La economía argentina debe gran parte de sus desigualdades a los retrocesos sociales que llevan adelante los gobiernos neoliberales y que resultan imposibles o muy costosos de desandar. La cúpula empresaria reforzó su poderío en la dictadura, el menemismo y el macrismo, a costa de las familias más humildes. La desindustrialización, reprimarización, la creciente concentración económica y extranjerización fueron las consecuencias lógicas de ello.
¿Por qué son caros los alimentos? ¿Realmente un puñado de empresarios pueden definir el rumbo de un país? ¿Por qué el pobre paga más impuestos que el rico? Todas preguntas que llevan a analizar la híperconcentración que fue incentivada desde el Estado en tres períodos recientes.
El último golpe cívico-militar detuvo la industrialización, por lo que la producción fabril dejó de ser referencia del crecimiento de los sectores oligopólicos. El núcleo de acumulación mismo pasó al dinamismo de la valorización financiera. Desde el Estado se aplicaron políticas de redistribución del ingreso desde los sectores populares hacia los segmentos más concentrados del capital, para lo que debieron instaurar el terrorismo.
Como consecuencia, el salario se abandonó como variable clave del dinamismo de la demanda y la realización de la ganancia. A partir del quiebre estructural comenzó a considerarse como un costo al cual se buscó reducir. Así lo resume el economista Gustavo García Zanotti en un reciente estudio del proceso de concentración iniciado por la última dictadura cívico militar y continuado por Carlos Menem y Mauricio Macri.
En su trabajo "Continuidades y rupturas de la cúpula empresaria argentina en el período 1976-2019", el investigador del CONICET demostró que la facturación de las 200 compañías más grandes de Argentina pasó de concentrar el 12% del total de Argentina en 1976 al 15% al fin del proceso. En un intento por atomizar la economía para que sólo acumulen el 13%, la híperinflación le estalla en la cara Raúl Alfonsín, quien dio lugar al difunto presidente riojano. Menem apretó el acelerador y consiguió que la cúpula empresaria represente el 18% al final de su mandato.
La crisis de 2001 generada como corolario de las políticas neoliberales de la década anterior dispararon la concentración económica de estas 200 firmas al 29%. Es decir que casi uno de cada tres pesos que se vendieron en el país fueron a parar a la billetera de este grupo. En el peor momento socio-económico y cuando Argentina no contaba con un presidente que retenga el cargo por un año entero, la devaluación asimétrica permitió que las familias más opulentas gocen de su mejor momento histórico.
En un tira y afloje, durante el kirchnerismo esta participación se redujo ocho puntos porcentuales. En tan solo cuatro años, Cambiemos consiguió que “los dueños de Argentina” recuperen casi todo lo perdido, al punto de que cerró 2019 con el 28% de las ventas totales. Gracias a esto, un puñado de personas pueden definir los precios a su antojo e influir directamente sobre la inflación.
La concentración se aceleró en estos procesos, al punto de que 14 compañías deciden el futuro de la fabricación de alimentos y bebidas que, de acuerdo al relevamiento de García Zanotti, explican el 10% de la facturación de la cúpula. Tres petroleras retienen el 11% de las ventas del total de los grandes y cuatro automotrices, siete químicas y tres fabricantes de metales, cada una con el 2%. En software se erigen sólo dos empresas, tabacaleras tienen una cuasi monopólica, al igual que la edición e impresión (AGEA/Clarín), tres en el rubro de neumáticos, una cementera, una de transporte (Aerolíneas Argentinas) y una en la construcción (Techint). Estas 41 sociedades por su cuenta justifican el 30% de los movimientos de las 200 más importantes.
Más para los ricos, menos para los pobres
Estas etapas se vieron acompañadas de más beneficios todavía para los grandes empresarios a costa del resto de los trabajadores, que son los que efectivamente producen el valor. Esas tres grandes etapas que atravesaron al país dejaron una estructura impositiva que se sostiene sobre las familias más pobres.
A partir de 1991, la solución para la obsesión reducir el déficit fue cobrar más impuestos generales, con una reducción a los directos y un incremento en los indirectos. De este modo, el peso del IVA sobre el PBI pasó de poco menos del 2% en 1989 a casi el 7% en 1993, de acuerdo a una recopilación de Hernán Herrera.
De esta forma, resumió el politólogo, les quitaron a las familias dinero disponible para "consumo núcleo". A la par de esto, Macri imitó la decisión del ex ministro de Economía Domingo Cavallo de disminuir la recaudación por comercio exterior, una política que fracasó en cada ocasión como factor de mejora industrial, social y redistribución.
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