Desde el comienzo de la salida de la pandemia que la inflación se convirtió en un problema mundial que erosiona el poder adquisitivo de las familias. Inglaterra enfrenta la peor huelga en diez años con un gobierno de derecha que le retruca a los trabajadores, mientras que Estados Unidos plantea un enfriamiento económico. En este contexto, Argentina relanzó Precios Justos y analiza medidas para contener el nivel elevado de incremento de precios que registra.
El retorno a la “normalidad” hacia fines de 2020 y la guerra en Ucrania presionaron al límite la producción de muchos bienes y servicios, que en muchos casos acentuaron problemas internos no resueltos, y en todos derivó en incrementos internacionales. La consecuencia: el 1% más rico del mundo acaparó casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde hace tres años, valuada en US$ 42 billones de dólares a nivel global. Representó casi el doble que el 99% restante de la humanidad, según cuantificó un informe de Oxfam. Durante la última década, ese 1% capturó alrededor del 50% de la nueva riqueza.
La concentración de los ingresos se transmite tanto por precios como por salarios y empleo como por aumento de la productividad no remunerada. Como siempre en la historia, pocas manos que acumulen riqueza significan mayorías perjudicadas.
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En Gran Bretaña, casi medio millón de trabajadores adhirieron la semana pasada a la mayor protesta sindical coordinada de los últimos diez años. Convocada por empleados del transporte, docentes, funcionarios y del sector público, exigieron mejoras salariales en un contexto de inflación.
Los salarios bajos y las condiciones de trabajo precarias impuestas por el Gobierno se vieron agudizadas por el alto índice de precios. Los aumentos superaron el 10,5% anual en 2022 por el contexto mundial y la salida británica de la Unión Europea tres años atrás.
Los trabajadores ingleses también se movilizaron en contra de un proyecto del primer ministro Rishi Sunak para frenar los paros, que se intensificaron en los últimos meses. Las protestas, además de movilizar a cerca de 500.000 personas, paralizaron aeropuertos, museos y entidades públicas.
Mientras, en Estados Unidos la inflación fue del 6,5% en 2022. Se trata de la segunda cifra más alta en 40 años, cuando llegó a alcanzar el 12,5%. En este marco, se debate un escenario de cesantías laborales que tiende a un enfriamiento económico. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, planteó el mes pasado que “las grandes empresas tecnológicas y los titanes de Wall Street están liderando una cadena de despidos en el mundo corporativo estadounidense, conforme las empresas tratan de reducir costes para capear la recesión económica”.
Esta afirmación no tiene en cuenta que el salario mínimo federal en Estados Unidos, ajustado en términos reales a la inflación, es el más bajo de los últimos 66 años. “¿Hay realmente escasez de mano de obra? ¿Es cierto que las empresas no encuentran trabajadores? ¿Estamos asistiendo realmente a despidos y pérdidas masivas de puestos de trabajo? La respuesta es no”, contesta Daniel Kostzer, economista argentino que se desempeña como jefe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que además supo trabajar de especialista en la OIT y el Banco Mundial.
En 2022, la creación neta de empleo estadounidense fue de 4,5 millones de puestos de trabajo (un promedio mensual de 375.000 empleos) según la encuesta US Business Enterprise Research and Development Survey, que contabiliza todas las formas de empleo no agrícola. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en diciembre de 2022 se añadieron 223.000 puestos de trabajo al mercado de trabajo.
“Está claro que la narrativa popular sobre la escasez de trabajadores y los despidos tiene por objetivo construir un consenso cultural contra los trabajadores y contra el movimiento sindical, y se basa en definiciones sesgadas, parciales e incluso contradictorias”, planteó Kostzer en un artículo titulado ¿Escasez y despidos masivos de trabajadores en EEUU? Hay que leer entre líneas. “Solo aquellos países en los que hay intervenciones públicas de calado como el ajuste del salario mínimo, la indexación de los salarios en general o una negociación colectiva dinámica y de amplia cobertura, muestran una recuperación total o parcial del poder de compra de los trabajadores”, propuso.
En Francia, que registró un 5,9% de inflación en 2022, casi tres millones de personas protestaron la semana pasada contra la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno. La iniciativa consiste en el retraso de la edad de retiro de los 62 a los 64 años además de incrementar 12 meses los aportes a 43 años.
En este contexto post-pandemia, el Ejecutivo francés busca recortar el gasto público a través de un ajuste en el sistema previsional. Este recorte cuenta con el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional, que promociona subas jubilatorias cada vez que tiene la oportunidad.
El relanzamiento de Precios Justos
El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el viernes la nueva etapa de Precios Justos en el Centro Cultural Kirchner junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini y representantes del sector empresarial y sindical. “Este programa lo que pretende es, hacia el 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: la primera es que hay casi 50.000 productos que del 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual”, explicó el titular de la cartera. Por la segunda se refirió a que 2.000 productos mantendrán precios fijos, lo que le permitirá al consumidor cuidar más su ingreso a la hora de elegir en la góndola del supermercado.
Se trata de más de 480 empresas de consumo masivo, indumentaria, calzado, hogar, construcción, celulares, electrodomésticos, educación, canasta escolar, insumos industriales, textiles, motos, bicicletas, medicamentos y venta por catálogo. El acuerdo incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas en toda Argentina.
“Esta segunda etapa tiene más premios y más castigos”, explicó Massa. Gran parte de la cadena de valor de la industria de la alimentación y de los sectores de higiene personal y limpieza, en el complejo de producción, van a tener un programa de crédito para el aumento de producción de bienes de capital. El Estado dispone, además, un régimen acelerado al dólar oficial para garantizar los bienes intermedios en la producción la posibilidad de financiarse a tasas subsidiadas.
“Así como alguna vez planteamos que no podíamos permitir que haya empresas internacionales que subfacturaran o sobre facturaran importaciones o exportaciones, tampoco podemos permitir que el acceso a beneficios públicos no termine redundando en el beneficio del consumidor o del ciudadano”, razonó Massa. A lo que propuso que “para tener a la gente adentro necesitamos que cada vez el salario le gane un poquito más a los precios y la gente viva mucho mejor”.