La “guerra” contra la inflación consistió hasta el momento en dos acciones concretas. Una de ellas fue el “fondo de estabilización” para el precio de la harina, que será financiado con dos puntos extra de retenciones a la exportación de harina y aceite de soja, y permitirá recaudar y derivar 400 millones de dólares, monto equivalente al 11 por ciento del consumo de harina en la Argentina, para subsidiar el precio de este insumo, el cual había aumentado un 40 por ciento en los últimos 15 días.
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El segundo, fue una nueva convocatoria a un “Pacto Social” entre cámaras empresaria y sindicatos, algo que el gobierno ya había intentado sin éxito en diciembre de 2019, noviembre de 2020, y febrero 2021, luego de reunirse con el entonces presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el líder de la CGT, Héctor Daer.
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La especificidad del “fondo de estabilización” y los antecedentes del Pacto Social generan interrogantes sobre el éxito del nuevo intento, aun cuando falta conocer si se anunciarán otras medidas. Porque además, las acciones anunciadas hasta el momento se diferencian de aquellas tomadas en 2015, 2017, y 2020, años en los cuales el país, durante la última década, se logró disminuir la inflación.
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En el último antecedente, 2020, la inflación bajó del récord en dos décadas, un 53,8 por ciento anual, en la que la dejó la alianza Cambiemos, a un 36 por ciento en 2021. Allí existió un elemento absolutamente particular como lo fue la retracción de la demanda a causa de la pandemia, aunque también se tomaron otras medidas que favorecieron el descenso, como la implementación de “Precios Máximos”, y el mantenimiento del congelamiento tarifario y de combustibles, junto a la continuidad del programa “Precios Cuidados”.
Por su parte, la operada por el macrismo en 2017, contó con otro elemento particular, como lo fue el mega-endeudamiento externo por 40.000 millones de dólares, que se sumaban a los 35.000 millones de 2016, todo lo cual exhibió a los inversores la insustentabilidad del modelo y cerró los mercados de financiamiento privado en dólares, con lo que el ancla del dólar por endeudamiento externo dejó der una alternativa posible para frenar la inflación.
Sin embargo, para aquel 2017 esa masiva entrada de dólares posibilitó evitar devaluaciones y su consecuente traslado a precios, con lo que la inflación del 2016 de 40 por ciento bajó al 24,8. El tercer año de reducción de la inflación durante la última década fue en 2015. Aquí, el gobierno de CFK, tuvo por el contrario la premisa de evitar el endeudamiento en dólares, por lo que se recurrió a otra serie de medidas. Así, según el IPC Congreso elaborados por políticos y consultoras opositores, la inflación cedió de un 38,5 por ciento en 2014 a 25 por ciento en 2015.
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Igualmente, las medidas antiinflacionarias fueron aplicadas desde comienzos de 2014, luego del salto devaluatorio de enero, lo que llevó a que durante ese 2014, el índice fuera en continuo descenso, pues en enero alcanzó el 4,6 por ciento, en febrero el 4,3, en marzo el 3,3 y el 2,78 por ciento en abril, sosteniéndose en esa media en todo 2014 y en una cifra algo por debajo durante todo el 2015.
En este caso, para desacoplar el precio de los alimentos locales de los internacionales, y aun cuando los granos tenían un valor en dólares 40 por ciento menor a los precios actuales, se sostuvieron retenciones de casi el doble de las actuales para el maíz, el trigo y el girasol, y un 15 por ciento mayor para el caso de la soja.
Asimismo, se comenzó a implementar el programa “Precios Cuidados” para estabilizas los precios de consumo masivo, se mantuvo un congelamiento tarifario y de combustibles, y se evitó la devaluación del peso.
La imposibilidad de acceder al mercado financiero para abastecerse de dólares que aprecien el valor del peso como en 2017, así como las menores retenciones que se decidieron cobrar en la actualidad, junto con el acuerdo con el FMI para devaluar el peso y subir las tarifas públicas, marcan las grandes diferencias de aquellos dos momentos con la actual “guerra”.
Al margen de consideraciones técnicas, resultan también apropiadas las definiciones del fallecido economista Adolfo Canitrot, viceministro de Economía entre 1985 y 1989, quien en su trabajo “La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976”, sostuvo que la inflación era fundamentalmente “la manifestación económica de la resistencia de algunos sectores de la sociedad a las pautas de distribución que pretenden imponérsele”, más allá de que “como fenómeno se autoalimenta, adquiere autonomía y desdibuja la política económica”.