo, 2022 | 00.05

Sobre la inflación en nuestro país se escribió mucho, sus causas y consecuencias fueron analizadas desde distintos marcos teóricos. Un amplio abanico de analistas suelen y solemos dar opiniones al respecto, vociferando complejos datos y dogmas. La realidad es que nuestra economía, a pesar de todo eso, sigue teniendo una inflación estructural que no baja. Esto es, sencillamente, porque la inflación es un problema político.

Es evidente entonces que el enfoque solo económico, ya sea más o menos monetario, más o menos heterodoxo, no alcanza ni alcanzó en la Argentina para morigerar la inflación. A partir de acá es donde, creo, se vuelve importante dimensionar las palabras del presidente sobre plantear esto como una guerra.

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No soy especialista, pero es lógico pensar que en un conflicto de ese tipo toda la estrategia de un Estado está al servicio del objetivo bélico. Con la inflación debe suceder lo mismo, porque, al contrario de lo que pasa en el resto del mundo, lo que ocurre en nuestro país lejos está de ser resultado de un descalabro fiscal-monetario, ya que tanto el déficit como los agregados monetarios cayeron durante 2021 respecto a 2020. Tampoco es exclusivamente el resultado de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Antes de ese conflicto, la Argentina tuvo inflación.

Por eso, sin entrar en cuestiones técnicas, las que creo no explican la totalidad del fenómeno, la retórica presidencial dio en la tecla al plantear que toda la estructura e infraestructura estatal debe ponerse a trabajar en bajar la inflación.

Durante muchos años se generó la creencia, desde cierta parte de la heterodoxia local, de que la inflación no era mala, casi al estilo de la FED (el Banco Central de los Estados Unidos) que era transitoria, que lo importante eran otros factores macroeconómicos. Por eso, los hacedores de política económica no ponían mucho énfasis en su control y se pretendía esconder sus efectos debajo de la alfombra. Los liberales, ya sabemos, repiten lo mismo desde hace años, la culpa es del Banco Central. Lo cierto es que la inflación es devastadora, lo estamos viviendo, teoría sobra.

Entonces se vuelve imperioso poner la creatividad de todos los que forman parte del aparato estatal a trabajar en la pelea de esta guerra. Si la inflación es multicausal, las herramientas para combatirla no pueden ser subir las retenciones o controlar los precios o bajar la emisión monetaria. Es todo eso y es coordinación de la política económica, comunicación de la política económica, mejorar las expectativas y, sobre todo, en una guerra, nadie debería pegarse tiros en los pies.

Cada sector de nuestra sociedad debería entender que la inflación es mala, el conjunto de argentinos y argentinas debería proponerse combatirla y este es el quid de la cuestión porque no todos quieren lo mismo. Es acá donde la política debe expresar sus virtudes.

Convertir a la lucha contra la inflación en una política de Estado es la clave para dominarla consistentemente, en beneficio de todos. Primero, claro, requiere organizar la economía, lo macro y lo micro. Los anuncios de la semana pasada fueron en ese sentido, pero no alcanzan. Todas las competencias públicas deben estar orientadas a esa misión, que, por supuesto es ambiciosa en estos momentos del mundo, pero la guerra contra la inflación significa no solo poner parches coyunturales, sino alcanzar el objetivo y que el pueblo comparta esa visión, con compromiso como consumidores, pero resultando los mayores beneficiados de esta política.

El sector público tiene el papel más importante, coordinando los esfuerzos sociales, estableciendo normas que mejoren los mercados, incentivando la cooperación entre las distintas dependencias públicas, utilizando su enorme desarrollo tecnológico para crear herramientas creativas, usando su poder para incidir en el sector privado ante la especulación, pero al mismo tiempo garantizando las condiciones para que este se desarrolle y avance, compartiendo costos y beneficios. Lo que no puede ocurrir es que siempre los beneficios sean privados y las pérdidas públicas, como ocurrió en las últimas semanas.

Está en juego la recuperación económica del 2021, que significó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 10,3%, la caída del desempleo al 7%, el dato más bajo por lo menos en cinco años. Comparado con fines de 2019, hay 650.000 personas ocupadas más. Se revirtió totalmente el daño que causó el COVID-19 y se empiezan a sanar las heridas del macrismo, pero la inflación puede detener ese proceso.

De arriba hacia abajo se debe seguir explicitando la lucha contra la inflación como el eje central que continuará fortaleciendo la economía, que permitirá crear más trabajo y bajar la pobreza. Esa visión generará un fuerte sentido de propósito para aumentar el compromiso de todos y todas. No será fácil, no será de un mes a otro, pero los beneficios de una economía normal van a hacer que valga la pena poner a la lucha contra la inflación como una política de Estado.