Del Pacto Social a la “solución dialogada”

Más allá de los comentarios vinculados a la “terapia de grupo” o la cita a la oportunidad para la paz de John Lennon que Alberto Fernández mencionó ante la UIA, la CGT, y otras organizaciones como parte de su “guerra” contra la inflación, el fondo de la estrategia que el presidente planteó fue una “solución dialogada” para frenar la inflación. 

Sin embargo, aun cuando la “solución dialogada” remita a proyectos de acuerdos sociales en lugar de recurrir al mercado como elemento de asignación de los recursos, las recurrentes y frustradas reuniones de Alberto Fernández con el empresariado y el sindicalismo exhiben la fuerte distancia con el último proyecto que apostó a un entendimiento entre el capital y el trabajo para frenar la inflación y recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, el Pacto Social de 1973.

La idea de renovar este proceso fue de hecho originada en una propuesta de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando a comienzos de 2019, antes de designar a Alberto Fernández como candidato a presidente, propuso un “Contrato social de ciudadanía responsable”, para que sectores del capital y el trabajo pudieran atravesar una Argentina sumida en el default, la recesión, la inflación, y el mega endeudamiento en dólares con privados y el FMI en el que la alianza Cambiemos había dejado al país, al que luego se sumaría la pandemia. 

Para ello, recordó  “el Pacto Social de Perón y Gelbard”, un acuerdo de precios y salarios que permitió una fuerte reducción de la inflación del 80 por ciento en 1972 al 27 por ciento para fines de 1974, junto a caídas en los índices de desocupación del 6,6 por ciento a poco más del 4 por ciento y una suba del salario real del 19 por ciento, entre otros índices favorables.

Desde un inicio, Alberto Fernández intentó llegar a un acuerdo de este tipo. Tanto en diciembre de 2019, como en noviembre de 2020 y en febrero de este año, así como en tres oportunidades en el marco del Consejo Económico y Social, convocó a la UIA y a la CGT para reeditar los alcances que tuvo el Pacto Social de 1973, por lo menos durante su primer año y medio.

Sin embargo, tanto el contexto externo, como el liderazgo y tipo de convocatoria, adquieren fuertes contrastes al comparar el acuerdo original y el proyecto que se plantea reeditar casi cinco décadas más tarde.

Capital, trabajo, y proyecto político

Por el lado del trabajo, la CGT era altamente representativa de la clase trabajadora. No solo porque la gran mayoría de los trabajadores estaban registrados y sindicalizados, sino porque, más allá de pasadas fracturas internas o los cuestionamientos por parte de sindicatos clasistas enrolados en la izquierda, aún no había surgido el sindicalismo empresarial, el cual fue progresivamente desligándose de los intereses de los trabajadores.  

Desde el lado del capital, sus protagonistas eran, por primera vez en la historia, los pequeños y medianos empresarios, tradicionalmente responsables del 90 por ciento de las unidades productivas, pero que en aquellos años se encontraban nucleados en una central, la Confederación General Económica (CGE), lo que les permitía tanto un liderazgo unificado como también ser parte de las mesas de decisión política. Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad a la que actualmente apela Fernández debido a la ausencia de un espacio representativo de la totalidad de las pymes, fue y es liderada por grupos económicos locales en alianza con empresas multinacionales, y, como en la actualidad, era defensora de la retracción del Estado en la economía, por fuera de créditos y subsidios. 

De hecho, la UIA se opuso, desde la llegada del peronismo, a cualquier tipo de acuerdo social, y si en 1973 al igual que la Sociedad Rural Argentina se adhirió a los acuerdos, no fue por coincidencias sino por el liderazgo que Perón le imprimía a su presidencia, no solo por sus antecedentes políticos, sino porque el Pacto era en rigor solo una parte de un expreso programa económico que buscaba fortalecer el capital nacional y al grueso de los trabajadores, el cual llevaba el nombre de “Plan Trienal”.

Asimismo, el Ministerio de Economía era liderado por el fundador y líder durante décadas de la CGE, José Ber Gelbard. Con nula experiencia académica, su designación por parte de Perón tenía que ver con su profuso conocimiento en materia empresaria local y su actividad gremial empresaria, con la que había establecido diversos acuerdos con la CGT en las décadas del cincuenta y sesenta, es decir una capacidad negociadora única para arribar a acuerdos sociales.

Actualmente, sin una CGT representativa del grueso de los trabajadores, sin una entidad empresaria interesada en mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores para dinamizar el consumo interno ayudando al grueso de las empresas que, por no exportar o detentar posiciones monopólicas necesitan de este mercado, y sin un liderazgo claro enmarcado en un proyecto político y económico, la posibilidad de que un diálogo con la CGT y los representantes de los grupos económicos locales derive en una baja de la inflación y una suba del poder adquisitivo, parece lejana. 

De hecho, también la alianza Cambiemos llevó adelante estos encuentros, en 2017 y bajo el nombre de “Dialogo para la producción y el trabajo”. Al final de su gobierno, la inflación del 54 por ciento había roto el record de tres décadas, y los trabajadores perdieron 22 puntos de su salario real.